Cuando no había COVID-19 y las clases medias altas de América Latina podían pensar en un cambio de vida, comenzaron a migrar. Parejas de profesionales jóvenes escapaban de la metrópoli -Buenos Aires, Santiago, Bogotá- buscando la experiencia rural (sana, con olor a tierra, tranquila) en ciudades intermedias. Ciudades con wifi, educación privada, pero con vistas al mar, la cordillera o la sierra. La pandemia ha agudizado esta huida, constatan los autores. Por otro lado, ha despertado o profundizado la resistencia de los locales, quienes “obstaculizan rutas de acceso, colocan carteles que prohíben el paso, apuntan a las metrópolis como foco de riesgo epidemiológico y solicitan el testeo sanitario de quienes pretenden ingresar al territorio”. En esta columna, tres investigadores de Argentina y Chile revisan datos recopilados desde 2010 en los que describen tres momentos de una década: la fantasía de lo rural, la huida de la metrópolis y los desafíos post-pandémicos. 

Sabemos el comienzo de la historia: el capitalismo avanza industrializando, urbanizando y penetrando zonas cada vez más aisladas. Como en una película de terror, su andar va despertando monstruos. No se trata de una lectura moralista (al virus poco le importa quiénes somos o qué pensamos), sino informada: según EcoHealth Alliance, en los últimos cuarenta años se han triplicado las infecciones por derrame, con transmisión de virus desde distintos animales –murciélagos y primates, principalmente– hacia humanos. Ocurrió con el SARS, el Marburgo y el Ébola, y puede que también haya sido el caso del Coronavirus en Wuhan. Como sugiere Christine Johnson, directora del EpiCenter for Disease Dynamics, «esta transmisión es resultado directo de nuestras acciones en la vida salvaje y sus hábitats». 

Sabemos también cuál es el nudo de la historia: en nuestro planeta híper-conectado, atravesado por flujos incesantes de personas, ideas y cosas, el virus se expandió a la velocidad de un grito, y asustados ante su amenaza, las personas respondieron cerrando puertas y ventanas, ajustando sus rutinas, abandonando el cara a cara y comenzando a vivir la vida, según pudieran, encerradas entre paredes y pantallas. 

La pandemia golpeó al mundo, pero especialmente a las metrópolis. Con una rapidez que aún sorprende, las calles se vaciaron, los sonidos se apagaron, y los cuerpos dejaron de verse y tocarse. La gran ciudad era multitud, densidad, ruido y anonimato, y hoy esos atributos se encuentran aletargados y suspendidos; y más aún, nos comenzaron a parecer dañinos y peligrosos.

Las cifras tras este miedo nos secundan: quienes vivimos en las grandes urbes estamos más expuestos a ser alcanzados por el virus. A la fecha, más del 80% de los casos chilenos han sido detectados en la Región Metropolitana de Santiago, con un total de 187 mil personas infectadas, y algo similar ocurre en la Argentina, con 35 mil casos (93%) en el Área Metropolitana de Buenos Aires, siendo que esta sólo concentra 37% de la población. 

Esta concentración del virus ha hecho florecer un desprecio antiguo contra las grandes ciudades; miradas que le reprochan su artificialidad, violencia, consumismo e indiferencia. A la vez, ha revitalizado el imaginario virtuoso de su antítesis histórica: lo rural, que si bien esporádicamente ha tenido cargas negativas –percibida como salvaje o primitiva–, usualmente ha sido vista como el reino de lo bello, lo simple y lo bueno. Como escribe Henry Thoreau: «Un halcón de los pantanos sobre la llanura de Concord es más valioso espectáculo para mí que la entrada de los aliados en París» (2016).

La pandemia golpeó al mundo, pero especialmente a las metrópolis. Con una rapidez que aún sorprende, las calles se vaciaron, los sonidos se apagaron, y los cuerpos dejaron de verse y tocarse. La gran ciudad era multitud, densidad, ruido y anonimato, y hoy esos atributos se encuentran aletargados y suspendidos; y más aún, nos comenzaron a parecer dañinos y peligrosos. 

El despertar de «lo natural» se viene rumiando hace décadas, y ya desde fines de los noventa puede observarse en ciudades como Santiago, Bogotá o Buenos Aires una articulación de prácticas relativas a la búsqueda de una vida «más pura», asociada al buen vivir, de «escala humana», con relaciones comunitarias y donde el bienestar corporal reciba un cuidado permanente a través de la dietética y el deporte. La pandemia y su muerte han profundizado estos relatos, y la posibilidad de huir se ha colado en las mesas de muchas familias y amigos. Especialmente de profesionales jóvenes de clase media y alta, quienes calculan presupuestos y vitrinean propiedades lejanas para fantasear con otras vidas. La playa, el bosque, la montaña o la sierra se figuran como escenarios apacibles donde pasar unos días de confinamiento, e incluso asentarse de forma permanente. 

Para quienes no es posible la huida, ésta sobrevuela en forma de simulación. Uno de los videojuegos más exitosos durante la pandemia ha sido Animal Crossing, lanzado por Nintendo el 20 de marzo. En él, los usuarios deben habitar sectores rurales, viviendo en armonía con otros. Como explica Alex Christiansen: «el juego tiene una cadencia de villa, de espacio soñado, alejado de todo», asunto que destaca también Camila: «Me encanta lo relajante que es, sin muchas expectativas, sólo estar ahí. Se siente como un escape del mundo, especialmente ahora con todo lo que está pasando». Le preguntamos a Alex sobre cómo se relaciona el juego con su vida metropolitana y responde: «Yo tengo mi familia en Viña, y antes de la cuarentena iba [seguido], entonces nunca he perdido el foco con esa vida más tranquila (…) Sé que es un anhelo imposible, pero me gustaría que el ritmo de Santiago pudiese ser así».

Si dividiéramos el mundo en dos –lo urbano y lo rural–, podríamos imaginar que una crisis de la metrópolis desencadenaría flujos migratorios hacia «lo natural», pero la realidad posee más arreglos territoriales que los delimitados por ese binarismo (Greene & De Abrantes, 2019). De hecho, durante las últimas décadas la huida no ha sido tanto a parajes idílicos y aislados, rodeados de praderas, aguas cristalinas y nevados, sino a otras ciudades conocidas como intermedias o no-metropolitanas. 

Sabemos cómo comenzó y cómo siguió, pero no cómo terminará. No podemos saberlo, pero nuestros estudios en localidades de este tipo nos han dado algunas lecciones necesarias de atender, y que pueden anticipar algunos posibles problemas, desafíos y frustraciones de este movimiento.

 Lejos de la metrópolis

Como bien recoge este dibujo de Mathew Borrett, una de las formas más extendidas en que se imagina la urbanización mundial tiene la forma de una metrópolis que avanza implacable sobre el campo. Es por ello que Henri Lefebvre habla de un capitalismo cuya conquista es espacial, y que no se detendrá hasta que cada rincón del planeta responda a su palabra. Ahora bien, aunque efectivamente la urbanización esté avanzando a un ritmo acelerado, su distribución no ocurre como suele pensarse: los datos sugieren que, más que las metrópolis, son las ciudades de tamaño medio las que atraen mayor población. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, mantiene su población estable desde 1947, período desde el cual el crecimiento se concentró en sus zonas periurbanas. Desde los ochenta, sin embargo, tanto la ciudad como su conurbano se han mantenido estables, mientras que algunas ciudades periféricas y entornos rurales han evidenciado crecimientos intercensales de hasta el 50%. Para Chile, si en el periodo 1940-1970 las grandes ciudades crecieron al 3.1% anual, desde entonces a la fecha su ritmo ha caído a un 1.9%. Las ciudades no metropolitanas, en cambio, mantienen un crecimiento demográfico del 2.5%, duplicando el promedio nacional. 

Este declive en la capacidad de atracción de la gran ciudad ha sido tradicionalmente explicado por transformaciones estructurales del capitalismo tardío, como los procesos de desindustrialización y terciarización. Sin desconocer su rol, creemos que el fenómeno debe abordarse también desde otros ángulos, analizando cómo se empalma con un reencantamiento de los escenarios rurales y urbanos de menor escala. Las investigaciones que venimos desarrollando en localidades de acogida de flujos metropolitanos, tanto en la Argentina como en Chile, nos han permitido entender, de hecho, que las subjetividades de quienes huyen o desean huir buscan entornos «más naturales», menos intervenidos y contaminados; prácticas saludables, vinculadas a la tierra (asunto de gran importancia para familias en etapa de crianza); vidas tranquilas; bajas tasas de criminalidad; escenarios menos colonizados por la lógica capitalista, donde el consumo y el dinero sean menos preponderantes; y relaciones sociales más comunitarias, entramadas en redes solidarias. 

Los metropolitanos que finalmente se atreven a hacer sus maletas, meten en ellas diversas fantasías sobre sus vidas futuras. Al desempacar, sin embargo, la realidad rara vez se ajusta a sus anhelos y pocas cosas resultan ser como imaginaban. Más que inclusivas, las comunidades receptoras suelen percibirse cerradas y homogéneas. La naturaleza, por su parte, no es tan prístina como en las postales o publicidades inmobiliarias, y el trabajo es al menos igual de intenso que en la capital. 

Las localidades receptoras han abrazado esta descentralización, pero no sin fricciones. Hay quienes ven en este movimiento la posibilidad de crecimiento, progreso y sofisticación; pero también están quienes ven amenazados sus modos de vida, sea por la expansión urbana, la saturación de su infraestructura, el alza en los valores del suelo, el descuido de sus tradiciones, la gentrificación de sus barrios y el arribo de nuevas patologías, sobre todo de orden moral (Trimano, 2019; De Abrantes & Trimano, 2020). La pandemia ha tensionado fuertemente estas ansiedades, y la sensación fantasmagórica de una horda de clase media metropolitana inquieta a muchos residentes locales. Como nos comentó uno: «¿Qué vamos hacer cuando los de la ciudad se quieran venir en masa?». Es desde ese lugar que pueden comprenderse mejor los improvisados piquetes y barricadas, la aplicación de hisopos de control, el despliegue de las aduanas sanitarias o la implementación de exámenes de identificación, entre otras tecnologías diseñadas que están siendo aplicadas para limitar los flujos de cuerpos biopeligrosos desde «el afuera»; situación que viene a reforzar, aún más, el imaginario de estas localidades como santuarios purificados.

Ante este panorama, consideramos importante preguntarnos por los efectos espaciales y sociales de este posible flujo migratorio. Y que no se malentienda: nos parece vital que intentemos imaginar un horizonte político post pandémico donde se ensayen formas de vida colectivas y sustentables, que logren romper con el orden dominante y vuelvan a poner la vida y lo social por sobre el capital. Pero más que «volver a la tierra» para ello, debemos intentar recrear nuestra relación con ella y entre nosotros, lo que puede hacerse independientemente del lugar donde estemos, sea en la montaña o en la gran ciudad. Para no repetir viejos errores, queremos destacar dos grandes desafíos que la migración desde las metrópolis ha obviado.

 La voluntad de pureza

Los metropolitanos que finalmente se atreven a hacer sus maletas, meten en ellas diversas fantasías sobre sus vidas futuras. Al desempacar, sin embargo, la realidad rara vez se ajusta a sus anhelos y pocas cosas resultan ser como imaginaban. Más que inclusivas, las comunidades receptoras suelen percibirse cerradas y homogéneas. La naturaleza, por su parte, no es tan prístina como en las postales o publicidades inmobiliarias, y el trabajo es al menos igual de intenso que en la capital. Además, el acceso a la vivienda es restringido, y aquellas comodidades, servicios e infraestructuras de la gran ciudad que parecían prescindibles, comienzan pronto a extrañarse. De modo que «llegar con el manual de permacultura bajo el brazo», como nos dice una migrante, no garantiza una estadía plena y por el contrario, implica grandes esfuerzos para reconvertir sus formas de vida a las lógicas locales. 

Los ajustes al nuevo escenario no son fáciles porque las familias se suelen mover de un lugar a otro, pero acarrean consigo subjetividades y prácticas urbanas. Su mudanza, podríamos decir, es principalmente espacial, y lo urbano, como escribe Richard Sennett, sería «una guerra civil que se lleva dentro». Esto no sería un problema si no fuera porque comienza a horadar los territorios de acogida, transformándolos y produciendo alteraciones en la «esencia paisajística del lugar», como indican los residentes locales. El desarrollo de proyectos inmobiliarios como cabañas, loteos cerrados y abiertos, complejos turísticos, edificios en altura y la incorporación de toda una batería de elementos de construcción poco «amigables» con el entorno, además de emprendimientos comerciales como malls, gimnasios y cadenas de restaurantes, y la incorporación de redes de infraestructuras de conectividad viales y de telecomunicaciones, evidencian estas mutaciones en los sitios de acogida. 

Uno de los cambios que más resienten los entrevistados es el impacto humano sobre las estructuras ecosistémicas. La llegada de los migrantes metropolitanos tiende a desajustar las identidades culturales, arquitectónicas y paisajísticas tradicionales, en una antropización que produce tensiones del tipo: «ahora tenemos asfalto por todos lados», «cada vez nos parecemos más a una ciudad grande», «quieren poner semáforos», «avanzan sobre el bosque y el frente costero», «no respetan la relación que tenemos con nuestro territorio» o «acá están haciendo en un culito de tierra cinco cabañas y una casa». 

Otra dimensión anudada al desfase de imaginarios se observa en las formas de relación con la sociedad receptora. En el escenario fantaseado, desde la lejanía, las tradiciones, identidades y prácticas reales de los locales no suelen contemplarse, o si son consideradas, es en línea con lo fantasmagórico, pintoresco o ficcional: «Estoy fascinada con la idea de tener vecinos gauchos», nos dice Bárbara, mientras que Rodrigo hace una operación inversa pero igualmente controvertida cuando dice extrañarse porque los maulinos «se disfrazan de huasos». El interés por encontrar una comunidad de afinidad justifica el movimiento metropolitano, pero la irrealidad de lo imaginado produce una conmoción que impacta en sus proyectos: «Mi fantasía hace diecisiete años es que me iba a encontrar con ángeles (…), con toda la gente superada. Fue muy duro encontrarme que no era así. (…) El manto de conflictos emocionales estaba en todos, por más que lo negaran». Como bien advierte Adrián Gorelik, «[El campo] no ofrece ninguna contrafigura salvadora a la miseria moral y social de la ciudad». 

La llegada real o potencial de migrantes con COVID-19 moviliza temor, desata disputas y levanta fronteras, actualizando imaginarios que median el nosotros y los otros, lo autóctono y lo forastero. El sueño de globalidad, o de nación, se ve resquebrajado ante esta amenaza, y el cuerpo social se divide. Y así como se reposiciona una narrativa antiurbana en las metrópolis, en estos escenarios –reimaginados como puros, limpios, con restricciones más laxas y libres de virus– no han tardado en emerger discursos xenófobos. El arribo de los metropolitanos es visto como un «verdadero peligro», «una invasión» y «una amenaza», no sólo para los patrimonios culturales inmateriales (costumbres, tradiciones, identidad); sino también para los arquitectónicos (fisonomía local), paisajísticos (bosques, playa, sierras) e incluso para los nacientes discursos locales de patrimonio biológico, que demandan clausura y purificación en pos de su protección y defensa.

Las discusiones no-metropolitanas no sólo se centran en la potencialidad destructiva del Covid-19, sino también en la voracidad de otras patologías, de orden moral, que parecerían portar quienes vienen de la gran ciudad: el consumo, el capitalismo, la descortesía, la anomia, la perversión y el anonimato. 

Los residentes locales cierran filas, obstaculizan rutas de acceso, colocan carteles que prohíben el paso, apuntan a las metrópolis como foco de riesgo epidemiológico y solicitan el testeo sanitario de quienes pretenden ingresar al territorio. Si bien la cuarentena vale para todos, las gestiones municipales parecen estar más concentradas en controlar los límites con el afuera que en gestionar los contactos internos. Cuando las cosas se complican –un asado, un bautismo, un partido de fútbol que dispara una cadena de contagios–, las estrategias cambian y no faltan las acusaciones sobre cuerpos metropolitanos vistos en tránsito, portadores del virus. Intendentes de la región de las Sierras Chicas de Córdoba señalaron, en este sentido, su preocupación ante «la extraordinaria y excesiva circulación en nuestras localidades de personas provenientes de zonas de riesgo epidemiológico, en una situación que excede largamente nuestras capacidades para controlar personas y vehículos».

Otros habitantes complejizan sus argumentos y afirman que «los agentes inmobiliarios están con los colmillos afuera. Se les frenaron todas las ventas durante la cuarentena y están deseosos de que esa gente venga a poner su dinero acá, hay mucha expectativa». Este y otros testimonios confirman el temor latente frente a un aumento de la demanda de «sus» localidades, que remite a un desplazamiento de personas, pero también, como afirma una entrevistada, «del traslado del imaginario urbano al territorio rural». 

Por su parte, aquellos que tienen gran parte de su economía atada al turismo, se expresan perplejos ante la coyuntura y vaticinan pronósticos ambivalentes: «se viene una muy buena temporada de verano porque mucha gente de la ciudad va a querer venir» y «nos estamos preguntando cómo prepararnos para todo lo que se viene. Este pueblo sin turismo se muere». El turismo es así otro factor capaz de desplegar diversas disputas entre ideas de desarrollo y conservadurismo. 

Por otro lado, las discusiones no-metropolitanas no sólo se centran en la potencialidad destructiva del Covid-19, sino también en la voracidad de otras patologías, de orden moral, que parecerían portar quienes vienen de la gran ciudad: el consumo, el capitalismo, la descortesía, la anomia, la perversión y el anonimato. En definitiva, un virus que se presenta como capaz de reproducir los modelos metropolitanos a pequeña escala, al mismo tiempo que enfrenta las expectativas y fantasías de aquellos que se encuentran.

 Capacidad estructural

El crecimiento demográfico de los escenarios no metropolitanos, sobre todo en nuestros países, rara vez es acompañado por las transformaciones estructurales necesarias para sostenerlo. Esto se complejiza aún más en las condiciones sanitarias actuales, que exigen recursos que se encuentran en menor proporción, tales como acceso al agua, bienes de higiene y el cuidado, capacidad hospitalaria, camas para terapia intensiva, personal de salud capacitado e instituciones locales competentes que puedan garantizar efectivamente la cuarentena. 

En Argentina, la mayor cantidad de plazas de terapia intensiva están concentradas en la Ciudad de Buenos Aires (7,1 por mil háb.) y en la provincia de Córdoba (5,9 por mil háb.). En Chile sucede algo similar: del total de camas, cerca del 60% se nuclean en la Región Metropolitana. Además, debido a la centralización de las clínicas y hospitales, muchos de los habitantes de los escenarios pequeños y medianos –de Chile y Argentina– se ven obligados a desplazarse varios kilómetros para acceder a la atención médica, e incluso para realizarse el hisopado que confirma el contagio. Las limitaciones observadas en la infraestructura de transporte, sumado a las restricciones de circulación que impone la cuarentena, impactan en los territorios periféricos, colocando el temor a la orden del día: «esto es una bomba de tiempo. Tenemos un sólo hospital con una sola cama de intensivos y somos 40 mil habitantes». 

Los respiradores constituyen otro elemento sumamente valorado y su ausencia devela los hilos de desigualdad que atraviesan las jerarquías territoriales. En los últimos días, el Ministro de Salud de la Argentina explicó la necesidad de «distribuir de forma regulada y centralizada» este recurso, atendiendo a la cantidad de casos. Si bien válido, este movimiento despertó ciertas resistencias locales al indicar que estas condiciones tendrían que haberse generado antes que la pandemia «nos golpee». En Chile, por su parte, el colapso de hospitales en Santiago ya ha movilizado el traslado de enfermos a centros de atención regionales, limitando su capacidad de atención. 

Por otro lado, según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), hay sólo 1.350 médicos preparados para esa especialidad, la mayoría de ellos en el AMBA. Lo mismo ocurre, más allá de las diferencias anudadas a la gratuidad y de acceso a la salud, con el sistema chileno: si la Región Metropolitana tiene 266 médicos cada 100 mil habitantes, en regiones como Ñuble la cifra baja a sólo 10. Esta concentración ha resultado ser útil para el control y atención del virus, pero ¿qué ocurriría si el Covid-19 se expandiera a regiones, donde las localidades han sido desprovistas de lo necesario? Los datos revelan el enorme desafío técnico y político que enfrentan los sectores no metropolitanos ante la migración, a la vez que la desigualdad territorial que los afecta. 

La distribución más equitativa de la población sobre los territorios nacionales constituye un problema político-histórico al que los gobiernos centrales y locales tienen que poder responder –para modificar, al fin– las estructuras macro-cefálicas de nuestros países. Los metropolitanos, ansiosos por encontrar estilos de vida más acordes con sus expectativas, están, además, en todo su derecho de emprender y fantasear con la huida, incluso en un contexto de crisis sanitaria como el actual. Los locales pueden abrazar la descentralización y también pueden resistirse ante tales transformaciones. Sin embargo, –y aquí nuestro aporte– las experiencias registradas antes de la irrupción del Covid-19 no resultan ser las más esperanzadoras. 

Además de enfrentar fantasías imposibles de cumplir y de producir tensiones sociales entre los unos y los otros, estos movimientos poblacionales suelen desarrollarse sin la implementación de políticas públicas capaces de regular los modos de asentamiento y urbanización. Se producen, sin control, cambios radicales en el uso del suelo, colapsos en las infraestructuras locales, especulación inmobiliaria y segregación residencial. La desconcentración demográfica, en este punto, no puede presentarse como libre de conflictos y menos aún si, como ocurre en Latinoamérica, no es acompañada por otro tipo de procesos de descentralización económica, productiva, tecnológica, científica, política, social y cultural.

La cuarentena aún restringe los movimientos internos. Veremos si efectivamente, una vez que sus limitaciones se levanten, las expectativas de quienes desean huir y los temores de quienes no quieren o pueden recibir, logran materializarse. Para analizar los efectos de esta migración y las transformaciones territoriales anudadas al COVID-19 tendremos que esperar algún tiempo. Mientras tanto, sabemos que esta crisis –así como tantas otras– nos coloca ante la urgencia de gestionar nuevas formas de planificar nuestras existencias y organizar nuestra relación con el territorio.

Publicado originalmente en: https://rosalux-ba.org/2020/07/29/huir-de-la-metropolis-y-de-la-pandemia/

Luego de extensas jornadas de trabajo e intercambio de experiencias a lo largo de varios días en la Ciudad de Buenos Aires, los distintos colectivos integrantes de la iniciativa “Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias” se dieron cita en la Facultad de Derecho de la UBA para concluir con una jornadas de talleres, asamblea y paneles para profundizar los debates realizados previamente.

 Dicho encuentro se propuso en el marco de la Cumbre Inaugural de Alcaldes, Urban 20, grupo de afinidad del G20 con sede 2018 en Buenos Aires donde participaron 40 alcaldes de distintas partes del mundo. Donde, allí también más de 40 representantes de colectivos comprometidos con la Justicia Territorial como Hábitat Intenational Coalition, Ukamau de Chile, Movimientos de Trabajadores Sin Techo de Brasil, Proyecto Habitar, La Boca Resiste y Propone, el Observatorio a la Ciudad, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de la CTA, CEAPI, CELS, CTEP,  Frente Popular Darío Santillán,  Hábitad para la Humanidad Argentina, Madre Tierra, Cicsa – Córdoba, entre otros se dieron una instancia para abordar las mismas temáticas en clave de contra Cumbre “como posicíón alternativa a las gestiones urbanas neoliberales” según destacaron en su comunicado.

 Y en ese sentido destacaron en la presentación de su comunicado “somos las y los trabajadores que construyen y dan vida a las ciudades, precarizados y que padecen viajes eternos de casa al trabajo en condiciones indignas, las personas desempleadas que tratamos de cubrir las necesidades básicas recurriendo a mercados de vivienda, comercio y trabajos informales, las sin techo y desalojados por el mercado inmobiliario, las migrantes y refugiados de diversas culturas, expulsadas de otros lugares, perseguidos y reprimidos por los gobiernos, las personas con discapacidad o de la tercera edad que quedamos atrapadas en las trampas urbanas que impiden un aprovechamiento de los espacios que otrxs disfrutan, las mujeres que padecemos la infravaloración de las tareas de cuidado, las divergencias sexuales perseguidas, criminalizadas o estigmatizadas, las niñas que viven una ciudad de espacios cerrados y en ambientes siempre menos saludables, los jóvenes criminalizados por nuestra forma de vivir la ciudad”. Concluyendo en su definición “somos todas y todos quienes de alguna manera sufrimos los procesos de exclusión, violencia e injusticia en las ciudades.”

 Las ciudades en disputa

 Para finalizar la propuesta y, tras la realización de los talleres temáticos realizados por la mañana de Violencias Urbanas y Discriminación, Ciudades Feministas y Diversas, Integración Social e Inclusión, No hay Justicia Social sin Justicia Ambiental, Ciudades y el Futuro del trabajo, Financiamiento y Deuda Urbana, se realizó la asamblea de balance y solidaridades entre las organizaciones presentes moderada por Maria Silvia Emanuelli de Habitat International Coalition y Cesare Ottolini de la Alianza Internacional de Habitantes.

 Si bien, algunos acuerdos estaban implícitos desde su comienzo, la necesidad de reafirmalos en asamblea no faltó. Como tampoco faltó la solidaridad entre los pueblos que, en este caso manifestaron su repudio unánime al reciente triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil por sus intentos de políticas fascistas y machistas que no representaban a las y los presentes. «Nos remontamos a 1964» manifestó una mujer brasilera, en representación de las y los brasileros presentes en la jornada, al hacer alusión al retroceso que implica el triunfo de Bolsonaro. «Nosotros somos garantes de los derechos de las ciudades y sus políticas públicas» afirmó tras solicitar que sea incluida la situación de Brasil en el documento.

 Por su parte, integrantes de la asamblea provenientes de Córdoba, específicamente de Juárez Celman ubicado a escasos kilómetros del aeropuerto de Córdoba Capital tomaron la palabra. «Es necesario disputar el espacio, si al territorio lo modifica la arquitectura y a los cuerpos la política es necesario comprender y ver esa inversión de las ciudades sobre los territorios-cuerpos y comprender su política pública» refiriéndose a la misma como el espacio que sólo piensa los varones, cis, de clase media alta para ejercer sus proyectos.

 Por otro lado, Norberto Rodríguez del Observatorio Derecho a la Ciudad de Bariloche explicó que la reciente avanzada de Mega Proyectos privilegia el derecho de grandes inversores en detrimento de las mayorías. En ese sentido, relató los intentos fallidos de diálogo y participación en la política pública y manifestó que desde el espacio “reclamamos por información que ocultan y la hacemos pública para opinar sabiendo, como es el caso del Cerro Capital donde las tierras públicas han sido vendidas a espaldas de todos los que mostramos nuestra disconformidad en una ficción de Audiencia Pública”.

 A su vez, integrantes del colectivo la Boca Resiste y Propone, quienes habían recibido a las y los integrantes del encuentro en su barrio en una de las actividades realizadas durante los días previos también tomaron la palabra. “Aprovechamos esta instancia y nos dimos un proceso en el barrio, nos dieron un lugar protagónico y nos ha sido muy grato mostrar nuestra experiencia de construcción junto a los vecinos, organizaciones y el mismo Estado para replicar” expresaron.

 Oscar Chinchilla es vecino de la Villa 20, luego de escuchar las intervenciones realizadas reflexioní “la ley de urbanización nunca se cumplió, pero si la especulación inmobiliaria” en ese sentido situaciones de violencia y desigualdad como inundaciones, malas conexiones de electricidad, incendios y falta de ambulancias continúan afectando a la vida de las y los villeros. Sabiendo que se trata de un diagnóstico general, Chinchilla llamó a generalizar también la organización y la articulación con encuentros como el realizado.

 Para finalizar, concluyeron con un comunicado “este modelo mide el éxito de las ciudades en función de indicadores como la construcción de metros cuadrados y el aumento de la valuación de los inmuebles, ponderando lo cuantitativo por sobre los cualitativo” destacaron. “Mientras que la Nueva Agenda Urbana establece que el desarrollo urbano es ilimitado y está impulsado por las ciudades, estos indicadores ponen en evidencia la insostenibilidad del modelo neoliberal” explicaron en respuesta a la Cumbre del U20 realizada en paralelo al encuentro.

 De esta manera, el colectivo de organizacionesy organismos afirmó “cada vez más se profundiza la concentración de territorio. La entrega de bienes comunes para la especulación inmobiliaria no descansa. La (poca) naturaleza y los espacios públicos existentes son completamente sacrificables, se consideran un “vacío” que debe llenarse con negocios, naturalizando el avance de la privatización de lo público”. Los barrios, explicaron “pierden sus identidades y sus habitantes no tienen decisión en las políticas de planeamiento urbanas”. Por su parte, “la vivienda se ha mercantilizado hasta el paroxismo, convirtiendo a los inmuebles en commodities, meras mercancías para la especulación, convirtiendo a los ciudadanos en clientes”.

 Frente a este contexto, el modelo de gestión democrática del territorio es el único compatible con este enfoque para garantizar los derechos de la diversidad de identidades que habitan la ciudad. “Creemos que este debe ser el marco de las políticas públicas para contribuir y afianzar los Estados democráticos de derecho, que son los que asumen compromisos con los derechos del conjunto diverso del colectivo social, aplicando a la vez, instrumentos y acciones afirmativas en favor de los sectores cuyos derechos son vulnerados” sentenciaron.

 En ese marco, como gran desafío señalaron la necesidad de “hacer de las ciudades un bien común, desde las resistencias y la creatividad, para implementar, en alianzas, nuevas formas de garantizar los derechos humanos y la democracia participativa, respetando su diversidad, asegurando y contribuyendo a la redistribución económica, el reconocimiento cultural y la capacidad de acción política de parte de todas y todos”.

 “Poner en jaque al histórico derecho de propiedad”

 Como cierre de las distintas instancias propuestas para el Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias, se realizó un panel con la presencia de diferentes intendentes y funcionarios que accionan en el marco de municipios o ciudades que cuentan con ciertas políticas públicas aplicadas para las mayorías. Provenientes de distintas provincias de la Argetina, representantes de Gualeguachú, San Antonio de Areco, Rio Grande y Rosario como así también de la ciudad de Montevideo, Uruguay realizaron una presentación de sus experiencias de gobierno. Si bien es cierto que estas ciudades cuentan con avances en materia de derechos ciudadanos, se anclan en políticas nacionales e internacionales con sus conocidos intereses y lógicas capitalistas.

 Esta instancia fue coordinada por Facundo Di Filippo de CEAPI y contó con los saludos y reconocimientos de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, España y de Leilani Farha, relatora de vivienda de las Naciones Unidas, ONU. Por su parte, Colau afirmó en el video realizado para saludar al Encuentro “Trump y Bolsonaro van en contra de nuestras ciudades por eso la necesidad de trabajar en red”. Farha, quien tampoco había podido hacerse presente durante las jornadas realizadas como contra cumbre del U20, denunció que dicho espacio no se centrara en los temas importantes para pensar las ciudades y señaló que se trata de un contexto de mucha especulación sobre las ciudades que imposibilita la vida digna de sus habitantes.

 La primera en tomar la palabra fue Laura Capilla, secretaria de Desarrollo Social de Rosario, luego de un recorrido histórico sobre los gobiernos previos al actual gobierno del frente progresista de Mónica Fein, la funcionaria destacó la estrategia política de priorizar como eje central al derecho a la salud entendido como construcción colectiva, descentralizada e interdisciplinaria de forma tal que la participación de las y los vecinos de los barrios sea un hecho. Sin embargo, recalcó que encuentran en el actual contexto un claro crecimiento de las violencias llevando a reflexionar nuevas propuestas que pudieran encausar esta situación.

 Luego fue el turno de Gustavo Melella, intendente de la Ciudad de Rio Grande ubicada en la Provincia de Tierra del Fuego. Como gran parte de las ciudades del sur, el funcionario manifestó que Rio Grande también cuenta con un gran número de población no nacida en dicho territorio sino perteneciente a movimientos de migración interna desde las provincias del norte en busca de ofertas laborales. Sin embargo, la fuerte desocupación y ajuste de los últimos 3 años impactó de forma tal que gran parte de las personas que migraron a las ciudades del sur con el objetivo de mejorar su situación económica no lo han podido lograr. En ese sentido, relató Melella, las políticas tuvieron que modificarse “el acceso a la tierra antes era prohibitivo, el valor de la misma superaba la media nacional y el Estado beneficiaba a los desarrolladores inmobiliarios” de esta manera “la única alternativa para acceder a la tierra propia es mediante la ocupación” explicó de forma tal que realizaron un proceso de expropiación como decisión política.

 Martín Piaggio es el intendente de la Ciudad de Gualeguaychú de Entre Rios, con la misma lectura sobre el contexto de desempleo y pérdida de autonomía expresó que compartía las iniciativas relatadas por quienes le precedieron. Entonces, “la participación ciudadana y el cooperativismo visto como oportunidad de creación de trabajo y valores” pueden aportar a la construcción de un nuevo sentido común que revierta en parte las políticas actuales de ajuste. A su vez, al tratarse de una provincia invadida por el monocultivo de soja y con una importante pata agrícola, el intendente compartió que desde la Ciudad de Gualeguaychú apuestan a la defensa de “un ambiente sano y preservado para las próximas generaciones” de forma tal que expresó su repudio a las “empresas del primer mundo que vienen a barrer bajo la alfombra su basura” abriendo la discusión sobre modelo productivo y las consecuencias del mismo. En ese marco, comprendiendo que el acceso a la tierra es la “primer llave para el reestablecimiento de la casa propia” compartió que recientemente generaron dos herramientas legislativas por un lado “la generación de un banco de tierras como patrimonio municipal” y, por otro lado “el registro de aquellos propietarios que concervan la tierra de forma oseosa”.

 A continuación, Francisco Durañona de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, se centró en el concepto “arraigo” para calificar las formas de participación ciudadana. Al tratarse de una ciudad con un alto índice de migración juvenil y aumento de la población adulta, el intendente reflexionó sobre las formas de habitar la ciudad por parte de su población. En ese sentido, para el funcionario, propuestas de “industrialización de la ruralidad” pueden aportar al “objetivo de desarrollo sostenible” que “modifique el desarraigo”. Entonces, comprendiendo que el próximo año de elecciones no aportará a dicho objetivo, Durañoña resaltó la importancia de los gobiernos locales como aquellos que podrán ser capaces de “conocer a las personas y construir empleo y tierra” para sus integrantes de forma tal que la “pobreza cero” desde ahi sea posible.

 Silvana Pizano es la directora de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Montevideo, Uruguay, para comenzar reconoció la brecha entre los derechos y hechos concretos y propuso la realización de una nueva agenda urbana. De esta manera, actualmente en Montevideo se implementa una nueva ley que se propone expropiar aquellos inmuebles abandonados y en desuso, para la funcionaria se trata de una iniciativa que “pone en jaque al histórico derecho de propiedad”. En esa línea relató la relación entre el acceso a la ciudad y sus servicios con la importancia de que aquellas poblaciones más desfavorecidas y marginadas pudieran acceder a la misma para evitar mayores gastos en busca de formas más igualitarias de convivencia.

 Para finalizar, Claudio Acioly, actual jefe de desarrollo de la ONU, realizó un mapeo de la realidad de las ciudades en América Latina. Donde, la exclusión social y el alto índice de concentración dan cuenta de la “importnacia del rol de la ciudad local para la realización de políticas y servicios que produzcan valor agragado que disminuya la desigualdad” explicó Acioly. Esta iniciativa, relata, de alguna manera se logró ya que considera que “la política local si tiene incidencia”. Sin embargo, “el acceso a la vivienda adecuada es cada vez más difícil” y explicó que en este momento hay más de 130 millones de personas que no viven en condiciones dignas en la región. En esa línea, Acioly remarcó también que el concepto de vivienda tiene que ser comprendido no sólo como “la obtención de un texto”. Ante este diagnóstico, “cambiar el paradigma enfocado unicamente en la vivienda propia” debe ser un nuevo objetivo de las y los funcionarios de las ciudades donde los incentivos a los alquileres, la oferta de distintos financiamientos y el diálogo entre los barrios periféricos y los centros de las ciudades aporten a una nueva forma de vida genuina de las poblaciones urbana.

Publicado originalmente en: https://rosalux.org.br/es/contra-los-proyectos-del-urban20/

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El Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias surgió como una contrapropuesta al Urban20, un foro liderado por Horacio Rodríguez Larreta y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que reunió a 40 alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades del mundo durante 2 días, el 29 y 30 de octubre de 2018. El objetivo de la cumbre encabezada por el Jefe de Gobierno porteño fue fortalecer el papel de las ciudades en las agendas internacionales mediante una serie de recomendaciones que fueron formuladas en un documento y entregadas a Mauricio Macri para que comparta con sus pares durante la cumbre del G20, a finales de noviembre.

 Como respuesta al megaevento organizado por las potencias económicas de todo el mundo surgió el 1er Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias. La encargada de llevarlo adelante fue la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, una red abierta de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y gobiernos citadinos comprometidos con la acción política y el cambio social a través de la promoción, defensa y cumplimiento del Derecho a la Ciudad.

 Este principio rector del taller surge como contracara al extractivismo urbano y a la visión exclusivamente económica de la propiedad de la tierra, que entiende al suelo de las ciudades como un mero reservorio de valor a disposición de la especulación inmobiliaria y que despoja de toda perspectiva social al derecho habitacional. Para la Plataforma, el Derecho a la Ciudad es “el derecho de todxs lxs habitantes (presentes y futuros; permanentes y temporales) a habitar, usar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos”.

 Retomando las obligaciones y compromisos incorporados en la nueva Agenda Urbana (Quito, octubre 2016), así como con la Declaración de ciudades por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad (Nueva York, julio 2018), la propuesta del taller se centró en 4 ejes centrales: concepto y elementos que componen el Derecho a la Ciudad; el Derecho a la Ciudad como cambio político-cultural; estrategias de incidencia para su implementación; iniciativas desde las sociedad civil.

 Los y las participantes se distribuyeron en 4 grupos rotativos para discutir cada uno de los ejes en plazos de 20 minutos. El debate fue muy nutrido, tanto por la diversidad de los países de origen de lxs allí presentes (vinieron personas de Brasil, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia, Argentina y hasta Italia y Estados Unidos) como por la multiplicidad de profesiones, especialidades y espacios de militancias representados.

 La Red Mujer y Hábitat, centrada en el análisis de la problemática habitacional desde una perspectiva de género, el Proyecto Hábitat, compuesto por arquitectxs que producen proyectos en conjunto con comunidades organizadas y movimientos sociales para incidir en las agendas urbanas y públicas, y miembros de la Defensoría del Pueblo que se especializan en litigios por desalojos, son sólo algunas de las organizaciones allí representadas.

 Más allá de algunas discrepancias, varios fueron los puntos de acuerdo producto del conjunto de las discusiones, sobretodo en relación a la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires y su vínculo con la ciudadanía: no hay intención por parte del Estado de integrar a los y las vecinas a la toma de decisiones sobre la ciudad. Las pocas oportunidades de diálogo que ofrecen resultan ser meras formalidades, más que instancias reales de participación.

 En contraposición a la desidia estatal y la lógica especulativa del uso del suelo, varios y varias de los allí presentes remarcaron que la única posibilidad real de cambio es mediante una participación colectiva, producto de acuerdos sociales entre los distintos actores que habitan las Ciudad de Buenos. Esta concepción activa, politizada y no meramente jurídica de la ciudadanía, produce temor en los funcionarios públicos, en tanto pone en jaque el modelo extractivista urbano vigente que legitima la desigualdad social y la exclusión, en beneficio de la concentración de riquezas y la acumulación de propiedades como medio de mantener el valor, en el marco de un mercado habitacional altamente dolarizado.

 Varios de estos puntos fueron retomados por el panel de cierre, compuesto de especialistas de distintas disciplinas vinculadas con el Derecho a la Ciudad. La moderación del panel estuvo a cargo de Eduardo Reese, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien antes de iniciar la mesa le cedió la palabra a dos vecinxs y militantes de la localidad de Juárez Celman, en la provincia de Córdoba. El relato del violento desalojo ilegal, sin orden judicial, que sufrieron hace 5 meses fue la representación clara de los efectos que tiene una visión mercantilista del uso de la tierra, uno de los ejes de discusión del taller. Denunciaron, además, la complicidad del poder político, económico y judicial que intervino para favorecer a las empresas inmobiliarias que están poniendo su interés en las tierras de esa localidad cordobesa.

 Luego de solicitar la firma de un documento de apoyo para la recuperación de sus tierras y el fin del hostigamiento policial, Nelson Saule, miembro brasilero de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad e integrante del Instituto Pólis, se encargó de abrir el panel rememorando que “ya desde la presentación de la Constitución de Brasil (de cuya promulgación se cumplieron hace poco 30 años) presentamos una plataforma política con una perspectiva de derechos humanos dentro de las ciudades que ya incluía la idea de derecho a la ciudad”. Esta fue una instancia clave en el proceso de construcción del marco legal y jurídico de este derecho, que fue ratificado al incluirlo en el Estatuto de la Ciudad de Brasil en el año 2001.

 Esta experiencia en el país vecino de una plataforma política y nacional desde donde defender las ciudades democráticas, justas e inclusivas, con injerencia en políticas públicas, fue muy importante para el desarrollo de esta perspectiva en toda América Latina. En la coyuntura internacional actual de fuerte avance de los gobiernos conservadores en el continente (sobre todo con el reciente triunfo en las elecciones presidenciales brasileras del ultraderechista Bolsonaro), que quieren abolir la función del Estado democrático y demonizar los derechos humanos, para Saule se vuelve aún más urgente “pensar otras estrategias para ofrecer otra visión a nuestra sociedad, la visión del respeto a los derechos humanos, de la defensa del derecho a la ciudad. Son fundamentales las estrategias de comunicación más directa, sobre todo en los espacios públicos”.

 Distinta es la situación en la Ciudad de México (CDMX). Para Silvia Emanuelli, Coordinadora de la Oficina de América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (Habitat International Coalition – HIC), el triunfo reciente de la izquierda en las elecciones presidenciales, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, brinda un panorama mucho más alentador que en América del Sur: “La presencia de un gobierno progresista alienta a continuar con el proceso iniciado con la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, escrita en 2004, y que representa un antecedente importante a nivel latinoamericano y mundial”, valoró Emanuelli.

 Sobre los cimientos de esta declaración, el movimiento urbano popular en la Ciudad de México propuso trabajar, entre los años 2007 y 2010, la carta de esa ciudad por el derecho a la ciudad. Con el apoyo de movimientos y organizaciones de la sociedad civil, fue firmada en 2010 por los 3 poderes del Distrito Federal. Si bien retomaba mucho de la Carta Mundial, representó una superación de la misma, en tanto la forma de estructurarla no fue en artículos sino en ejes transversales y principios rectores, marcando la integralidad del derecho a la ciudad.

 El próximo paso fue en 2015, cuando el entonces Jefe de Gobierno, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), llamó a un comité redactor de la Constitución de la Ciudad de México, en el cual participó el HIC. “En este comité se discutió que el derecho a la ciudad fuera la espina dorsal de esta Constitución y que de ahí se desglosen los demás derechos. No se logró pero sí hay un artículo especifico, el 12, sobre el derecho a la ciudad”, explicó la coordinadora latinoamericana del HIC. Si bien no hubo participación popular y fue muy criticada, la sanción de esta constitución permitió establecer el marco legal-jurídico para la defensa de este derecho, aunque Emanuelli remarcó que “tenemos que seguir insistiendo en el plano político, no queremos que simulen el derecho a la ciudad”.

 Las últimas exposiciones estuvieron centradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de este primer encuentro internacional. Luna Miguens, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó con datos contundentes las limitaciones impuestas por el Estado y el mercado al ejercicio efectivo del derecho a la ciudad, tanto en relación al acceso de bienes y servicios como a la toma de decisiones y participación en los procesos de producción de la ciudad. “En la ciudad de Buenos Aires, el proceso de producción está totalmente desacoplado de las posibilidades económicas de la gran mayoría de los hogares porteños. En los primeros 8 meses de este año, el valor de las propiedades en dólares aumentó 8%, en un contexto donde el poder adquisitivo y el salario se desplomaron. Por poner un ejemplo claro, en Villa Urquiza, que tuvo un boom inmobiliario por la llegada del subte, los precios aumentaron un 35% en los últimos dos años”.

 Otro dato preocupante está vinculado con la creciente inquilinización de los hogares porteños, que representan más del 35% del total. Según una encuesta de Inquilinos Agrupados, las personas destinan más del 40% de sus ingresos a sostener el alquiler. Esto se traduce en un proceso informal de producción de la ciudad cada vez más masivo que reproduce la precariedad habitacional. “En el censo 2010, se hablaba de 163.000 personas viviendo en villas dentro de C.A.B.A. Hoy, según Larreta, hay más de 250.000, un crecimiento muy importante en menos de 10 años”, remarcó Miguens.

 Según la investigadora del CELS, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha hecho nada para reorientar la dinámica excluyente del mercado inmobiliario: “Todo lo contrario, tiende a profundizarlo. Hay dos casos claves; la venta de tierras fiscales a desarrolladores inmobiliarios y el proyecto de Código Urbanístico que se está discutiendo en este momento”. Esta ley, que es central para regular la producción en la ciudad, “no contempla instrumentos y principios de control territorial para frenar la escalada de precios y garantizar suelo y vivienda”.

 Por su parte, Sebastián Pilo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), remarcó los 4 ejes en torno a los cuales debe articularse el derecho a la ciudad: “El primero es la ciudad desde una perspectiva de derechos; el segundo, desde el principio de igualdad; el tercero, pensarla como bien común y sus relaciones con el exctractivismo urbano y el negocio inmobiliario y el cuarto, pensar a la ciudad como democracia participativa, diseñada por quienes la habitan”.

 En relación a este último punto, Horacio Corti, Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remarcó la importancia de trabajar con la sociedad civil y tener relaciones con otras organizaciones, como Polis y HIC, que tienen las mismas inquietudes en el ámbito internacional. Dentro del plano jurídico, destacó los 3 instrumentos claves que debe tener la “imaginación jurídica”: un genuino derecho a la inclusión social, el derecho de la economía popular y el derecho a la ciudad. Sobre este último resaltó que “gran parte de la población, y de manera creciente, vive en lugares urbanos. Este concepto nació como parte de la filosofía en Europa y ahora tiene su significación política. Nos apropiamos de esa idea y tratamos de volverlo algo jurídico y operativo”. Más allá de lo legal, para Corti el gran mérito de los procesos de urbanización en esta ciudad son gracias a las luchas de los propios habitantes de las villas y de los barrios populares: no existirían esos procesos sin las prácticas populares.

 La falta de garantía del derecho a la ciudad tiene consecuencias graves, tangibles, en las vidas de las personas que habitan las urbes: falta de acceso a servicios esenciales como la salud, la educación, agua potable, electricidad. No sólo se ven afectadas por la desidia estatal y la especulación inmobiliaria, sino que se ven sujetas a decisiones en las cuales el Estado no las invita a tomar parte. En palabras de Sebastián Pilo, “sin el derecho a la ciudad no está garantizado el derecho a la vida”.

Publicado originalmente en: https://rosalux.org.br/es/sin-el-derecho-a-la-ciudad-no-esta-garantizado-el-derecho-a-la-vida/

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La Fundación Rosa Luxemburgo, organizó en marzo de 2018–junto a CEIL PIETTE (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CONICET)– un taller titulado “La clase trabajadora hoy: procesos de organización, desafíos y perspectivas”, donde Marcha entrevistó, en forma exclusiva, al geógrafo marxista y especialista en urbanismo, David Harvey.

 En el inicio de la jornada se abordó la coyuntura mundial. Así, Elis Soldatelli, Directora de la Oficina de enlace Buenos Aires de la Fundación Rosa de Luxemburgo, caracterizó la situación actual refiriendo que existe “una avanzada conservadora y transformadora de las estructuras legales de trabajo, un avance en la política represiva que expone a los trabajadores a una situación precaria y defensiva”, y expresó la decisión de la Fundación de apoyar los procesos de resistencia. Por su parte, otra de las organizadoras, Julia Soul de la CEIL PIETTE, explicó la propuesta del taller para reflexionar sobre el carácter actual de la clase trabajadora, las estrategias de organización y los desafíos que plantean las tecnologías digitales.

 En el encuentro participaron Lucas Cifuentes –sociólogo y asesor sindical en Chile–, Rosalía Pellegrini, de la Unión de Trabajadores de la Tierra-CTEP; Tomás Eliaschev del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); Lucía Caballero, integrante de Ni Una Menos y Cecilia Belistri, trabajadora despedida (en lucha) del INTI, quienes plantearon las experiencias que vienen impulsando.

 Luego, los miembros del ILPC Cinzia Arruzza –activista organizadora del paro mundial de mujeres–, David Harvey, el especialista en economía política Leo Panitch y Nantina Vgotzas, entre otras y otros, se encargaron de recuperar los ejes de debate y plantear el escenario del mundo laboral en la actualidad.

 En este marco, Marcha noticias dialogó con David Harvey, geógrafo e intelectual inglés, cuyo estudios a los movimientos urbanos contemporáneos desde una perspectiva antropológica y marxista han aportado al debate para pensar la ofensiva del capital hoy y el proceso de acumulación por desposesión que se da hoy en los territorios urbanos. Harvey dejó planteada la pregunta hecha por Marielle Franco, la concejala asesinada en Brasil: “¿Y si la Ciudad fuera  nuestra?”.

-¿Qué escenario percibe en América Latina,  después del ciclo de los gobiernos de centro-izquierda y progresistas? 

 -Pienso que el movimiento progresista no fue del todo progresista; en algún sentido hubo avances en cuestiones redistributivas, pero no hubo un enfrentamiento directo con la clase burguesa o las clases de las élites. Por otro lado, desde afuera, lo que me parece que puede haber despertado esto es la idea de un movimiento progresista que vaya más a fondo. Entonces no me sorprendería ver un renacer del movimiento progresista o socialista en la región. Podemos ver algunas señales, informes de movilizaciones masivas por lo de Marielle Franco o vemos también movilizaciones masivas acá, estas son señales de que la izquierda podría llegar a volver. Una gran pregunta entonces es: ¿Qué tipo de liderazgo de izquierda va a resurgir para dar dirección a este movimiento? Si es una restauración de lo que estaba antes, tal vez no funcione: tiene que haber, pues, un nuevo liderazgo y una nueva dirección; pero esta es solamente mi impresión.

 -Por otro lado, el trabajo está en un enorme retroceso en el mundo con la crisis global… ¿Qué destino ve hoy para el mundo del trabajo?

 -Pienso que todas las dimensiones del trabajo dentro del capitalismo actual están en una transformación masiva: hay una parte de la discusión que es la introducción de las nuevas tecnologías, pero hay otra parte que es la integración de los mercados y cómo están funcionando y retroalimentándose. Hoy justo estaba preguntando por lo que había pasado con las empresas recuperadas, las imprentas específicamente, y veo que enfrentan dos grandes desafíos: por una lado, las nuevas tecnologías digitales de offset; y la segunda dimensión es que la gente ya lee sus noticias de las redes sociales y medios digitales, entonces ¿qué hacen estas imprentas para vivir? Entonces, así como en los años setenta y ochenta, vimos una desindustrialización masiva a partir de la introducción de tecnologías, hoy lo estamos viendo en el sector de servicios. Esto pone un desafío muy grande para la izquierda, donde en aquellos años enfrentó los procesos de desindustrialización y perdió. ¿Hoy en día va a perder también en los sectores de servicios? Tiene que haber un proceso de reflexión muy profunda de cómo vamos a lidiar con estas nuevas tecnologías para darle una salida socialista.

 -Pero también, en la región la economía se ha informalizado mucho. Hay un gran sector que hoy no es asalariado…

 -En todos lados, e incluso ciertas personas jóvenes que recién conocen eso, les gusta. Trabajan seis meses en un café y después dicen “chau” y se van, y están todo el tiempo moviéndose y eso les parece entretenido; cuarenta años en un mismo trabajo les parece completamente aburrido.

 -En el libro Ciudades Rebeldes habla de la precarización laboral en la juventud a escala mundial, un  sector de la sociedad que sufre de manera particular las consecuencias de la gentrificación, del crecimiento desproporcionado de las ciudades, de la represión y el desempleo.

 -En la gran mayoría de los lugares que conozco, la posibilidad de ascenso social ha declinado. Por ejemplo, como tengo un ingreso razonable puedo ayudar a mis hijos a acceder a una vivienda y a otros tipos de necesidades que tengan. Puedo ayudarlos a que profundicen sus carreras universitarias o que tengan mayor nivel de educación y eso lo que genera es estratificar y solidificar la sociedad en segmentos. Lo que termina resultando es que para un sector puede haber un futuro razonable y para otra capa ningún tipo de futuro.

 -Las ciudades se están transformando rápidamente con la especulación inmobiliaria. Hoy, ¿hay debilidades o contradicciones de esta ofensiva del capital?

 -No veo muchas debilidades, más bien veo muchas fortalezas. Hay un proceso donde las ciudades dejan de ser un lugar para habitar y se convierten en un lugar para invertir, donde hay muchos condominios, mucho dinero puesto en edificios para ricos pero no en casas decentes para la vivienda, esto es lo que llamo la locura del capital y eso da como resultado que los movimientos que han emergido en los últimos veinte años tienen como uno de sus puntos centrales la vida diaria en las ciudades.

 -En ese sentido la especulación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires, como en otras ciudades no para de crecer.  ¿El combo deuda-créditos puede generar una crisis?

 -Más que una posibilidad, eso es una certeza.

 -Entonces, con esa perspectiva, ¿cuál tiene que ser la tarea de los movimientos urbanos?

 -Una de las tareas es tomar la ciudad para prevenir que el capital se aloje en las ciudades. Hay un ejemplo en Londres, donde se empujó al movimiento laborista por parte de varios movimientos para que esto no pasara. Lo que terminó sucediendo es que una mitad del movimiento laborista tuvo que frenar a la otra mitad del sector que estaba en el gobierno. Hay una división en la izquierda entre aquellos que están gerenciando el neoliberalismo y los que están viniendo de abajo diciendo: “no queremos más eso”.

-En la actualidad, muchos políticos de derecha hablan de “vivir mejor”. Creemos que ahí surge el desafío desde los movimientos populares de proponer la idea de vida digna, de pensar el derecho a la ciudad con esta concepción de transformar el territorio urbano no bajo la lógica del mercado y el consumo sino como espacio común bajo nuevas lógicas y nuevas relaciones sociales.

 -Creo que Marielle Franco en Brasil tuvo un slogan de campaña que era: “Si la ciudad fuera nuestra”. Eso tuvo mucha repercusión y alcanzó el 37 % de los votos por sobre los evangelistas, y creo que un slogan de ese tipo puede traer unidad en la gente y hacer una ciudad diferente. Al mismo tiempo, esto se relaciona con los fondos de pensión: si uno pudiera estar tomando el control de los fondos de pensión estos se podrían estar invirtiendo en casas dignas, en acceso a la vivienda, en lugar de invertir en grandes edificios y especulación.

 Estos conceptos también los usa la burguesía, no es un problema del eslogan en sí sino de quién lo toma, cómo lo usa y para qué. La izquierda es la que tiene que darle contenido a esos conceptos, eso es lo que me gustó de la campaña que se presentó como una pregunta. Marx dijo en El Capital que “los trabajadores y la burguesía tenían los mismos derechos, y ante igualdad de derechos la fuerza decide”.

Publicado originalmente en: https://rosalux-ba.org/2018/03/21/la-locura-del-capital-hace-que-las-ciudades-dejen-de-ser-lugares-para-vivir-y-sean-solo-lugares-para-invertir/

A finales de junio de 2016 tuvo lugar en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo en Buenos Aires el ¨Primer Seminario sobre Extractivismo Urbano¨, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y el Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI). Referentes populares, intelectuales, activistas y funcionarios comprometidos con los desafíos que supone la construcción de ciudades igualitarias, realizaron valiosos aportes para comprensión la problemática urbana y la caracterización del impacto de las dinámicas propias del modelo extractivo en las ciudades.

La invitación al debate sobre el concepto de extractivismo urbano puede resultar sugerente, incluso polémica. Así parecen haber pensado los cientos de participantes que se sintieron convocados/as a pensar los impactos que ha tenido el extractivismo en las dinámicas urbanas.

El inicio del seminario contó con la participación de referentes intelectuales comprometidos, desde la geografía y el urbanismo, con las problemáticas urbanas contemporáneas. Así, Pablo Ciccolella describió el proceso de restructuración capitalista neoliberal que supuso cambios en el modo de regulación del Estado, y del paradigma del desarrollo, y estuvo acompañado por profundas transformaciones tecnológicas. El carácter distintivo de este proceso es su inestabilidad –como efecto de la financiarización- y la acelerada reconfiguración territorial depredatoria, en un contexto inédito a nivel planetario de cambio climático, redefinición de la matriz energética y crisis alimentaria.

El impacto directo que esta dinámica tiene sobre las ciudades se evidencia en el proceso creciente de especulación inmobiliaria, sobreexplotación de suelo urbano, fragmentación de morfologías urbanas y estilos de vida, colapso de infraestructura y crecimiento del hábitat precario, la pérdida de calidad de vida urbana, y en una mayor exposición a desastres ambientales.

Eduardo Reese (CELS) retomó esta caracterización y graficó su impacto en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la proliferación de nuevos productos del mercado inmobiliario, signada por un proceso de sobredimensificación y la sobreexpansión urbana que marcan las dinámicas de valorización excluyente en la región. Es decir, cuando se logra cambiar usos del suelo “estirando la ciudad” a través de la expansión de urbanizaciones privadas y semi privadas, o cuando se transforman las densidades de áreas urbanas, a partir de la construcción de desarrollos inmobiliarios de largo alcance –mega torres de más de 30 pisos con comodidades- se corren también las curvas de precio de suelo, y los precios internos de la ciudad.

Reese realizó además una caracterización de la “Ley de acceso justo al hábitat” de la Provincia de Buenos Aires, hito fundamental respecto de la visión del hábitat y la vivienda, en tanto plantea que la construcción del territorio es una construcción colectiva, y pone límites al mercado que debe estar disciplinado en términos de lo que la política pública defina hacer. Los profundos condicionamientos impuestos por los desarrolladores inmobiliarios preocupados por los principios jurídicos que asume la ley no se hicieron esperar.

Por último, Patricia Pintos describió los impactos del urbanismo privado en los humedales de la región metropolitana de Buenos Aires. La gentrificación de la periferia popular, la destrucción, modificación y banalización del paisaje natural, histórico y cultural, son algunas de sus consecuencias, que dan lugar, palabras de Pintos, a “un urbanismo escenográfico que busca reproducir otras geografías. Los ecosistemas originarios son destruidos, por el mismo proceso que son elegidos (espacios con agua)”.

El avance de estas urbanizaciones (más de 60 urbanizaciones que ocupan 9.200 hectáreas de humedales) ha generado desastres socioambientales, ya que los humedales contienen las inundaciones y su desaparición produce graves inundaciones. Los barrios colindantes son los más perjudicados y también quienes iniciaron la resistencia y judicialización de los perjuicios colectivos, contando esta semana con una buena noticia, un fallo judicial a favor de los humedales.

La geógrafa destacó también la tensión entre el enfoque patrimonialista de la propiedad, que busca generar una oferta paisajística segmentada alterando el suelo, y la perspectiva comunitaria de defensa de los bienes comunes, que generan beneficios para el conjunto de la población.

El panel de la tarde tuvo como objetivo debatir el concepto de Extractivismo urbano a la luz de la construcción del derecho a la ciudad y a la vivienda y sus “traducciones” en la ciudad de Buenos Aires

La arquitecta e investigadora Guadalupe Granero Realini comenzó citando a Henri Lefevbre, pionero en la referencia al concepto de derecho a la ciudad, no solo como derecho al espacio físico, sino como concepto guía frente a la necesidad de repensar a todo el conjunto social. Desde esta perspectiva, para Lefevbre el derecho a la ciudad es una idea revolucionaria.

Desde el punto de vista de la investigadora, este pensamiento no solo ha generado interés y acciones en ámbitos académicos, sino también ha tenido su correlato en movimientos de protesta en distintas partes del mundo, en algunos casos incluso con mucha repercusión mediática. Y, por otro lado, en algunas grandes urbes se ha avanzado en la elaboración de una carta por el derecho a la ciudad, una suerte de compromiso asumido por diferentes sectores.

Jimena Navatta (CEAPI), dialogó con estas ideas a partir de las críticas a políticas llevadas adelante y la visión del Pro durante los ocho años de gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, y los siete meses de su sucesor en el cargo, Horacio Rodríguez Larreta. En ese sentido, remarcó que ese espacio político “entiende a la construcción como una supuesta forma de desarrollo en sí misma, de la misma manera que interpreta que el aumento del valor del metro cuadrado es un indicador de bienestar”. Por esa razón —dijo, ha sido una constante la venta de tierra pública para favorecer a sectores privados.

Navatta también puso el acento en la desinversión en las áreas de vivienda del gobierno porteño, en las que paulatinamente ha ido bajando el presupuesto que se destina. Otra característica de época, apuntada por la expositora, es la desregulación y la falta de intervención estatal en los mercados del suelo e inmobiliario: una prueba de ello es que se calcula que en la ciudad de Buenos Aires el número de inmuebles vacantes u ociosos llega a 350 mil, en tanto que hay medio millón de habitante con problemas habitacionales, aun cuando la población se mantiene estable desde hace más de 50 años.

La exposición de Maximiliano Duarte se centró en su experiencia como investigador en la ciudad de Río de Janeiro, donde se ha dado el avance de las llamas policías pacificadoras, en ámbitos pobres y vulnerables, como las favelas. Duarte explicó ese proceso, desarrollado como pretendida contención —y represión, en realidad— de los sectores más afectados por el modelo extractivista urbano en esa ciudad de Brasil.

El investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Río de Janeiro señaló que la creación y el impulso a esos grupos policiales se dan en el marco de una mirada racista y, a la vez, de un espiral armamentista. Además, precisó: “Para que estas políticas represivas se concreten, primero es necesario que se construya socialmente qué es una favela, que se consolide una visión estigmatizante para tener cierto consenso a la hora de reprimir”.

En el panel de cierre, la escritora y activista Gabriela Massuh retomó la idea del extractivismo urbano resaltando el rol que tiene en este proceso el Estado, que lejos de estar ausente, se pone a la par de las corporaciones. En la ciudad de Buenos Aires, los distritos, perímetros definidos por el gobierno local, dividen a la ciudad polos temáticos –polo audiovisual, de las artes, distrito joven, de diseño, etc– que en general implican grandes beneficios para las empresas (exención de monotributo y abl, del impuesto al sello) y profundizan esta banalización del paisaje urbano que señalara Patricia Pintos, como dispositivo fundamental de la lógica del Extractivismo.

Sergio Kiernan, periodista, planteó que en estos últimos 15 años la Ciudad de Buenos Aires tuvo un cambio de eje, y que el nuevo enfoque estuvo signado por la mercantilización y la capacidad de proyectar la ciudad como un modo de obtener capital político y económico, y observó que las tensiones por el espacio urbano aparecieron espacio urbano en el momento en que se acaban los espacios urbanos libres, antes había verde y terreno en la ciudad, hoy saturada y sin posibilidades de ampliar el espacio público.

En las palabras de Enrique Viale, miembro del CEAPI, la propuesta fue clara: “Extractivismo urbano, ¿por qué? Las problemáticas son muy similares: la especulación inmobiliaria provoca desplazamiento, daños ambientales, y desafía la naturaleza en el marco de una degradación institucional y social. Las características comunes se nutren de la misma lógica extractivista, provocando acumulación y reconfiguración negativa”. En el panel de cierre del primer día de debate, Viale comparó la actual especulación inmobiliaria y la gentrificación urbana con los commodities –que son producto de la extensión del monocultivo de soja, por ejemplo– ya que tienen dinámicas similares: convierten el valor de uso en valor de cambio, generando la proliferación de viviendas ociosas y desocupadas como modelo de planificación urbana. La contracara necesaria de este proceso se expresa en el aumento de los desalojos, la desigualdad en la concentración de la propiedad del suelo urbano y la exclusión y privatización de espacios públicos, entre otros impactos.

Publicada orginalmente en: https://rosalux-ba.org/2016/07/11/debates-para-una-construccion-colectiva-de-las-ciudades/

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