Una de las tareas y aprendizajes más desafiantes que nos deja la pandemia es la de construir otro tipo de urbanidades. Replantear el modelo actual es urgente en tanto ha quedado al descubierto que tal y como están concebidas y habitadas nuestras ciudades son altamente susceptibles de convertirse en foco de expansión y agravamiento de cualquier tipo de crisis. Las injusticias y desigualdades sociales, económicas y territoriales persistentes no dejan margen de duda sobre la trascendencia de remodelar el territorio y recuperar usos y lenguajes. La ciudad debe ser devuelta a sus habitantes en todos los sentidos. Varias cuestiones se evidenciaron de manera esclarecedora: tener garantizada una vivienda adecuada salva; el confinamiento en el propio hogar es un riesgo para mujeres y disidencias; las infraestructuras, contenciones y economías barriales y de cercanía requieren ser pensadas como motor para la producción y reproducción de la vida urbana; y lo colectivo es central para sostener la vida; entre otras evidencias.

El 80% de les habitantes de este planeta vivimos en ciudades. No es posible, por este motivo, pensar la superación de la crisis multidimensional (social, económica, ambiental, sanitaria, política, de cuidados, etc.) a la que asistimos, si no planteamos ideas y acciones concretas para salvar a las ciudades de la espiral reproductora de la lógica de las ganancias en la que están subsumidas. Para tener una sociedad igualitaria, justa y libre de violencias es necesario trasformar las urbanidades y comenzar a construir ciudades en las que la sostenibilidad de la vida esté en el centro de las decisiones urbanas. Es decir, emprender el camino de edificar ciudades de cuidado o cuidadoras.

Hoy, tal como dice Gabriela Massuh (https://www.eldiarioar.com/opinion/buenos-aires-descuartizada_129_6623463.html), estamos caminando hacia ciudades que son un “significante vacío que brilla estático en una caterva de falsas promesas de gestión y sustituye la real dimensión de la irrecuperable pérdida: el espacio público. Ese espacio que nos hace participar de la diversidad en un proyecto común como seres políticos que sienten, piensan, razonan, preservan y comparten la raíz de un lazo social. Eso que nos convierte en una comunidad”. Es por ello que resulta indispensable deconstruir, reconstruir y recuperar la ciudad como bien público, y así volver a llenarla de significado.

Para avanzar en este proceso de deconstrucción y reconstrucción de la ciudad es fundamental entender cómo llegamos a este punto, comprender en profundidad al modelo de desarrollo urbano que ha generado tamañas desigualdades, discriminaciones y violencias, para poder revertirlo. El concepto de extractivismo urbano aparece como clave en este sentido, en tanto nos permite indagar fenómenos concretos y nos abre la posibilidad de ver esos fenómenos a través de la lupa del modelo económico que los produce, habilita análisis para desentrañar los andamiajes institucionales, los mecanismos del mercado, las tipologías de política pública desarrolladas, las estrategias de estigmatización y criminalización de las “otredades” expulsadas, excluidas y violentadas; y las construcciones materiales y simbólicas que han posibilitado que el neoliberalismo globalizado, usurpe dramáticamente los territorios urbanos y traspase la puerta de nuestras casas y nuestras vidas.

Las ciudades se han desarrollado espacial, funcional y simbólicamente desde el binarismo propio del sistema capitalista; desde una lógica que separa y organiza el espacio en función de dos centros: la vivienda y el trabajo. Entendiendo la vivienda como el corazón del ámbito privado y el trabajo como centro de lo público; el diseño de las ciudades, profundamente patriarcal, ha demarcado el mundo de lo privado (la vivienda) como el espacio de desarrollo propio de las mujeres y el resto (lo público, el trabajo) como el territorio de despliegue de los varones laboralmente activos. Una de las consecuencias de esta manera de diseñar la urbanidad es que otras funciones y servicios urbanos como la educación, la salud, y el esparcimiento aparecen casi como elementos ornamentales de la organización y los flujos urbanos. Poner los cuidados en el centro de la planificación urbana supone, entonces, romper con ese binarismo, ampliar los sentidos de lo privado y lo público y reconfigurar las jerarquías de las funciones en las ciudades. El urbanismo feminista ha desarrollado un abanico estratégico de discusiones y propuestas concretas en este sentido. 

Construir una ciudad cuidadora que ponga en el centro la reproducción de la existencia en condiciones de igualdad y dignidad pasa tanto por transformar la redistribución y retribución de las cargas de cuidado, como por lograr que los valores propios de los cuidados atraviesen  la esfera privada, dejen de ser de uso monopólico de los cuerpos feminizados y se conviertan en guía para las relaciones sociales, para el quehacer político y para que renazcan nuevas maneras de relacionarnos con la naturaleza y los bienes comunes.

En términos de planificación urbana implica poner en valor y darle centralidad a lo comunitario, a lo colectivo, a los espacios de encuentro, a la salud, a la cultura barrial y a crear espacios de socialización real. Socializar los cuidados, crear corresponsabilidad supone además replanificar los flujos de movilidad y transporte público y crear nuevas infraestructuras, servicios y equipamientos de cercanía, proximidad y accesibilidad que desdibujen las fronteras y la separación entre la vivienda y el trabajo, entre lo público y lo privado y que promuevan la deconstrucción de los roles de género.

El movimiento de cooperativismo y autogestión de la vivienda y el hábitat ha dado pasos y claves en esta vía. No solo ha desarrollado debates y planteamientos fundamentales; sino que la práctica cooperativa, de autogestión y ayuda mutua para la construcción de la vivienda ha demostrado ser una “alternativa para dar horizonte a mayorías excluidas protagonizando la construcción de otra economía y otros valores” (Rodríguez, 2021).

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) se ha convertido en un ícono a nivel mundial. Su historia es ejemplar en cuanto al potencial que tiene la autogestión del hábitat popular y lo estratégico que resulta para la edificación de nuevas ciudades. Tal como se plantea en su Declaración de Principios “el Movimiento Cooperativo de Vivienda por Ayuda Mutua surge de las entrañas mismas de la clase trabajadora para resolver la problemática de la vivienda, y a partir de esa necesidad concreta fue gestando barrios que reivindican una vida digna y decorosa para sus habitantes. El cooperativismo de vivienda, en sus orígenes, estuvo ligado de manera indisoluble al Movimiento Sindical uruguayo y, a partir de allí, tomó una serie de definiciones estratégicas de carácter totalmente clasista. Esta visión globalizadora como clase, le permitió abarcar un conjunto de demandas que apuntan a una definición integral de la propuesta. El cooperativismo no se agota en la vivienda, sino que, a partir de ese presupuesto clasista, engloba todas las necesidades en tanto clase y no como sector parcializado de la sociedad”. (https://www.fucvam.org.uy/declaracion-de-principios/).

Dos de las experiencias constructivas pioneras de FUCVAM dan cuenta de estos procesos, el Complejo José Pedro Varela Zona 3 y el Barrio General Artigas. Dos territorios donde se construyó comunidad. Además de las más de 1200 viviendas que componen los dos complejos, las cooperativas construyeron jardines de infantes que posteriormente se convirtieron en jardines de gestión estatal, policlínicos abiertos al público, biblioteca comunitaria, clubes de fútbol, gimnasio cancha multideportiva, comercios: supermercados, y salones comunales, donde además de ofrecer actividades culturales y recreativas siguen constituyendo como los lugares de encuentro y de toma de decisiones de sus habitantes. 

Las cooperativas en Uruguay han sido creadoras de hábitat, de ciudad de cuidados. Son un ejemplo de un diseño de ciudad que rompe dicotomías, que construye comunidad y que permite la colectivización de los cuidados; no solamente por la construcción de infraestructuras y espacios lúdicos, recreativos y educativos para las niñeces, sino porque han hecho barrio potenciando la posibilidad que la proximidad y que el vecindario genera para tener muchos ojos y muchos brazos sosteniendo los cuidados de manera colectiva y corresponsable.

A los dos lados del Río de la Plata se han llevado adelante importantísimas iniciativas de producción autogestionaria del hábitat, consolidando experiencias prefigurativas de otras ciudades posibles, de ciudades cuidadoras. Los conjuntos construidos cooperativamente son verdaderos ejemplos de un modelo de gestión popular del hábitat capaz de construir en coherencia con una profunda perspectiva de clase, instalando debates centrales para la derrota del urbanismo capitalista tales como la defensa de la propiedad colectiva, sembrando valores para nuevas relaciones sociales sustentadas en la solidaridad a través de la ayuda mutua y con una importantísima incidencia de la participación de las mujeres que ha conducido a que los barrios construidos en el seno de estos movimientos se convirtieran en verdaderos territorios de cuidado. Allí hay que poner la lupa, porque en el seno de este movimiento, tal como lo dice desde Argentina el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos -MOI-, se construye con y sin ladrillos una nueva sociedad.

RODRÍGUEZ, María Carla (coord), 2021. Hábitat, autogestión y horizonte socialista. Construyendo con y sin ladrillos la nueva sociedad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, El Colectivo.

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Luego de extensas jornadas de trabajo e intercambio de experiencias a lo largo de varios días en la Ciudad de Buenos Aires, los distintos colectivos integrantes de la iniciativa “Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias” se dieron cita en la Facultad de Derecho de la UBA para concluir con una jornadas de talleres, asamblea y paneles para profundizar los debates realizados previamente.

 Dicho encuentro se propuso en el marco de la Cumbre Inaugural de Alcaldes, Urban 20, grupo de afinidad del G20 con sede 2018 en Buenos Aires donde participaron 40 alcaldes de distintas partes del mundo. Donde, allí también más de 40 representantes de colectivos comprometidos con la Justicia Territorial como Hábitat Intenational Coalition, Ukamau de Chile, Movimientos de Trabajadores Sin Techo de Brasil, Proyecto Habitar, La Boca Resiste y Propone, el Observatorio a la Ciudad, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de la CTA, CEAPI, CELS, CTEP,  Frente Popular Darío Santillán,  Hábitad para la Humanidad Argentina, Madre Tierra, Cicsa – Córdoba, entre otros se dieron una instancia para abordar las mismas temáticas en clave de contra Cumbre “como posicíón alternativa a las gestiones urbanas neoliberales” según destacaron en su comunicado.

 Y en ese sentido destacaron en la presentación de su comunicado “somos las y los trabajadores que construyen y dan vida a las ciudades, precarizados y que padecen viajes eternos de casa al trabajo en condiciones indignas, las personas desempleadas que tratamos de cubrir las necesidades básicas recurriendo a mercados de vivienda, comercio y trabajos informales, las sin techo y desalojados por el mercado inmobiliario, las migrantes y refugiados de diversas culturas, expulsadas de otros lugares, perseguidos y reprimidos por los gobiernos, las personas con discapacidad o de la tercera edad que quedamos atrapadas en las trampas urbanas que impiden un aprovechamiento de los espacios que otrxs disfrutan, las mujeres que padecemos la infravaloración de las tareas de cuidado, las divergencias sexuales perseguidas, criminalizadas o estigmatizadas, las niñas que viven una ciudad de espacios cerrados y en ambientes siempre menos saludables, los jóvenes criminalizados por nuestra forma de vivir la ciudad”. Concluyendo en su definición “somos todas y todos quienes de alguna manera sufrimos los procesos de exclusión, violencia e injusticia en las ciudades.”

 Las ciudades en disputa

 Para finalizar la propuesta y, tras la realización de los talleres temáticos realizados por la mañana de Violencias Urbanas y Discriminación, Ciudades Feministas y Diversas, Integración Social e Inclusión, No hay Justicia Social sin Justicia Ambiental, Ciudades y el Futuro del trabajo, Financiamiento y Deuda Urbana, se realizó la asamblea de balance y solidaridades entre las organizaciones presentes moderada por Maria Silvia Emanuelli de Habitat International Coalition y Cesare Ottolini de la Alianza Internacional de Habitantes.

 Si bien, algunos acuerdos estaban implícitos desde su comienzo, la necesidad de reafirmalos en asamblea no faltó. Como tampoco faltó la solidaridad entre los pueblos que, en este caso manifestaron su repudio unánime al reciente triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil por sus intentos de políticas fascistas y machistas que no representaban a las y los presentes. «Nos remontamos a 1964» manifestó una mujer brasilera, en representación de las y los brasileros presentes en la jornada, al hacer alusión al retroceso que implica el triunfo de Bolsonaro. «Nosotros somos garantes de los derechos de las ciudades y sus políticas públicas» afirmó tras solicitar que sea incluida la situación de Brasil en el documento.

 Por su parte, integrantes de la asamblea provenientes de Córdoba, específicamente de Juárez Celman ubicado a escasos kilómetros del aeropuerto de Córdoba Capital tomaron la palabra. «Es necesario disputar el espacio, si al territorio lo modifica la arquitectura y a los cuerpos la política es necesario comprender y ver esa inversión de las ciudades sobre los territorios-cuerpos y comprender su política pública» refiriéndose a la misma como el espacio que sólo piensa los varones, cis, de clase media alta para ejercer sus proyectos.

 Por otro lado, Norberto Rodríguez del Observatorio Derecho a la Ciudad de Bariloche explicó que la reciente avanzada de Mega Proyectos privilegia el derecho de grandes inversores en detrimento de las mayorías. En ese sentido, relató los intentos fallidos de diálogo y participación en la política pública y manifestó que desde el espacio “reclamamos por información que ocultan y la hacemos pública para opinar sabiendo, como es el caso del Cerro Capital donde las tierras públicas han sido vendidas a espaldas de todos los que mostramos nuestra disconformidad en una ficción de Audiencia Pública”.

 A su vez, integrantes del colectivo la Boca Resiste y Propone, quienes habían recibido a las y los integrantes del encuentro en su barrio en una de las actividades realizadas durante los días previos también tomaron la palabra. “Aprovechamos esta instancia y nos dimos un proceso en el barrio, nos dieron un lugar protagónico y nos ha sido muy grato mostrar nuestra experiencia de construcción junto a los vecinos, organizaciones y el mismo Estado para replicar” expresaron.

 Oscar Chinchilla es vecino de la Villa 20, luego de escuchar las intervenciones realizadas reflexioní “la ley de urbanización nunca se cumplió, pero si la especulación inmobiliaria” en ese sentido situaciones de violencia y desigualdad como inundaciones, malas conexiones de electricidad, incendios y falta de ambulancias continúan afectando a la vida de las y los villeros. Sabiendo que se trata de un diagnóstico general, Chinchilla llamó a generalizar también la organización y la articulación con encuentros como el realizado.

 Para finalizar, concluyeron con un comunicado “este modelo mide el éxito de las ciudades en función de indicadores como la construcción de metros cuadrados y el aumento de la valuación de los inmuebles, ponderando lo cuantitativo por sobre los cualitativo” destacaron. “Mientras que la Nueva Agenda Urbana establece que el desarrollo urbano es ilimitado y está impulsado por las ciudades, estos indicadores ponen en evidencia la insostenibilidad del modelo neoliberal” explicaron en respuesta a la Cumbre del U20 realizada en paralelo al encuentro.

 De esta manera, el colectivo de organizacionesy organismos afirmó “cada vez más se profundiza la concentración de territorio. La entrega de bienes comunes para la especulación inmobiliaria no descansa. La (poca) naturaleza y los espacios públicos existentes son completamente sacrificables, se consideran un “vacío” que debe llenarse con negocios, naturalizando el avance de la privatización de lo público”. Los barrios, explicaron “pierden sus identidades y sus habitantes no tienen decisión en las políticas de planeamiento urbanas”. Por su parte, “la vivienda se ha mercantilizado hasta el paroxismo, convirtiendo a los inmuebles en commodities, meras mercancías para la especulación, convirtiendo a los ciudadanos en clientes”.

 Frente a este contexto, el modelo de gestión democrática del territorio es el único compatible con este enfoque para garantizar los derechos de la diversidad de identidades que habitan la ciudad. “Creemos que este debe ser el marco de las políticas públicas para contribuir y afianzar los Estados democráticos de derecho, que son los que asumen compromisos con los derechos del conjunto diverso del colectivo social, aplicando a la vez, instrumentos y acciones afirmativas en favor de los sectores cuyos derechos son vulnerados” sentenciaron.

 En ese marco, como gran desafío señalaron la necesidad de “hacer de las ciudades un bien común, desde las resistencias y la creatividad, para implementar, en alianzas, nuevas formas de garantizar los derechos humanos y la democracia participativa, respetando su diversidad, asegurando y contribuyendo a la redistribución económica, el reconocimiento cultural y la capacidad de acción política de parte de todas y todos”.

 “Poner en jaque al histórico derecho de propiedad”

 Como cierre de las distintas instancias propuestas para el Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias, se realizó un panel con la presencia de diferentes intendentes y funcionarios que accionan en el marco de municipios o ciudades que cuentan con ciertas políticas públicas aplicadas para las mayorías. Provenientes de distintas provincias de la Argetina, representantes de Gualeguachú, San Antonio de Areco, Rio Grande y Rosario como así también de la ciudad de Montevideo, Uruguay realizaron una presentación de sus experiencias de gobierno. Si bien es cierto que estas ciudades cuentan con avances en materia de derechos ciudadanos, se anclan en políticas nacionales e internacionales con sus conocidos intereses y lógicas capitalistas.

 Esta instancia fue coordinada por Facundo Di Filippo de CEAPI y contó con los saludos y reconocimientos de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, España y de Leilani Farha, relatora de vivienda de las Naciones Unidas, ONU. Por su parte, Colau afirmó en el video realizado para saludar al Encuentro “Trump y Bolsonaro van en contra de nuestras ciudades por eso la necesidad de trabajar en red”. Farha, quien tampoco había podido hacerse presente durante las jornadas realizadas como contra cumbre del U20, denunció que dicho espacio no se centrara en los temas importantes para pensar las ciudades y señaló que se trata de un contexto de mucha especulación sobre las ciudades que imposibilita la vida digna de sus habitantes.

 La primera en tomar la palabra fue Laura Capilla, secretaria de Desarrollo Social de Rosario, luego de un recorrido histórico sobre los gobiernos previos al actual gobierno del frente progresista de Mónica Fein, la funcionaria destacó la estrategia política de priorizar como eje central al derecho a la salud entendido como construcción colectiva, descentralizada e interdisciplinaria de forma tal que la participación de las y los vecinos de los barrios sea un hecho. Sin embargo, recalcó que encuentran en el actual contexto un claro crecimiento de las violencias llevando a reflexionar nuevas propuestas que pudieran encausar esta situación.

 Luego fue el turno de Gustavo Melella, intendente de la Ciudad de Rio Grande ubicada en la Provincia de Tierra del Fuego. Como gran parte de las ciudades del sur, el funcionario manifestó que Rio Grande también cuenta con un gran número de población no nacida en dicho territorio sino perteneciente a movimientos de migración interna desde las provincias del norte en busca de ofertas laborales. Sin embargo, la fuerte desocupación y ajuste de los últimos 3 años impactó de forma tal que gran parte de las personas que migraron a las ciudades del sur con el objetivo de mejorar su situación económica no lo han podido lograr. En ese sentido, relató Melella, las políticas tuvieron que modificarse “el acceso a la tierra antes era prohibitivo, el valor de la misma superaba la media nacional y el Estado beneficiaba a los desarrolladores inmobiliarios” de esta manera “la única alternativa para acceder a la tierra propia es mediante la ocupación” explicó de forma tal que realizaron un proceso de expropiación como decisión política.

 Martín Piaggio es el intendente de la Ciudad de Gualeguaychú de Entre Rios, con la misma lectura sobre el contexto de desempleo y pérdida de autonomía expresó que compartía las iniciativas relatadas por quienes le precedieron. Entonces, “la participación ciudadana y el cooperativismo visto como oportunidad de creación de trabajo y valores” pueden aportar a la construcción de un nuevo sentido común que revierta en parte las políticas actuales de ajuste. A su vez, al tratarse de una provincia invadida por el monocultivo de soja y con una importante pata agrícola, el intendente compartió que desde la Ciudad de Gualeguaychú apuestan a la defensa de “un ambiente sano y preservado para las próximas generaciones” de forma tal que expresó su repudio a las “empresas del primer mundo que vienen a barrer bajo la alfombra su basura” abriendo la discusión sobre modelo productivo y las consecuencias del mismo. En ese marco, comprendiendo que el acceso a la tierra es la “primer llave para el reestablecimiento de la casa propia” compartió que recientemente generaron dos herramientas legislativas por un lado “la generación de un banco de tierras como patrimonio municipal” y, por otro lado “el registro de aquellos propietarios que concervan la tierra de forma oseosa”.

 A continuación, Francisco Durañona de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, se centró en el concepto “arraigo” para calificar las formas de participación ciudadana. Al tratarse de una ciudad con un alto índice de migración juvenil y aumento de la población adulta, el intendente reflexionó sobre las formas de habitar la ciudad por parte de su población. En ese sentido, para el funcionario, propuestas de “industrialización de la ruralidad” pueden aportar al “objetivo de desarrollo sostenible” que “modifique el desarraigo”. Entonces, comprendiendo que el próximo año de elecciones no aportará a dicho objetivo, Durañoña resaltó la importancia de los gobiernos locales como aquellos que podrán ser capaces de “conocer a las personas y construir empleo y tierra” para sus integrantes de forma tal que la “pobreza cero” desde ahi sea posible.

 Silvana Pizano es la directora de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Montevideo, Uruguay, para comenzar reconoció la brecha entre los derechos y hechos concretos y propuso la realización de una nueva agenda urbana. De esta manera, actualmente en Montevideo se implementa una nueva ley que se propone expropiar aquellos inmuebles abandonados y en desuso, para la funcionaria se trata de una iniciativa que “pone en jaque al histórico derecho de propiedad”. En esa línea relató la relación entre el acceso a la ciudad y sus servicios con la importancia de que aquellas poblaciones más desfavorecidas y marginadas pudieran acceder a la misma para evitar mayores gastos en busca de formas más igualitarias de convivencia.

 Para finalizar, Claudio Acioly, actual jefe de desarrollo de la ONU, realizó un mapeo de la realidad de las ciudades en América Latina. Donde, la exclusión social y el alto índice de concentración dan cuenta de la “importnacia del rol de la ciudad local para la realización de políticas y servicios que produzcan valor agragado que disminuya la desigualdad” explicó Acioly. Esta iniciativa, relata, de alguna manera se logró ya que considera que “la política local si tiene incidencia”. Sin embargo, “el acceso a la vivienda adecuada es cada vez más difícil” y explicó que en este momento hay más de 130 millones de personas que no viven en condiciones dignas en la región. En esa línea, Acioly remarcó también que el concepto de vivienda tiene que ser comprendido no sólo como “la obtención de un texto”. Ante este diagnóstico, “cambiar el paradigma enfocado unicamente en la vivienda propia” debe ser un nuevo objetivo de las y los funcionarios de las ciudades donde los incentivos a los alquileres, la oferta de distintos financiamientos y el diálogo entre los barrios periféricos y los centros de las ciudades aporten a una nueva forma de vida genuina de las poblaciones urbana.

Publicado originalmente en: https://rosalux.org.br/es/contra-los-proyectos-del-urban20/

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El Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias surgió como una contrapropuesta al Urban20, un foro liderado por Horacio Rodríguez Larreta y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que reunió a 40 alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades del mundo durante 2 días, el 29 y 30 de octubre de 2018. El objetivo de la cumbre encabezada por el Jefe de Gobierno porteño fue fortalecer el papel de las ciudades en las agendas internacionales mediante una serie de recomendaciones que fueron formuladas en un documento y entregadas a Mauricio Macri para que comparta con sus pares durante la cumbre del G20, a finales de noviembre.

 Como respuesta al megaevento organizado por las potencias económicas de todo el mundo surgió el 1er Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias. La encargada de llevarlo adelante fue la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, una red abierta de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y gobiernos citadinos comprometidos con la acción política y el cambio social a través de la promoción, defensa y cumplimiento del Derecho a la Ciudad.

 Este principio rector del taller surge como contracara al extractivismo urbano y a la visión exclusivamente económica de la propiedad de la tierra, que entiende al suelo de las ciudades como un mero reservorio de valor a disposición de la especulación inmobiliaria y que despoja de toda perspectiva social al derecho habitacional. Para la Plataforma, el Derecho a la Ciudad es “el derecho de todxs lxs habitantes (presentes y futuros; permanentes y temporales) a habitar, usar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos”.

 Retomando las obligaciones y compromisos incorporados en la nueva Agenda Urbana (Quito, octubre 2016), así como con la Declaración de ciudades por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad (Nueva York, julio 2018), la propuesta del taller se centró en 4 ejes centrales: concepto y elementos que componen el Derecho a la Ciudad; el Derecho a la Ciudad como cambio político-cultural; estrategias de incidencia para su implementación; iniciativas desde las sociedad civil.

 Los y las participantes se distribuyeron en 4 grupos rotativos para discutir cada uno de los ejes en plazos de 20 minutos. El debate fue muy nutrido, tanto por la diversidad de los países de origen de lxs allí presentes (vinieron personas de Brasil, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia, Argentina y hasta Italia y Estados Unidos) como por la multiplicidad de profesiones, especialidades y espacios de militancias representados.

 La Red Mujer y Hábitat, centrada en el análisis de la problemática habitacional desde una perspectiva de género, el Proyecto Hábitat, compuesto por arquitectxs que producen proyectos en conjunto con comunidades organizadas y movimientos sociales para incidir en las agendas urbanas y públicas, y miembros de la Defensoría del Pueblo que se especializan en litigios por desalojos, son sólo algunas de las organizaciones allí representadas.

 Más allá de algunas discrepancias, varios fueron los puntos de acuerdo producto del conjunto de las discusiones, sobretodo en relación a la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires y su vínculo con la ciudadanía: no hay intención por parte del Estado de integrar a los y las vecinas a la toma de decisiones sobre la ciudad. Las pocas oportunidades de diálogo que ofrecen resultan ser meras formalidades, más que instancias reales de participación.

 En contraposición a la desidia estatal y la lógica especulativa del uso del suelo, varios y varias de los allí presentes remarcaron que la única posibilidad real de cambio es mediante una participación colectiva, producto de acuerdos sociales entre los distintos actores que habitan las Ciudad de Buenos. Esta concepción activa, politizada y no meramente jurídica de la ciudadanía, produce temor en los funcionarios públicos, en tanto pone en jaque el modelo extractivista urbano vigente que legitima la desigualdad social y la exclusión, en beneficio de la concentración de riquezas y la acumulación de propiedades como medio de mantener el valor, en el marco de un mercado habitacional altamente dolarizado.

 Varios de estos puntos fueron retomados por el panel de cierre, compuesto de especialistas de distintas disciplinas vinculadas con el Derecho a la Ciudad. La moderación del panel estuvo a cargo de Eduardo Reese, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien antes de iniciar la mesa le cedió la palabra a dos vecinxs y militantes de la localidad de Juárez Celman, en la provincia de Córdoba. El relato del violento desalojo ilegal, sin orden judicial, que sufrieron hace 5 meses fue la representación clara de los efectos que tiene una visión mercantilista del uso de la tierra, uno de los ejes de discusión del taller. Denunciaron, además, la complicidad del poder político, económico y judicial que intervino para favorecer a las empresas inmobiliarias que están poniendo su interés en las tierras de esa localidad cordobesa.

 Luego de solicitar la firma de un documento de apoyo para la recuperación de sus tierras y el fin del hostigamiento policial, Nelson Saule, miembro brasilero de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad e integrante del Instituto Pólis, se encargó de abrir el panel rememorando que “ya desde la presentación de la Constitución de Brasil (de cuya promulgación se cumplieron hace poco 30 años) presentamos una plataforma política con una perspectiva de derechos humanos dentro de las ciudades que ya incluía la idea de derecho a la ciudad”. Esta fue una instancia clave en el proceso de construcción del marco legal y jurídico de este derecho, que fue ratificado al incluirlo en el Estatuto de la Ciudad de Brasil en el año 2001.

 Esta experiencia en el país vecino de una plataforma política y nacional desde donde defender las ciudades democráticas, justas e inclusivas, con injerencia en políticas públicas, fue muy importante para el desarrollo de esta perspectiva en toda América Latina. En la coyuntura internacional actual de fuerte avance de los gobiernos conservadores en el continente (sobre todo con el reciente triunfo en las elecciones presidenciales brasileras del ultraderechista Bolsonaro), que quieren abolir la función del Estado democrático y demonizar los derechos humanos, para Saule se vuelve aún más urgente “pensar otras estrategias para ofrecer otra visión a nuestra sociedad, la visión del respeto a los derechos humanos, de la defensa del derecho a la ciudad. Son fundamentales las estrategias de comunicación más directa, sobre todo en los espacios públicos”.

 Distinta es la situación en la Ciudad de México (CDMX). Para Silvia Emanuelli, Coordinadora de la Oficina de América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (Habitat International Coalition – HIC), el triunfo reciente de la izquierda en las elecciones presidenciales, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, brinda un panorama mucho más alentador que en América del Sur: “La presencia de un gobierno progresista alienta a continuar con el proceso iniciado con la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, escrita en 2004, y que representa un antecedente importante a nivel latinoamericano y mundial”, valoró Emanuelli.

 Sobre los cimientos de esta declaración, el movimiento urbano popular en la Ciudad de México propuso trabajar, entre los años 2007 y 2010, la carta de esa ciudad por el derecho a la ciudad. Con el apoyo de movimientos y organizaciones de la sociedad civil, fue firmada en 2010 por los 3 poderes del Distrito Federal. Si bien retomaba mucho de la Carta Mundial, representó una superación de la misma, en tanto la forma de estructurarla no fue en artículos sino en ejes transversales y principios rectores, marcando la integralidad del derecho a la ciudad.

 El próximo paso fue en 2015, cuando el entonces Jefe de Gobierno, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), llamó a un comité redactor de la Constitución de la Ciudad de México, en el cual participó el HIC. “En este comité se discutió que el derecho a la ciudad fuera la espina dorsal de esta Constitución y que de ahí se desglosen los demás derechos. No se logró pero sí hay un artículo especifico, el 12, sobre el derecho a la ciudad”, explicó la coordinadora latinoamericana del HIC. Si bien no hubo participación popular y fue muy criticada, la sanción de esta constitución permitió establecer el marco legal-jurídico para la defensa de este derecho, aunque Emanuelli remarcó que “tenemos que seguir insistiendo en el plano político, no queremos que simulen el derecho a la ciudad”.

 Las últimas exposiciones estuvieron centradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de este primer encuentro internacional. Luna Miguens, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó con datos contundentes las limitaciones impuestas por el Estado y el mercado al ejercicio efectivo del derecho a la ciudad, tanto en relación al acceso de bienes y servicios como a la toma de decisiones y participación en los procesos de producción de la ciudad. “En la ciudad de Buenos Aires, el proceso de producción está totalmente desacoplado de las posibilidades económicas de la gran mayoría de los hogares porteños. En los primeros 8 meses de este año, el valor de las propiedades en dólares aumentó 8%, en un contexto donde el poder adquisitivo y el salario se desplomaron. Por poner un ejemplo claro, en Villa Urquiza, que tuvo un boom inmobiliario por la llegada del subte, los precios aumentaron un 35% en los últimos dos años”.

 Otro dato preocupante está vinculado con la creciente inquilinización de los hogares porteños, que representan más del 35% del total. Según una encuesta de Inquilinos Agrupados, las personas destinan más del 40% de sus ingresos a sostener el alquiler. Esto se traduce en un proceso informal de producción de la ciudad cada vez más masivo que reproduce la precariedad habitacional. “En el censo 2010, se hablaba de 163.000 personas viviendo en villas dentro de C.A.B.A. Hoy, según Larreta, hay más de 250.000, un crecimiento muy importante en menos de 10 años”, remarcó Miguens.

 Según la investigadora del CELS, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha hecho nada para reorientar la dinámica excluyente del mercado inmobiliario: “Todo lo contrario, tiende a profundizarlo. Hay dos casos claves; la venta de tierras fiscales a desarrolladores inmobiliarios y el proyecto de Código Urbanístico que se está discutiendo en este momento”. Esta ley, que es central para regular la producción en la ciudad, “no contempla instrumentos y principios de control territorial para frenar la escalada de precios y garantizar suelo y vivienda”.

 Por su parte, Sebastián Pilo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), remarcó los 4 ejes en torno a los cuales debe articularse el derecho a la ciudad: “El primero es la ciudad desde una perspectiva de derechos; el segundo, desde el principio de igualdad; el tercero, pensarla como bien común y sus relaciones con el exctractivismo urbano y el negocio inmobiliario y el cuarto, pensar a la ciudad como democracia participativa, diseñada por quienes la habitan”.

 En relación a este último punto, Horacio Corti, Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remarcó la importancia de trabajar con la sociedad civil y tener relaciones con otras organizaciones, como Polis y HIC, que tienen las mismas inquietudes en el ámbito internacional. Dentro del plano jurídico, destacó los 3 instrumentos claves que debe tener la “imaginación jurídica”: un genuino derecho a la inclusión social, el derecho de la economía popular y el derecho a la ciudad. Sobre este último resaltó que “gran parte de la población, y de manera creciente, vive en lugares urbanos. Este concepto nació como parte de la filosofía en Europa y ahora tiene su significación política. Nos apropiamos de esa idea y tratamos de volverlo algo jurídico y operativo”. Más allá de lo legal, para Corti el gran mérito de los procesos de urbanización en esta ciudad son gracias a las luchas de los propios habitantes de las villas y de los barrios populares: no existirían esos procesos sin las prácticas populares.

 La falta de garantía del derecho a la ciudad tiene consecuencias graves, tangibles, en las vidas de las personas que habitan las urbes: falta de acceso a servicios esenciales como la salud, la educación, agua potable, electricidad. No sólo se ven afectadas por la desidia estatal y la especulación inmobiliaria, sino que se ven sujetas a decisiones en las cuales el Estado no las invita a tomar parte. En palabras de Sebastián Pilo, “sin el derecho a la ciudad no está garantizado el derecho a la vida”.

Publicado originalmente en: https://rosalux.org.br/es/sin-el-derecho-a-la-ciudad-no-esta-garantizado-el-derecho-a-la-vida/

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La Fundación Rosa Luxemburgo, organizó en marzo de 2018–junto a CEIL PIETTE (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CONICET)– un taller titulado “La clase trabajadora hoy: procesos de organización, desafíos y perspectivas”, donde Marcha entrevistó, en forma exclusiva, al geógrafo marxista y especialista en urbanismo, David Harvey.

 En el inicio de la jornada se abordó la coyuntura mundial. Así, Elis Soldatelli, Directora de la Oficina de enlace Buenos Aires de la Fundación Rosa de Luxemburgo, caracterizó la situación actual refiriendo que existe “una avanzada conservadora y transformadora de las estructuras legales de trabajo, un avance en la política represiva que expone a los trabajadores a una situación precaria y defensiva”, y expresó la decisión de la Fundación de apoyar los procesos de resistencia. Por su parte, otra de las organizadoras, Julia Soul de la CEIL PIETTE, explicó la propuesta del taller para reflexionar sobre el carácter actual de la clase trabajadora, las estrategias de organización y los desafíos que plantean las tecnologías digitales.

 En el encuentro participaron Lucas Cifuentes –sociólogo y asesor sindical en Chile–, Rosalía Pellegrini, de la Unión de Trabajadores de la Tierra-CTEP; Tomás Eliaschev del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); Lucía Caballero, integrante de Ni Una Menos y Cecilia Belistri, trabajadora despedida (en lucha) del INTI, quienes plantearon las experiencias que vienen impulsando.

 Luego, los miembros del ILPC Cinzia Arruzza –activista organizadora del paro mundial de mujeres–, David Harvey, el especialista en economía política Leo Panitch y Nantina Vgotzas, entre otras y otros, se encargaron de recuperar los ejes de debate y plantear el escenario del mundo laboral en la actualidad.

 En este marco, Marcha noticias dialogó con David Harvey, geógrafo e intelectual inglés, cuyo estudios a los movimientos urbanos contemporáneos desde una perspectiva antropológica y marxista han aportado al debate para pensar la ofensiva del capital hoy y el proceso de acumulación por desposesión que se da hoy en los territorios urbanos. Harvey dejó planteada la pregunta hecha por Marielle Franco, la concejala asesinada en Brasil: “¿Y si la Ciudad fuera  nuestra?”.

-¿Qué escenario percibe en América Latina,  después del ciclo de los gobiernos de centro-izquierda y progresistas? 

 -Pienso que el movimiento progresista no fue del todo progresista; en algún sentido hubo avances en cuestiones redistributivas, pero no hubo un enfrentamiento directo con la clase burguesa o las clases de las élites. Por otro lado, desde afuera, lo que me parece que puede haber despertado esto es la idea de un movimiento progresista que vaya más a fondo. Entonces no me sorprendería ver un renacer del movimiento progresista o socialista en la región. Podemos ver algunas señales, informes de movilizaciones masivas por lo de Marielle Franco o vemos también movilizaciones masivas acá, estas son señales de que la izquierda podría llegar a volver. Una gran pregunta entonces es: ¿Qué tipo de liderazgo de izquierda va a resurgir para dar dirección a este movimiento? Si es una restauración de lo que estaba antes, tal vez no funcione: tiene que haber, pues, un nuevo liderazgo y una nueva dirección; pero esta es solamente mi impresión.

 -Por otro lado, el trabajo está en un enorme retroceso en el mundo con la crisis global… ¿Qué destino ve hoy para el mundo del trabajo?

 -Pienso que todas las dimensiones del trabajo dentro del capitalismo actual están en una transformación masiva: hay una parte de la discusión que es la introducción de las nuevas tecnologías, pero hay otra parte que es la integración de los mercados y cómo están funcionando y retroalimentándose. Hoy justo estaba preguntando por lo que había pasado con las empresas recuperadas, las imprentas específicamente, y veo que enfrentan dos grandes desafíos: por una lado, las nuevas tecnologías digitales de offset; y la segunda dimensión es que la gente ya lee sus noticias de las redes sociales y medios digitales, entonces ¿qué hacen estas imprentas para vivir? Entonces, así como en los años setenta y ochenta, vimos una desindustrialización masiva a partir de la introducción de tecnologías, hoy lo estamos viendo en el sector de servicios. Esto pone un desafío muy grande para la izquierda, donde en aquellos años enfrentó los procesos de desindustrialización y perdió. ¿Hoy en día va a perder también en los sectores de servicios? Tiene que haber un proceso de reflexión muy profunda de cómo vamos a lidiar con estas nuevas tecnologías para darle una salida socialista.

 -Pero también, en la región la economía se ha informalizado mucho. Hay un gran sector que hoy no es asalariado…

 -En todos lados, e incluso ciertas personas jóvenes que recién conocen eso, les gusta. Trabajan seis meses en un café y después dicen “chau” y se van, y están todo el tiempo moviéndose y eso les parece entretenido; cuarenta años en un mismo trabajo les parece completamente aburrido.

 -En el libro Ciudades Rebeldes habla de la precarización laboral en la juventud a escala mundial, un  sector de la sociedad que sufre de manera particular las consecuencias de la gentrificación, del crecimiento desproporcionado de las ciudades, de la represión y el desempleo.

 -En la gran mayoría de los lugares que conozco, la posibilidad de ascenso social ha declinado. Por ejemplo, como tengo un ingreso razonable puedo ayudar a mis hijos a acceder a una vivienda y a otros tipos de necesidades que tengan. Puedo ayudarlos a que profundicen sus carreras universitarias o que tengan mayor nivel de educación y eso lo que genera es estratificar y solidificar la sociedad en segmentos. Lo que termina resultando es que para un sector puede haber un futuro razonable y para otra capa ningún tipo de futuro.

 -Las ciudades se están transformando rápidamente con la especulación inmobiliaria. Hoy, ¿hay debilidades o contradicciones de esta ofensiva del capital?

 -No veo muchas debilidades, más bien veo muchas fortalezas. Hay un proceso donde las ciudades dejan de ser un lugar para habitar y se convierten en un lugar para invertir, donde hay muchos condominios, mucho dinero puesto en edificios para ricos pero no en casas decentes para la vivienda, esto es lo que llamo la locura del capital y eso da como resultado que los movimientos que han emergido en los últimos veinte años tienen como uno de sus puntos centrales la vida diaria en las ciudades.

 -En ese sentido la especulación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires, como en otras ciudades no para de crecer.  ¿El combo deuda-créditos puede generar una crisis?

 -Más que una posibilidad, eso es una certeza.

 -Entonces, con esa perspectiva, ¿cuál tiene que ser la tarea de los movimientos urbanos?

 -Una de las tareas es tomar la ciudad para prevenir que el capital se aloje en las ciudades. Hay un ejemplo en Londres, donde se empujó al movimiento laborista por parte de varios movimientos para que esto no pasara. Lo que terminó sucediendo es que una mitad del movimiento laborista tuvo que frenar a la otra mitad del sector que estaba en el gobierno. Hay una división en la izquierda entre aquellos que están gerenciando el neoliberalismo y los que están viniendo de abajo diciendo: “no queremos más eso”.

-En la actualidad, muchos políticos de derecha hablan de “vivir mejor”. Creemos que ahí surge el desafío desde los movimientos populares de proponer la idea de vida digna, de pensar el derecho a la ciudad con esta concepción de transformar el territorio urbano no bajo la lógica del mercado y el consumo sino como espacio común bajo nuevas lógicas y nuevas relaciones sociales.

 -Creo que Marielle Franco en Brasil tuvo un slogan de campaña que era: “Si la ciudad fuera nuestra”. Eso tuvo mucha repercusión y alcanzó el 37 % de los votos por sobre los evangelistas, y creo que un slogan de ese tipo puede traer unidad en la gente y hacer una ciudad diferente. Al mismo tiempo, esto se relaciona con los fondos de pensión: si uno pudiera estar tomando el control de los fondos de pensión estos se podrían estar invirtiendo en casas dignas, en acceso a la vivienda, en lugar de invertir en grandes edificios y especulación.

 Estos conceptos también los usa la burguesía, no es un problema del eslogan en sí sino de quién lo toma, cómo lo usa y para qué. La izquierda es la que tiene que darle contenido a esos conceptos, eso es lo que me gustó de la campaña que se presentó como una pregunta. Marx dijo en El Capital que “los trabajadores y la burguesía tenían los mismos derechos, y ante igualdad de derechos la fuerza decide”.

Publicado originalmente en: https://rosalux-ba.org/2018/03/21/la-locura-del-capital-hace-que-las-ciudades-dejen-de-ser-lugares-para-vivir-y-sean-solo-lugares-para-invertir/