1. Introducción

Hace tan solo diez años, en junio de 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consagraba el Convenio 189 sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, luego de debatir al respecto durante más de seis décadas. Dos años después, en Argentina se sancionaba el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley 26.844 de 2013). Estas dos normativas representaron avances en la historia de este sector, que de esa manera pasaba a ser considerado un trabajo y abandonaba la estigmatizada (y estigmatizante) noción de servicio.

A partir de ello se crearon expectativas sobre el mejoramiento de las condiciones de estas trabajadoras y la valorización de su trabajo. Se esperaba que se reconociera la importancia de esta labor para la vida y el bienestar, así como para la reproducción de la fuerza de trabajo y la economía en general. Es decir, se aguardaba que la histórica desvalorización a la que ha estado sometida esta labor cediera el paso al reconocimiento de, como expresa Molinier, la inteligencia, la conciencia profesional, la atención y las competencias psicológicas que requiere.

Quizás el tiempo transcurrido no había sido suficiente para ver realizadas esas expectativas y, para hacer las cosas peor, llegó la pandemia del Covid-19. En los contextos latinoamericanos, la conquista de derechos es un proceso lento, pero la pérdida de estos puede devenir con una enorme virulencia y rapidez. Todavía no se conoce la profundidad del retroceso en materia de condiciones laborales, de vida y de derechos, pero está claro que las trabajadoras remuneradas del hogar se están llevando la peor parte.

En este escrito se describen las condiciones laborales de estas trabajadoras durante el primer año de la pandemia (2020) a partir de datos estadísticos y registros cualitativos. A la vez, se analizan rasgos de la normativa internacional (Convenio 189) y de la nacional (Ley 26844) que dan cuenta de sus debilidades para proteger al sector en el presente contexto. Asimismo, también se dejará constancia de algunas de las iniciativas colectivas que hasta la actualidad se llevan adelante en pos de visibilizar las demandas del sector y exigir mayor protección laboral en las instancias internacional y nacional.

Para construir este artículo se recurrió especialmente al conocimiento y la experiencia de investigación-militante de las autoras en relación con el sector del trabajo doméstico en Argentina. La investigación militante es aquella, que toma una postura sobre el fenómeno social que va a analizar, comprendiéndose como un factor social más dentro de la órbita social y pretendiendo, además de indagar, lograr una transformación. Al respecto, Verónica Jaramillo estudió y acompañó la incidencia de las mujeres migrantes en la lucha por la Ley de Trabajo en Casas Particulares en la Ciudad de Buenos Aires desde 2010, trabajando en conjunto con organizaciones de base se planearon actividades de incidencia y lobby parlamentario. Además, ella brindó capacitaciones sobre la nueva ley 26.844 a mujeres migrantes trabajadoras domésticas una vez que la ley fue sancionada y las acompañó a reclamar por sus derechos ante instancias judiciales. Por su parte, Carolina Rosas también ha estudiado el sector, tanto desde diseños metodológicos sociodemográficos como cualitativos. Durante el año 2020 Carolina Rosas ha participado de diversas instancias de discusión colectiva donde académicas, trabajadoras y referentas han expuesto las problemáticas del sector durante la pandemia, pero también su potencial organizativo.

Cabe señalar, además, que si bien el contenido de este texto se refiere a las trabajadoras domésticas en general, prestaremos especial atención a las de origen migrante. En Argentina la relación entre la inmigración femenina y los trabajos de cuidado se tejió tempranamente, antes de que los llamados circuitos globales del cuidado adquirieran reconocimiento en los países del Norte. En efecto, el lazo entre migración y trabajo doméstico remunerado es histórico en Argentina, ya que para 1914 un 30% de las migrantes se ocupaba como “empleadas domésticas” o “mucamas”, mientras que sólo un 17% de las argentinas se ocupaba en ese tipo de labores (Mallimaci y Magliano).

Entre las trabajadoras remuneradas del hogar, las migrantes internacionales suelen ser quienes experimentan más desventajas por su condición de extranjeras (Jaramillo). Para algunas de ellas el trabajo doméstico constituye una “actividad refugio” en la cual participan al comienzo de su trayectoria migratoria; y para otras es una forma estructural de inserción laboral (Bruno). Aun así, a diferencia de lo que ocurre en los países del Norte, en Argentina no puede hablarse de una “extranjerización” del trabajo doméstico remunerado, dado que la mayor parte de las mujeres que realizan actividades en este sector nacieron en Argentina, muchas de ellas migrantes internas (Rosas, Jaramillo y Vergara).

1. Avances y limitaciones del Convenio 189 de la OIT

Los avances que introdujo el Convenio 189 para el paradigma laboral han sido considerados como notables por amplios sectores de la población, en especial por las referentas del sector, la comunidad académica y los sectores feministas. De hecho, en sus primeros artículos se define al “trabajador doméstico” como: “toda persona, de género femenino o género masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo” (artículo 1). Al ubicar al trabajo doméstico dentro de lo que se considera una “relación de trabajo”, este artículo evidencia una intención de considerar a esta ocupación un verdadero trabajo, alentando de esa manera a los Estados para que procedan a su reglamentación como tal. El Convenio 189 se erigió, entonces, como reestructurador de la concepción de esta labor, que antes consideraba a estas mujeres como “sirvientas” y ahora las incluye como trabajadoras en relación de dependencia, tipificando así que se establezca igualdad de derechos para las trabajadoras del sector.

El Convenio 189 estableció, también, la necesidad de regular una jornada laboral mínima de 8 horas, como el resto de trabajadores; que el período de descanso semanal debía ser de al menos de 24 horas consecutivas; la posibilidad de gozar de vacaciones y de permisos remunerados por enfermedad; la libertad de asociación y la libertad sindical; el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; la protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia. Estableció también la obligatoriedad de confeccionar contratos de trabajo por escrito o como parte de un convenio sectorial y el establecimiento de un salario mínimo sin discriminación por motivos de sexo.

Por otra parte, el Convenio reconoce que existen situaciones particulares de vulnerabilidad a la que están expuestas las migrantes y para ello tipifica en su articulado un par de situaciones que, en sentido estricto, poco ayudan a contener la explotación laboral en inmigrantes de países pobres. Este es el caso de los contratos realizados desde los países de origen. Tal artículo no siempre puede ser considerado como una cláusula protectora, por encarnar desprotecciones a quienes no consiguen trabajos desde el país de origen o porque las agencias reclutadoras de esta mano de obra son escasamente fiscalizadas y se apropian de parte de la ganancia de las trabajadoras.

La Argentina es alta parte contratante en el ámbito donde se desarrolla este Convenio internacional. De hecho, se consagró como Estado miembro de la OIT en 1919 y, desde ese momento, ha ratificado 82 Convenios y 2 Protocolos, de los cuales 61 están en vigor. El papel de la OIT en el mundo, además de promover la codificación de normas del trabajo, consiste en recomendar a los Estados determinadas medidas. Sus normas, realizadas por un ente tripartito de trabajadores, sindicatos y Estados, hacen parte de lo que se conoce como soft law o derecho blando, que realiza recomendaciones a los Estados, pero no les impone medidas coercitivas. Esa es una gran diferencia respecto de lo que sucede, por ejemplo, con los casos contenciosos que se dirimen en otros sistemas de derechos humanos, como por ejemplo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, la OIT cuenta con escasas posibilidades de imponer sanciones económicas, a modo de indemnización por incumplimiento de las normas, como sí pueden hacerlo otros sistemas de protección de derechos humanos. Por esta razón, los derechos de los trabajadores en general y de las trabajadoras domésticas en particular pueden ser incumplidos por los Estados sin mayores consecuencias legales.

1. Las normativas argentinas sobre trabajo doméstico y migración

Para comprender el marco que protege a las trabajadoras domésticas migrantes en Argentina es necesario pensar en, al menos, dos tipos de desarrollos normativos: uno asentado en el ámbito de las relaciones laborales y el otro en el derecho migratorio. Por una parte, el Régimen del Servicio Doméstico (RSD) fue expedido en 1956 durante la dictadura de Aramburu y estuvo vigente hasta marzo de 2013, cuando se sancionó el actual Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley 26.844). En segundo lugar, debe considerarse que durante la última dictadura fue sancionada la segunda Ley migratoria en la historia argentina, la cual permaneció vigente hasta 2004 cuando entró en vigor la actual Ley de Migraciones n.º 25.871.

De esta manera, durante los primeros años del siglo XXI se puso fin en Argentina a normativas que habían sido sancionadas en distintas dictaduras. Sin embargo, el extenso período en el que estuvieron en vigencia dejó serias huellas en las condiciones de vida de estas mujeres ya que bajo los anteriores decretos-ley las trabajadoras domésticas tenían sus derechos laborales vulnerados. Y cuando a ello se le sumaba la condición migratoria, las vulneraciones se hacían más notables.

Respecto de la normativa anterior, los avances principales establecidos por la Ley 26.844 tienen que ver con establecer una jornada laboral de 8 horas, con descansos cuando se trabaja en la modalidad de interna; vacaciones pagas, licencias por enfermedad y por maternidad; la definición de que existe una relación laboral desde la primera hora de trabajo, entre otros.

No obstante, debe recordarse que esta normativa fue fijada por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo que regula al conjunto de trabajadoras y trabajadores de la Argentina. Visible en su nombre (Régimen especial), se recurrió a la idea de “especialidad” (de la labor, de la trabajadora y de quien la emplea y además del ámbito donde se desarrolla el trabajo) para no igualar los derechos de estas mujeres con los del resto de trabajadores/as. Así, se las excluyó de la posibilidad de acceder a un salario mínimo legal igual al del resto de trabajadores/as, de contar con subsidios de desempleo o con una justicia laboral que les dé garantías en igualdad, ya que se continuó con una jurisdicción independiente para resolver los conflictos. De esa manera, se institucionalizó una desigualdad que en el contexto de la pandemia ha tenido una relevancia crucial y lamentable, como se mostrará en el próximo apartado.

Esta Ley nacional incorporó muchos de los estándares establecidos por el Convenio 189 de la OIT, pero no todos. Es decir, mientras que este último recomienda equiparar los derechos de las trabajadoras domésticas con el resto de trabajadoras/es, la ley argentina sanciona su diferenciación y desigualdad al tipificarlas como especiales. Más específicamente, la equiparación del máximo horas trabajadas con el resto de trabajadores/as es uno de los más importantes avances, que iguala a ambas normativas. Pero, como se dijo anteriormente, en Argentina el sector sigue teniendo un salario mínimo legal especial que es el más bajo del mercado laboral y sigue sin contar con subsidio por desempleo. Tampoco se legisló sobre las inspecciones dentro de las viviendas para regular los abusos en la actividad y continúan sin regularse las agencias de empleo que contratan trabajadoras domésticas. Esta norma tampoco reconoció a las trabajadoras migrantes del sector, ni incluyó ninguna mención al respecto, como sí lo hace el Convenio internacional.

Por otra parte, y en términos de normativa migratoria, en la Argentina desde 2004 se encuentra un marco garantista de derechos que consagra que “el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona, y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”. Esta Ley reconoce a la migración como un Derecho Humano y se ubica por encima de los estándares de protección establecidos en los instrumentos internacionales.  Aun así, en la práctica, la discriminación y los obstáculos a la regularización migratoria siguen siendo notorios (Jaramillo, Gil Araujo y Rosas).

A pesar de los grandes avances registrados en ambos plexos legales, la posibilidad de efectivizar estos derechos depende de un cambio social más amplio y de voluntades políticas que lo promuevan, en la medida que en muchas instancias del gobierno y de la sociedad se continúan repitiendo prácticas discriminatorias y limitantes para el acceso pleno a los derechos. Un buen ejemplo de una política pública activa que difundía la condición de trabajadoras de estas mujeres y, a su vez, alentaba a su registración, fue llevada adelante en los primeros años de sancionada la Ley de trabajo doméstico. Sin embargo, eso dejó de realizarse y paulatinamente el tema fue diluyéndose de la agenda pública. En pocas palabras, la vigencia de normativas favorables en materia de trabajo doméstico y migración es un gran paso, pero por sí solas no pueden garantizar la efectivización de los derechos en ellas consagrados.

1. Las trabajadoras domésticas frente a la pandemia

Shokida señala que en el año previo a la pandemia del Covid-19 se contaban en las grandes ciudades argentinas algo más de 900 mil personas en el sector del trabajo doméstico, de las cuales un 98% eran mujeres, según datos del segundo trimestre de 2019 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Estas trabajadoras representaban un 17% del total de ocupadas mujeres: es decir, 1 de cada 6 mujeres ocupadas en Argentina participaba en este sector de la economía. De ellas, un 74% no percibía descuento jubilatorio, un 69% no contaba con vacaciones pagas, un 68% no percibía aguinaldos, un 72% no percibía el pago en caso de enfermedad y un 73% no contaba con cobertura de salud mediante obra social. Cabe señalar, además, que casi un 20% era migrante interna y alrededor de un 10% provenía de un país limítrofe, es decir, las mujeres migrantes estaban sobrerrepresentadas en dicho sector de la economía, ya que las personas migrantes sólo equivalen al 5%, aproximadamente, de la población total del país.

A pesar de que los niveles de informalidad registrados en 2019 fueron altos, antes habían sido aún más elevados. Groisman y Sconfienza destacan que para 2004 la informalidad en el sector ascendía a 93%. No obstante, para 2012 esta había bajado a 81,5%. Ese descenso se debió, principalmente, a los/as mecanismos tributarios que se pusieron en marcha para estimular a los empleadores/as a proceder al registro. Luego, con posterioridad a la sanción de la Ley 26844/2013, la informalidad siguió bajando hasta ubicarse en alrededor de 75%. En pocas palabras, para 2019 se había avanzado levemente en la formalización del sector, y alrededor de tres de cada cuatro trabajadoras permanecían sin estar registradas.

Para 2019 la economía argentina se encontraba en situación crítica, ya que con la alianza Cambiemos en la presidencia se impuso una concepción neoliberal de la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Las políticas implementadas redundaron en un crecimiento de la inflación superior a los salarios, así como en el aumento la desocupación, el subempleo, la informalidad laboral y la precarización de la relación salarial. La crisis económica se profundizó en 2020, dado que la llegada de la pandemia y la consecuente medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) impactaron en el mercado de trabajo argentino de forma contundente. Según los datos publicados por INDEC, las tasas de empleo y la de desocupación registraron sus peores valores en el segundo trimestre del año 2020: el empleo bajó a 33,4% y la desocupación subió a 13%. Hacia el cuarto trimestre del año 2020 se observó una recuperación de esos indicadores, pero todavía no alcanzan los valores previos a la pandemia.

Las y los trabajadores que no realizaban tareas esenciales y con menores protecciones legales y sindicales, fueron quienes estuvieron más afectados por los despidos y la precarización de sus condiciones laborales. Esto ocurrió aun cuando el gobierno argentino impuso una rígida prohibición de los despidos.

En lo que respecta a las trabajadoras domésticas, al comparar los cuartos trimestres de 2019 y 2020 se encuentra que estas disminuyeron su peso entre la población ocupada al pasar de representar 7,6% a 6,3% del total de ocupados. A su vez, aumentaron su peso dentro de la población desocupada, al pasar de representar 12,8% a 16,9% del total de desocupados. Ello implica que redujeron su importancia en un 17% dentro de la población ocupada y la aumentaron en un 32% dentro de la población desocupada.

La contundencia de las cifras fue ratificada en diversos foros virtuales, donde las referentes de sindicatos y organizaciones sociales expusieron las dificultades que enfrentaba el sector (Rosas). En esos espacios se difundieron experiencias de trabajadoras que habían sido despedidas o se les había disminuido el salario compulsivamente. Las más perjudicadas fueron las empleadas externas a tiempo parcial (“por horas”), quienes siempre han constituido el grupo más precarizado dentro del sector. La falta de ingresos y de ahorros han colocado a todas estas trabajadoras y sus familias en una situación muy delicada, máxime en un contexto donde los precios de los bienes de primera necesidad han aumentado de forma considerable. Específicamente, durante el año 2020 el Índice de Precios al Consumidor acumuló un incremento de 36,1%.

Otras trabajadoras se vieron obligadas a seguir asistiendo a sus lugares de trabajo a pesar de los riesgos sanitarios y de las normativas que lo prohibían, ya que sus empleadores amenazaron con despedirlas si no lo hacían. En otros casos, se les exigió permanecer indefinidamente en el lugar de trabajo. Algunos empleadores tergiversaron a su favor las disposiciones nacionales; por ejemplo, comunicaban a sus trabajadoras que los subsidios estatales suplantaban el salario, que la cuarentena debía considerarse período de vacaciones o modificaban la categoría de su empleada para permitirle la movilidad en transporte público.

Aquellas trabajadoras migrantes internacionales que fueron forzadas a violar el Decreto del aislamiento se expusieron a las sanciones administrativas. Debido a ello pudieron ser deportadas, ya que durante 2020 estaba vigente el Decreto 70/2017 que fijaba un proceso sumarísimo de expulsión, sin derecho a la legítima defensa. Otra problemática que ha afectado a las migrantes, tanto internas como internacionales, fue la suspensión del envío de remesas, ya sea porque dejaron de percibir salarios o porque no encontraban modo de enviarlas, dejando a sus familias sin esos ingresos.

Las políticas de asistencia, y el modo en que estas contemplaron a las trabajadoras del hogar, también fueron motivo de discusión. Argentina fue el único país de la región sudamericana que incluyó a las trabajadoras del hogar, registradas y no registradas, en la prestación monetaria no contributiva de tipo excepcional, denominada Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Aun cuando eso es positivo, se señalaron fallas en su implementación ya que muchas trabajadoras carecían de conectividad o de conocimiento tecnológico para realizar su inscripción, o no podían comunicarse telefónicamente para informarse. En el caso de las trabajadoras migrantes, quedaron excluidas del IFE quienes habían llegado a la Argentina en los últimos dos años o que, habiendo arribado antes, no pudieron regularizar su situación migratoria.

Tanto las cifras mostradas al comienzo de este apartado, como las experiencias relatadas, no son más que la consecuencia de desigualdades -económicas, socioculturales y legales- de larga data. A pesar de que en los años previos a la pandemia se produjo una leve disminución de la informalidad en el sector, eso fue insuficiente. La enorme mayoría de las trabajadoras estaba desprotegida y debió enfrentar la coyuntura de la pandemia sin seguro ni indemnización por desempleo, sin coberturas por riesgos en el trabajo, sin licencias por enfermedad ni obra social.

Esto también sugiere que en los años precedentes a la pandemia se habían producido escasos avances en la transformación de las representaciones sociales que pesan sobre el sector. Es decir, no se logró que el Estado ni los/as empleadores/as las comprendieran como a trabajadoras en el pleno sentido del término, ni que asumieran que se trata de una relación laboral que debe ser formalizada.

Ya que el carácter “especial” de la Ley 26844 condiciona el acceso a derechos, cabe preguntarse ¿qué podría haber variado si a las trabajadoras domésticas se les hubiera incluido en la Ley de Contrato de Trabajo, como al resto de trabajadores? Uno de los aspectos que sin duda podría haber sido diferente es el acceso al subsidio por desempleo, el cual hubiese resultado de suma utilidad en una emergencia como la de la COVID-19. Sin embargo, estas mujeres quedaron libradas a la “buena voluntad” de sus empleadores/as, quienes no estaban expuestos a ninguna sanción legal por su incumplimiento dado que no habían procedido al registro de la relación laboral. Además, el carácter especial otorgado por la normativa a esta labor también ha incidido en el nivel salarial, cuyo mínimo legal siempre se ha ubicado más abajo que el del resto de trabajadores/as.

1. La acción colectiva de las trabajadoras. Un resquicio para el optimismo

Transitamos este momento histórico con una notable incertidumbre a nivel mundial, pero con certezas en cuanto a la profundización de la desigualdad y la exclusión, así como del control social con protagonismo de las fuerzas de seguridad. A la par, se evidencian retrocesos en materia de derechos sociales, económicos y culturales. No es difícil observar mayores perjuicios sobre las mujeres, las disidencias sexo-genéricas y las personas migrantes, en especial las racializadas y pobres. En varios foros se ha reconocido que será cada vez más necesaria la lucha por la defensa de derechos adquiridos.

Ante las limitaciones de la ley nacional de trabajo en casas particulares y del Convenio 189 de la OIT, se puede prever que el tejido asociativo cumplirá un papel fundamental como canal de movilización y demanda de reconocimiento de derechos para las trabajadoras del sector. Aun reconociendo sus limitaciones en cuanto a los recursos políticos y legales, Rosas documentó que las trabajadoras remuneradas del hogar se asumen “en pie de lucha”. En una lucha que traspasa las fronteras, que se ocupa del presente y que se proyecta hacia el horizonte futuro en la región. Es, quizás, en la acción colectiva de las trabajadoras donde queda un resquicio para situar el optimismo en el marco del panorama actual.

De hecho, junto a las grandes dificultades laborales señaladas en el apartado anterior, durante el año 2020 diversos espacios se mantuvieron muy activos. Entre estos sobresalen las agrupaciones partidarias y feministas del Frente de Izquierda y de Trabajadores–Unidad (FIT-U), muchas de las cuales también son participantes de la campaña Ni Una Menos. En estos espacios la incidencia de las trabajadoras fue directa, en la medida que ellas protagonizaron las actividades. Por ejemplo, hubo manifestaciones encabezadas por grupos de trabajadoras en la vía pública, en particular, en calles aledañas a villas y asentamientos donde muchas de ellas habitan en condiciones precarias.

Por otra parte, también se documentó la incidencia de organizaciones de mujeres migrantes (Rosas), en especial de la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA) que mantiene fuertes vínculos con sindicatos y colectivos de la sociedad civil de la región, así como con organismos nacionales e internacionales.

Otro tipo de incidencia a favor de las trabajadoras domésticas ha sido la realizada por el sindicato U.P.A.C.P. (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares). En este caso, son las delegadas quienes han representado a las trabajadoras en diversas reuniones virtuales, en algunas de las cuales estuvieron presentes autoridades nacionales y de la OIT, en donde el principal reclamo se centró en la necesidad de hacer cumplir la normativa internacional y el Convenio 189, en especial aumentar el nivel de registro.

Asimismo, y muchas veces como derivación de las agrupaciones feministas o de izquierda, se ha constatado una presencia creciente de grupos de trabajadoras en las redes sociales, que aprovecharon WhatsApp, Facebook o Instagram para comunicarse, informarse, realizar denuncias y organizar sus demandas. En muchos de esos foros se reconoce que su situación laboral no sólo está asociada a la dimensión de clase, sino que está profundamente arraigada en las construcciones étnico-raciales y de género; como ha expresado Acciari, ellas enfrentan una combinación de múltiples vectores de opresión y explotación. Si bien no es posible analizar aquí en profundidad el papel de las redes sociales en los movimientos sociales, es importante señalar que, si bien muchos de esos espacios virtuales se crearon para denunciar la situación laboral de estas mujeres, también allí comenzaron a compartirse otros intereses vinculados a la violencia por motivos de género, la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, los abusos policiales contra personas trans y trabajadoras sexuales, entre otros. Es decir, durante el primer año de la pandemia, las redes sociales difundieron información sobre las bases históricas en que se asienta la explotación laboral que atraviesa a estas trabajadoras, a la vez que les permitieron aproximarse a otros temas sensibles, y conocer nuevas y viejas formas de resistencias.

En pocas palabras, si bien la virtualidad impuso límites al activismo, en el primer año de pandemia, también contribuyó a conectar personas, grupos y movimientos atravesados por distintas dimensiones de la opresión alrededor del mundo. Por ejemplo, una página de Instagram llamada trabajadoras indomésticas empezó a cuestionar los discursos mediáticos y, al obtener cierta visibilidad en las redes, comenzaron a ocupar espacios en los encuentros internacionales sobre feminismos, trabajo y migración. También se creó una red llamada planeta ella donde las migrantas construían un movimiento online trasnacional denunciando sus condiciones laborales. Ello contiene una potencia cuestionadora y aglutinadora que debe ser motivo de análisis en el futuro. En la medida que la dimensión interseccional de la exclusión es inescindible de la dimensión interseccional de los antagonismos y de las resistencias, cabe preguntarse, en qué medida las trabajadoras del hogar en Argentina lograrán utilizar estratégicamente sus múltiples identidades sociales para construir alianzas con movimientos de desocupados, feministas y migrantes, entre otros.

Publicado orginalmente en: https://rosalux-ba.org/2021/09/19/explotacion-a-pesar-de-avances/

Imagen: Cleaning lady/schlissm/ Flickr (CC BY-NC 2.0)

La Unión, La Lucha, San Martín y 20 de Julio. Así se llaman las barriadas que improvisaron las 2500 familias que ingresaron al predio. Sus historias desnudan el drama del déficit habitacional.

El viento furioso que sopla del sur golpea las casillas forjadas con nylon, madera, alambre, cartón y, con suerte, alguna chapa. Se levantan sobre el descampado, en los márgenes olvidados de Guernica. Las casitas y carpas llegan hasta un bosque, el horizonte y mucho más allá. El ventarrón mañanero las zamarrea, las castiga, las maltrata. Pero no las puede doblegar. Tampoco a los vecinos que las construyeron.

“Pasamos lluvia, piedra, helada, la policía apretando… y mire, no se fue nadie. Estamos acá por necesidad, por nuestro derecho a tener un pedacito de tierra”, dice Leandro con la frente alta, desde su lote en la manzana 8. El joven de 28 años cuenta que está en pareja y tiene dos pibes. Hasta marzo pasado, cuando la peste llegó al país, se ganaba el mango como albañil. El jornal en negro alcanzaba raspando para pagar la pieza en el barrio de al lado, en Numancia. No mucho más: “Entonces llegó la cuarentena y me quedé sin laburo. Traté de inventarme changas, sacaba poco y nada. Ya debía cuatro meses de alquiler. La mayoría estamos en la misma. Changarines, vendedores ambulantes, buscas, trabajadores precarizados, todos afuera del sistema. Yo no quiero que mis hijos vivan abajo de un puente. Entrar acá fue la salida que encontramos.”

El dilema

Gente sin tierra, tierra sin gente. Hace casi dos meses, empujadas por la crisis habitacional y la eterna falta de techo, unas 2500 familias ingresaron al predio abandonado de casi un centenar de hectáreas en el municipio de Presidente Perón, en el último sudoeste del Conurbano. El deseo era construir un barrio donde vivir. Ya en el asentamiento se organizaron en asamblea, eligieron delegados y lotearon. Terminaron conformando cuatro barriadas: La Unión, La Lucha, San Martín y el 20 de Julio, en memoria del tórrido lunes invernal en el que se encendió la toma.

“La mayoría es gente de Presidente Perón. Vivían hacinados en casas de familiares o tuvieron que dejar el alquiler por las deudas. Es bravísima la situación en pandemia. El dilema es comer o pagar la pieza. Muchos ya estaban a la intemperie”, asegura Lorena, docente y militante activa del MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), una de las tantas organizaciones que dan una mano en los barrios para capear la malaria, como el MTR Votamos Luchar, el FOL, la OLP Resistir y Luchar, el Polo Obrero, Víctor Choque, Barrios de Pie-Libres del Sur y el Frente Darío Santillán Corriente Nacional. La historia de Guernica, explica la maestra, está atravesada por las tomas: “Así creció esta parte del Conurbano en particular, y la Argentina postergada en general. Los asentamientos son la única forma que tienen los pobres para acceder a un techo”.

Esquivando charcos y barro, Lorena dice que después de 45 días de toma, las respuestas del municipio y la gobernación de Buenos Aires han consistido en la judicialización, el hostigamiento y la represión. “La parte del 20 de Julio está floja de papeles, hasta ahora en la causa nadie presentó documentos –detalla–. Supuestamente, hay solo algunos papeles de posesión y también denuncias por la venta fraudulenta que hizo el anterior intendente. Está ayudando la Gremial de Abogados, y el barrio sigue organizándose”.

Hace unas semanas, los funcionarios engañaron a las familias con un falso censo. Tomaron datos y 533 vecinos quedaron imputados: “En el medio hubo una mesa de diálogo con la intendenta Blanca Cantero, representantes de la provincia y los delegados del barrio. No se avanzó en nada. Ahora está la orden de desalojo. Hay mucho miedo”.

El pasado fin de semana, antesala a la protesta con sirenas y patrulleros, la brava Bonaerense intentó anticipar el peor final: se llevaron detenidos a nueve vecinos. ¿El delito? Traer agua y maderas a la barriada.

“La policía nos verduguea, nos cagaron a palos. Es difícil la lucha”, dice Alejandro, al tiempo que hunde sin descanso la pala en la tierra. El muchacho está armando una huerta en su terrenito: “Mañana le meto semillas, es buena tierra, bien negrita”. Para el verano promete cosechar generosos morrones, zapallos y mucha verdurita: “Para que coman los pibes en el comedor del barrio. De acá no nos vamos”.

La olla y el martillo

Carolina camina diez cuadras todas las mañanas para conseguir un poco de agua que les brinda una vecina del Numancia: «Ella es muy buena. Hay otros que se aprovechan, empezaron a cobrar, hasta 100 pesos por bidón”, tira la bronca la cocinera y se acomoda el barbijo casero que la protege del virus. No deja de revolver con un palo el guiso de la olla popular. Pollo, cebolla y algo de calabaza: “Cada vecino pone lo que puede, todos ayudamos. A la tarde hacemos mate cocido y tortas fritas para los chicos”.

Cuenta Carolina que es migrante paraguaya, oriunda de las rojas tierras de Encarnación. Se vino con su mamá cuando tenía diez años. Ahora anda por los 26. Fue empleada doméstica y vendedora de ropa. Está sin una moneda. Sola cría a su hija Safira, que corretea un barrilete cerca de la casilla: “No pudimos con el alquiler, con lo puesto nos vinimos al terreno. Dormimos en una hamaca, cuando llueve nos gotea el nylon del techo. Nada tenemos. Si nos sacan de acá, ¿a dónde vamos a ir?”.

Alejandro sabe que hay que ser preciso con el martillo. Bajo el sol tibio del mediodía ayuda a sus vecinos a armar el esqueleto de una casilla. “El Pela”, como lo apodan sus compañeros, hace un alto en la faena con los clavos. Reflexiona usando la palabra con precisión, como cuando trabaja la madera: “Los políticos y los medios demonizan la recuperación de tierras. Cuando ellos miran este predio, seguro piensan en hacer un country, un negocio inmobiliario. Para nosotros, es la posibilidad de tener un futuro”.

Yamila llegó al predio el 23 de julio con sus hermanos. La morocha estudia trabajo social y milita en el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha). Sabe que para lograr la ansiada urbanización, la clave está en el trabajo colectivo: “La pelea es de todos los vecinos y vecinas. Si no nos hubiéramos organizado, ya nos habrían sacado. Por algo le pusimos La Unión”. A veces, cuando lee en el teléfono las noticias sobre su barrio, Yamila se agarra flor de bronca: “Muchos medios corren el eje y solo lo reducen a la toma de tierras, nos llaman usurpadores. El tema es mucho más complejo. ¿Y las necesidades de las familias? ¿Y la falta de oportunidades? La gente acá no está por gusto. En la pandemia nos quedamos sin trabajo, con deudas, sin casa, era imposible seguir así”.

Dónde caerme muerto

Desde el lote de Juan puede verse el camión de la infantería, que vigila con recelo el acceso al barrio: “A veces ni agua dejan entrar. Es algo esencial, tengo cuatro criaturas. Dígame, ¿cómo les hago un té?”. Juan tiene 23 años y es cartonero. La calle en cuarentena, asegura el muchacho, ya canoso, está cada vez más brava. Últimamente no saca ni para los pañales: “Está re dura. Mucha gente se metió en el cartón, hasta oficiales albañiles hay cartoneando”. Después, agradece las manos solidarias que le tienden sus compañeros: “Estoy acá porque no puedo pagar un alquiler. Usted nos ve: pasamos frío, no tenemos baño, aguantamos como podemos, esta es nuestra realidad. La de todos los que necesitamos un pedazo de tierra, para hacernos una casita y dejarles a nuestros hijos. Para de una buena vez, tener algo el día de mañana”.

A don Francisco se lo encuentra tomando unos mates frente al ranchito que armó con cuatro chapones en la zona de La Lucha. Ahí guarda un colchón, un par de frazadas y su dignidad infinita. Estoico albañil desocupado, con 60 años sobre el lomo. Seis meses sin trabajar, nada de nada, le comieron los ahorros: “Como Dios me trajo al mundo. Abandonado y olvidado, así me siento”. Sin embargo, dice, no se va a rendir. Menos ahora que consiguió un terrenito: “La vamos a pelear con los compañeros. Hay que aguantar, es duro, pero hay que aguantar. Ahora tengo dónde caerme muerto. No tenga dudas, esta es nuestra tierra”.

Nota publicada previamente en https://rosalux-ba.org/2020/09/17/barro-chapa-y-viento-la-lucha-por-un-pedacito-de-tierra-en-guernica/

Foto: https://flickr.com

Luego de extensas jornadas de trabajo e intercambio de experiencias a lo largo de varios días en la Ciudad de Buenos Aires, los distintos colectivos integrantes de la iniciativa “Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias” se dieron cita en la Facultad de Derecho de la UBA para concluir con una jornadas de talleres, asamblea y paneles para profundizar los debates realizados previamente.

 Dicho encuentro se propuso en el marco de la Cumbre Inaugural de Alcaldes, Urban 20, grupo de afinidad del G20 con sede 2018 en Buenos Aires donde participaron 40 alcaldes de distintas partes del mundo. Donde, allí también más de 40 representantes de colectivos comprometidos con la Justicia Territorial como Hábitat Intenational Coalition, Ukamau de Chile, Movimientos de Trabajadores Sin Techo de Brasil, Proyecto Habitar, La Boca Resiste y Propone, el Observatorio a la Ciudad, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de la CTA, CEAPI, CELS, CTEP,  Frente Popular Darío Santillán,  Hábitad para la Humanidad Argentina, Madre Tierra, Cicsa – Córdoba, entre otros se dieron una instancia para abordar las mismas temáticas en clave de contra Cumbre “como posicíón alternativa a las gestiones urbanas neoliberales” según destacaron en su comunicado.

 Y en ese sentido destacaron en la presentación de su comunicado “somos las y los trabajadores que construyen y dan vida a las ciudades, precarizados y que padecen viajes eternos de casa al trabajo en condiciones indignas, las personas desempleadas que tratamos de cubrir las necesidades básicas recurriendo a mercados de vivienda, comercio y trabajos informales, las sin techo y desalojados por el mercado inmobiliario, las migrantes y refugiados de diversas culturas, expulsadas de otros lugares, perseguidos y reprimidos por los gobiernos, las personas con discapacidad o de la tercera edad que quedamos atrapadas en las trampas urbanas que impiden un aprovechamiento de los espacios que otrxs disfrutan, las mujeres que padecemos la infravaloración de las tareas de cuidado, las divergencias sexuales perseguidas, criminalizadas o estigmatizadas, las niñas que viven una ciudad de espacios cerrados y en ambientes siempre menos saludables, los jóvenes criminalizados por nuestra forma de vivir la ciudad”. Concluyendo en su definición “somos todas y todos quienes de alguna manera sufrimos los procesos de exclusión, violencia e injusticia en las ciudades.”

 Las ciudades en disputa

 Para finalizar la propuesta y, tras la realización de los talleres temáticos realizados por la mañana de Violencias Urbanas y Discriminación, Ciudades Feministas y Diversas, Integración Social e Inclusión, No hay Justicia Social sin Justicia Ambiental, Ciudades y el Futuro del trabajo, Financiamiento y Deuda Urbana, se realizó la asamblea de balance y solidaridades entre las organizaciones presentes moderada por Maria Silvia Emanuelli de Habitat International Coalition y Cesare Ottolini de la Alianza Internacional de Habitantes.

 Si bien, algunos acuerdos estaban implícitos desde su comienzo, la necesidad de reafirmalos en asamblea no faltó. Como tampoco faltó la solidaridad entre los pueblos que, en este caso manifestaron su repudio unánime al reciente triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil por sus intentos de políticas fascistas y machistas que no representaban a las y los presentes. «Nos remontamos a 1964» manifestó una mujer brasilera, en representación de las y los brasileros presentes en la jornada, al hacer alusión al retroceso que implica el triunfo de Bolsonaro. «Nosotros somos garantes de los derechos de las ciudades y sus políticas públicas» afirmó tras solicitar que sea incluida la situación de Brasil en el documento.

 Por su parte, integrantes de la asamblea provenientes de Córdoba, específicamente de Juárez Celman ubicado a escasos kilómetros del aeropuerto de Córdoba Capital tomaron la palabra. «Es necesario disputar el espacio, si al territorio lo modifica la arquitectura y a los cuerpos la política es necesario comprender y ver esa inversión de las ciudades sobre los territorios-cuerpos y comprender su política pública» refiriéndose a la misma como el espacio que sólo piensa los varones, cis, de clase media alta para ejercer sus proyectos.

 Por otro lado, Norberto Rodríguez del Observatorio Derecho a la Ciudad de Bariloche explicó que la reciente avanzada de Mega Proyectos privilegia el derecho de grandes inversores en detrimento de las mayorías. En ese sentido, relató los intentos fallidos de diálogo y participación en la política pública y manifestó que desde el espacio “reclamamos por información que ocultan y la hacemos pública para opinar sabiendo, como es el caso del Cerro Capital donde las tierras públicas han sido vendidas a espaldas de todos los que mostramos nuestra disconformidad en una ficción de Audiencia Pública”.

 A su vez, integrantes del colectivo la Boca Resiste y Propone, quienes habían recibido a las y los integrantes del encuentro en su barrio en una de las actividades realizadas durante los días previos también tomaron la palabra. “Aprovechamos esta instancia y nos dimos un proceso en el barrio, nos dieron un lugar protagónico y nos ha sido muy grato mostrar nuestra experiencia de construcción junto a los vecinos, organizaciones y el mismo Estado para replicar” expresaron.

 Oscar Chinchilla es vecino de la Villa 20, luego de escuchar las intervenciones realizadas reflexioní “la ley de urbanización nunca se cumplió, pero si la especulación inmobiliaria” en ese sentido situaciones de violencia y desigualdad como inundaciones, malas conexiones de electricidad, incendios y falta de ambulancias continúan afectando a la vida de las y los villeros. Sabiendo que se trata de un diagnóstico general, Chinchilla llamó a generalizar también la organización y la articulación con encuentros como el realizado.

 Para finalizar, concluyeron con un comunicado “este modelo mide el éxito de las ciudades en función de indicadores como la construcción de metros cuadrados y el aumento de la valuación de los inmuebles, ponderando lo cuantitativo por sobre los cualitativo” destacaron. “Mientras que la Nueva Agenda Urbana establece que el desarrollo urbano es ilimitado y está impulsado por las ciudades, estos indicadores ponen en evidencia la insostenibilidad del modelo neoliberal” explicaron en respuesta a la Cumbre del U20 realizada en paralelo al encuentro.

 De esta manera, el colectivo de organizacionesy organismos afirmó “cada vez más se profundiza la concentración de territorio. La entrega de bienes comunes para la especulación inmobiliaria no descansa. La (poca) naturaleza y los espacios públicos existentes son completamente sacrificables, se consideran un “vacío” que debe llenarse con negocios, naturalizando el avance de la privatización de lo público”. Los barrios, explicaron “pierden sus identidades y sus habitantes no tienen decisión en las políticas de planeamiento urbanas”. Por su parte, “la vivienda se ha mercantilizado hasta el paroxismo, convirtiendo a los inmuebles en commodities, meras mercancías para la especulación, convirtiendo a los ciudadanos en clientes”.

 Frente a este contexto, el modelo de gestión democrática del territorio es el único compatible con este enfoque para garantizar los derechos de la diversidad de identidades que habitan la ciudad. “Creemos que este debe ser el marco de las políticas públicas para contribuir y afianzar los Estados democráticos de derecho, que son los que asumen compromisos con los derechos del conjunto diverso del colectivo social, aplicando a la vez, instrumentos y acciones afirmativas en favor de los sectores cuyos derechos son vulnerados” sentenciaron.

 En ese marco, como gran desafío señalaron la necesidad de “hacer de las ciudades un bien común, desde las resistencias y la creatividad, para implementar, en alianzas, nuevas formas de garantizar los derechos humanos y la democracia participativa, respetando su diversidad, asegurando y contribuyendo a la redistribución económica, el reconocimiento cultural y la capacidad de acción política de parte de todas y todos”.

 “Poner en jaque al histórico derecho de propiedad”

 Como cierre de las distintas instancias propuestas para el Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias, se realizó un panel con la presencia de diferentes intendentes y funcionarios que accionan en el marco de municipios o ciudades que cuentan con ciertas políticas públicas aplicadas para las mayorías. Provenientes de distintas provincias de la Argetina, representantes de Gualeguachú, San Antonio de Areco, Rio Grande y Rosario como así también de la ciudad de Montevideo, Uruguay realizaron una presentación de sus experiencias de gobierno. Si bien es cierto que estas ciudades cuentan con avances en materia de derechos ciudadanos, se anclan en políticas nacionales e internacionales con sus conocidos intereses y lógicas capitalistas.

 Esta instancia fue coordinada por Facundo Di Filippo de CEAPI y contó con los saludos y reconocimientos de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, España y de Leilani Farha, relatora de vivienda de las Naciones Unidas, ONU. Por su parte, Colau afirmó en el video realizado para saludar al Encuentro “Trump y Bolsonaro van en contra de nuestras ciudades por eso la necesidad de trabajar en red”. Farha, quien tampoco había podido hacerse presente durante las jornadas realizadas como contra cumbre del U20, denunció que dicho espacio no se centrara en los temas importantes para pensar las ciudades y señaló que se trata de un contexto de mucha especulación sobre las ciudades que imposibilita la vida digna de sus habitantes.

 La primera en tomar la palabra fue Laura Capilla, secretaria de Desarrollo Social de Rosario, luego de un recorrido histórico sobre los gobiernos previos al actual gobierno del frente progresista de Mónica Fein, la funcionaria destacó la estrategia política de priorizar como eje central al derecho a la salud entendido como construcción colectiva, descentralizada e interdisciplinaria de forma tal que la participación de las y los vecinos de los barrios sea un hecho. Sin embargo, recalcó que encuentran en el actual contexto un claro crecimiento de las violencias llevando a reflexionar nuevas propuestas que pudieran encausar esta situación.

 Luego fue el turno de Gustavo Melella, intendente de la Ciudad de Rio Grande ubicada en la Provincia de Tierra del Fuego. Como gran parte de las ciudades del sur, el funcionario manifestó que Rio Grande también cuenta con un gran número de población no nacida en dicho territorio sino perteneciente a movimientos de migración interna desde las provincias del norte en busca de ofertas laborales. Sin embargo, la fuerte desocupación y ajuste de los últimos 3 años impactó de forma tal que gran parte de las personas que migraron a las ciudades del sur con el objetivo de mejorar su situación económica no lo han podido lograr. En ese sentido, relató Melella, las políticas tuvieron que modificarse “el acceso a la tierra antes era prohibitivo, el valor de la misma superaba la media nacional y el Estado beneficiaba a los desarrolladores inmobiliarios” de esta manera “la única alternativa para acceder a la tierra propia es mediante la ocupación” explicó de forma tal que realizaron un proceso de expropiación como decisión política.

 Martín Piaggio es el intendente de la Ciudad de Gualeguaychú de Entre Rios, con la misma lectura sobre el contexto de desempleo y pérdida de autonomía expresó que compartía las iniciativas relatadas por quienes le precedieron. Entonces, “la participación ciudadana y el cooperativismo visto como oportunidad de creación de trabajo y valores” pueden aportar a la construcción de un nuevo sentido común que revierta en parte las políticas actuales de ajuste. A su vez, al tratarse de una provincia invadida por el monocultivo de soja y con una importante pata agrícola, el intendente compartió que desde la Ciudad de Gualeguaychú apuestan a la defensa de “un ambiente sano y preservado para las próximas generaciones” de forma tal que expresó su repudio a las “empresas del primer mundo que vienen a barrer bajo la alfombra su basura” abriendo la discusión sobre modelo productivo y las consecuencias del mismo. En ese marco, comprendiendo que el acceso a la tierra es la “primer llave para el reestablecimiento de la casa propia” compartió que recientemente generaron dos herramientas legislativas por un lado “la generación de un banco de tierras como patrimonio municipal” y, por otro lado “el registro de aquellos propietarios que concervan la tierra de forma oseosa”.

 A continuación, Francisco Durañona de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, se centró en el concepto “arraigo” para calificar las formas de participación ciudadana. Al tratarse de una ciudad con un alto índice de migración juvenil y aumento de la población adulta, el intendente reflexionó sobre las formas de habitar la ciudad por parte de su población. En ese sentido, para el funcionario, propuestas de “industrialización de la ruralidad” pueden aportar al “objetivo de desarrollo sostenible” que “modifique el desarraigo”. Entonces, comprendiendo que el próximo año de elecciones no aportará a dicho objetivo, Durañoña resaltó la importancia de los gobiernos locales como aquellos que podrán ser capaces de “conocer a las personas y construir empleo y tierra” para sus integrantes de forma tal que la “pobreza cero” desde ahi sea posible.

 Silvana Pizano es la directora de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Montevideo, Uruguay, para comenzar reconoció la brecha entre los derechos y hechos concretos y propuso la realización de una nueva agenda urbana. De esta manera, actualmente en Montevideo se implementa una nueva ley que se propone expropiar aquellos inmuebles abandonados y en desuso, para la funcionaria se trata de una iniciativa que “pone en jaque al histórico derecho de propiedad”. En esa línea relató la relación entre el acceso a la ciudad y sus servicios con la importancia de que aquellas poblaciones más desfavorecidas y marginadas pudieran acceder a la misma para evitar mayores gastos en busca de formas más igualitarias de convivencia.

 Para finalizar, Claudio Acioly, actual jefe de desarrollo de la ONU, realizó un mapeo de la realidad de las ciudades en América Latina. Donde, la exclusión social y el alto índice de concentración dan cuenta de la “importnacia del rol de la ciudad local para la realización de políticas y servicios que produzcan valor agragado que disminuya la desigualdad” explicó Acioly. Esta iniciativa, relata, de alguna manera se logró ya que considera que “la política local si tiene incidencia”. Sin embargo, “el acceso a la vivienda adecuada es cada vez más difícil” y explicó que en este momento hay más de 130 millones de personas que no viven en condiciones dignas en la región. En esa línea, Acioly remarcó también que el concepto de vivienda tiene que ser comprendido no sólo como “la obtención de un texto”. Ante este diagnóstico, “cambiar el paradigma enfocado unicamente en la vivienda propia” debe ser un nuevo objetivo de las y los funcionarios de las ciudades donde los incentivos a los alquileres, la oferta de distintos financiamientos y el diálogo entre los barrios periféricos y los centros de las ciudades aporten a una nueva forma de vida genuina de las poblaciones urbana.

Publicado originalmente en: https://rosalux.org.br/es/contra-los-proyectos-del-urban20/

Foto: shorturl.at/kuPS6

El Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias surgió como una contrapropuesta al Urban20, un foro liderado por Horacio Rodríguez Larreta y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que reunió a 40 alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades del mundo durante 2 días, el 29 y 30 de octubre de 2018. El objetivo de la cumbre encabezada por el Jefe de Gobierno porteño fue fortalecer el papel de las ciudades en las agendas internacionales mediante una serie de recomendaciones que fueron formuladas en un documento y entregadas a Mauricio Macri para que comparta con sus pares durante la cumbre del G20, a finales de noviembre.

 Como respuesta al megaevento organizado por las potencias económicas de todo el mundo surgió el 1er Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias. La encargada de llevarlo adelante fue la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, una red abierta de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y gobiernos citadinos comprometidos con la acción política y el cambio social a través de la promoción, defensa y cumplimiento del Derecho a la Ciudad.

 Este principio rector del taller surge como contracara al extractivismo urbano y a la visión exclusivamente económica de la propiedad de la tierra, que entiende al suelo de las ciudades como un mero reservorio de valor a disposición de la especulación inmobiliaria y que despoja de toda perspectiva social al derecho habitacional. Para la Plataforma, el Derecho a la Ciudad es “el derecho de todxs lxs habitantes (presentes y futuros; permanentes y temporales) a habitar, usar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos”.

 Retomando las obligaciones y compromisos incorporados en la nueva Agenda Urbana (Quito, octubre 2016), así como con la Declaración de ciudades por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad (Nueva York, julio 2018), la propuesta del taller se centró en 4 ejes centrales: concepto y elementos que componen el Derecho a la Ciudad; el Derecho a la Ciudad como cambio político-cultural; estrategias de incidencia para su implementación; iniciativas desde las sociedad civil.

 Los y las participantes se distribuyeron en 4 grupos rotativos para discutir cada uno de los ejes en plazos de 20 minutos. El debate fue muy nutrido, tanto por la diversidad de los países de origen de lxs allí presentes (vinieron personas de Brasil, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia, Argentina y hasta Italia y Estados Unidos) como por la multiplicidad de profesiones, especialidades y espacios de militancias representados.

 La Red Mujer y Hábitat, centrada en el análisis de la problemática habitacional desde una perspectiva de género, el Proyecto Hábitat, compuesto por arquitectxs que producen proyectos en conjunto con comunidades organizadas y movimientos sociales para incidir en las agendas urbanas y públicas, y miembros de la Defensoría del Pueblo que se especializan en litigios por desalojos, son sólo algunas de las organizaciones allí representadas.

 Más allá de algunas discrepancias, varios fueron los puntos de acuerdo producto del conjunto de las discusiones, sobretodo en relación a la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires y su vínculo con la ciudadanía: no hay intención por parte del Estado de integrar a los y las vecinas a la toma de decisiones sobre la ciudad. Las pocas oportunidades de diálogo que ofrecen resultan ser meras formalidades, más que instancias reales de participación.

 En contraposición a la desidia estatal y la lógica especulativa del uso del suelo, varios y varias de los allí presentes remarcaron que la única posibilidad real de cambio es mediante una participación colectiva, producto de acuerdos sociales entre los distintos actores que habitan las Ciudad de Buenos. Esta concepción activa, politizada y no meramente jurídica de la ciudadanía, produce temor en los funcionarios públicos, en tanto pone en jaque el modelo extractivista urbano vigente que legitima la desigualdad social y la exclusión, en beneficio de la concentración de riquezas y la acumulación de propiedades como medio de mantener el valor, en el marco de un mercado habitacional altamente dolarizado.

 Varios de estos puntos fueron retomados por el panel de cierre, compuesto de especialistas de distintas disciplinas vinculadas con el Derecho a la Ciudad. La moderación del panel estuvo a cargo de Eduardo Reese, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien antes de iniciar la mesa le cedió la palabra a dos vecinxs y militantes de la localidad de Juárez Celman, en la provincia de Córdoba. El relato del violento desalojo ilegal, sin orden judicial, que sufrieron hace 5 meses fue la representación clara de los efectos que tiene una visión mercantilista del uso de la tierra, uno de los ejes de discusión del taller. Denunciaron, además, la complicidad del poder político, económico y judicial que intervino para favorecer a las empresas inmobiliarias que están poniendo su interés en las tierras de esa localidad cordobesa.

 Luego de solicitar la firma de un documento de apoyo para la recuperación de sus tierras y el fin del hostigamiento policial, Nelson Saule, miembro brasilero de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad e integrante del Instituto Pólis, se encargó de abrir el panel rememorando que “ya desde la presentación de la Constitución de Brasil (de cuya promulgación se cumplieron hace poco 30 años) presentamos una plataforma política con una perspectiva de derechos humanos dentro de las ciudades que ya incluía la idea de derecho a la ciudad”. Esta fue una instancia clave en el proceso de construcción del marco legal y jurídico de este derecho, que fue ratificado al incluirlo en el Estatuto de la Ciudad de Brasil en el año 2001.

 Esta experiencia en el país vecino de una plataforma política y nacional desde donde defender las ciudades democráticas, justas e inclusivas, con injerencia en políticas públicas, fue muy importante para el desarrollo de esta perspectiva en toda América Latina. En la coyuntura internacional actual de fuerte avance de los gobiernos conservadores en el continente (sobre todo con el reciente triunfo en las elecciones presidenciales brasileras del ultraderechista Bolsonaro), que quieren abolir la función del Estado democrático y demonizar los derechos humanos, para Saule se vuelve aún más urgente “pensar otras estrategias para ofrecer otra visión a nuestra sociedad, la visión del respeto a los derechos humanos, de la defensa del derecho a la ciudad. Son fundamentales las estrategias de comunicación más directa, sobre todo en los espacios públicos”.

 Distinta es la situación en la Ciudad de México (CDMX). Para Silvia Emanuelli, Coordinadora de la Oficina de América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (Habitat International Coalition – HIC), el triunfo reciente de la izquierda en las elecciones presidenciales, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, brinda un panorama mucho más alentador que en América del Sur: “La presencia de un gobierno progresista alienta a continuar con el proceso iniciado con la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, escrita en 2004, y que representa un antecedente importante a nivel latinoamericano y mundial”, valoró Emanuelli.

 Sobre los cimientos de esta declaración, el movimiento urbano popular en la Ciudad de México propuso trabajar, entre los años 2007 y 2010, la carta de esa ciudad por el derecho a la ciudad. Con el apoyo de movimientos y organizaciones de la sociedad civil, fue firmada en 2010 por los 3 poderes del Distrito Federal. Si bien retomaba mucho de la Carta Mundial, representó una superación de la misma, en tanto la forma de estructurarla no fue en artículos sino en ejes transversales y principios rectores, marcando la integralidad del derecho a la ciudad.

 El próximo paso fue en 2015, cuando el entonces Jefe de Gobierno, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), llamó a un comité redactor de la Constitución de la Ciudad de México, en el cual participó el HIC. “En este comité se discutió que el derecho a la ciudad fuera la espina dorsal de esta Constitución y que de ahí se desglosen los demás derechos. No se logró pero sí hay un artículo especifico, el 12, sobre el derecho a la ciudad”, explicó la coordinadora latinoamericana del HIC. Si bien no hubo participación popular y fue muy criticada, la sanción de esta constitución permitió establecer el marco legal-jurídico para la defensa de este derecho, aunque Emanuelli remarcó que “tenemos que seguir insistiendo en el plano político, no queremos que simulen el derecho a la ciudad”.

 Las últimas exposiciones estuvieron centradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de este primer encuentro internacional. Luna Miguens, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó con datos contundentes las limitaciones impuestas por el Estado y el mercado al ejercicio efectivo del derecho a la ciudad, tanto en relación al acceso de bienes y servicios como a la toma de decisiones y participación en los procesos de producción de la ciudad. “En la ciudad de Buenos Aires, el proceso de producción está totalmente desacoplado de las posibilidades económicas de la gran mayoría de los hogares porteños. En los primeros 8 meses de este año, el valor de las propiedades en dólares aumentó 8%, en un contexto donde el poder adquisitivo y el salario se desplomaron. Por poner un ejemplo claro, en Villa Urquiza, que tuvo un boom inmobiliario por la llegada del subte, los precios aumentaron un 35% en los últimos dos años”.

 Otro dato preocupante está vinculado con la creciente inquilinización de los hogares porteños, que representan más del 35% del total. Según una encuesta de Inquilinos Agrupados, las personas destinan más del 40% de sus ingresos a sostener el alquiler. Esto se traduce en un proceso informal de producción de la ciudad cada vez más masivo que reproduce la precariedad habitacional. “En el censo 2010, se hablaba de 163.000 personas viviendo en villas dentro de C.A.B.A. Hoy, según Larreta, hay más de 250.000, un crecimiento muy importante en menos de 10 años”, remarcó Miguens.

 Según la investigadora del CELS, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha hecho nada para reorientar la dinámica excluyente del mercado inmobiliario: “Todo lo contrario, tiende a profundizarlo. Hay dos casos claves; la venta de tierras fiscales a desarrolladores inmobiliarios y el proyecto de Código Urbanístico que se está discutiendo en este momento”. Esta ley, que es central para regular la producción en la ciudad, “no contempla instrumentos y principios de control territorial para frenar la escalada de precios y garantizar suelo y vivienda”.

 Por su parte, Sebastián Pilo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), remarcó los 4 ejes en torno a los cuales debe articularse el derecho a la ciudad: “El primero es la ciudad desde una perspectiva de derechos; el segundo, desde el principio de igualdad; el tercero, pensarla como bien común y sus relaciones con el exctractivismo urbano y el negocio inmobiliario y el cuarto, pensar a la ciudad como democracia participativa, diseñada por quienes la habitan”.

 En relación a este último punto, Horacio Corti, Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remarcó la importancia de trabajar con la sociedad civil y tener relaciones con otras organizaciones, como Polis y HIC, que tienen las mismas inquietudes en el ámbito internacional. Dentro del plano jurídico, destacó los 3 instrumentos claves que debe tener la “imaginación jurídica”: un genuino derecho a la inclusión social, el derecho de la economía popular y el derecho a la ciudad. Sobre este último resaltó que “gran parte de la población, y de manera creciente, vive en lugares urbanos. Este concepto nació como parte de la filosofía en Europa y ahora tiene su significación política. Nos apropiamos de esa idea y tratamos de volverlo algo jurídico y operativo”. Más allá de lo legal, para Corti el gran mérito de los procesos de urbanización en esta ciudad son gracias a las luchas de los propios habitantes de las villas y de los barrios populares: no existirían esos procesos sin las prácticas populares.

 La falta de garantía del derecho a la ciudad tiene consecuencias graves, tangibles, en las vidas de las personas que habitan las urbes: falta de acceso a servicios esenciales como la salud, la educación, agua potable, electricidad. No sólo se ven afectadas por la desidia estatal y la especulación inmobiliaria, sino que se ven sujetas a decisiones en las cuales el Estado no las invita a tomar parte. En palabras de Sebastián Pilo, “sin el derecho a la ciudad no está garantizado el derecho a la vida”.

Publicado originalmente en: https://rosalux.org.br/es/sin-el-derecho-a-la-ciudad-no-esta-garantizado-el-derecho-a-la-vida/

Foto: shorturl.at/uEFHJ

La Fundación Rosa Luxemburgo, organizó en marzo de 2018–junto a CEIL PIETTE (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CONICET)– un taller titulado “La clase trabajadora hoy: procesos de organización, desafíos y perspectivas”, donde Marcha entrevistó, en forma exclusiva, al geógrafo marxista y especialista en urbanismo, David Harvey.

 En el inicio de la jornada se abordó la coyuntura mundial. Así, Elis Soldatelli, Directora de la Oficina de enlace Buenos Aires de la Fundación Rosa de Luxemburgo, caracterizó la situación actual refiriendo que existe “una avanzada conservadora y transformadora de las estructuras legales de trabajo, un avance en la política represiva que expone a los trabajadores a una situación precaria y defensiva”, y expresó la decisión de la Fundación de apoyar los procesos de resistencia. Por su parte, otra de las organizadoras, Julia Soul de la CEIL PIETTE, explicó la propuesta del taller para reflexionar sobre el carácter actual de la clase trabajadora, las estrategias de organización y los desafíos que plantean las tecnologías digitales.

 En el encuentro participaron Lucas Cifuentes –sociólogo y asesor sindical en Chile–, Rosalía Pellegrini, de la Unión de Trabajadores de la Tierra-CTEP; Tomás Eliaschev del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); Lucía Caballero, integrante de Ni Una Menos y Cecilia Belistri, trabajadora despedida (en lucha) del INTI, quienes plantearon las experiencias que vienen impulsando.

 Luego, los miembros del ILPC Cinzia Arruzza –activista organizadora del paro mundial de mujeres–, David Harvey, el especialista en economía política Leo Panitch y Nantina Vgotzas, entre otras y otros, se encargaron de recuperar los ejes de debate y plantear el escenario del mundo laboral en la actualidad.

 En este marco, Marcha noticias dialogó con David Harvey, geógrafo e intelectual inglés, cuyo estudios a los movimientos urbanos contemporáneos desde una perspectiva antropológica y marxista han aportado al debate para pensar la ofensiva del capital hoy y el proceso de acumulación por desposesión que se da hoy en los territorios urbanos. Harvey dejó planteada la pregunta hecha por Marielle Franco, la concejala asesinada en Brasil: “¿Y si la Ciudad fuera  nuestra?”.

-¿Qué escenario percibe en América Latina,  después del ciclo de los gobiernos de centro-izquierda y progresistas? 

 -Pienso que el movimiento progresista no fue del todo progresista; en algún sentido hubo avances en cuestiones redistributivas, pero no hubo un enfrentamiento directo con la clase burguesa o las clases de las élites. Por otro lado, desde afuera, lo que me parece que puede haber despertado esto es la idea de un movimiento progresista que vaya más a fondo. Entonces no me sorprendería ver un renacer del movimiento progresista o socialista en la región. Podemos ver algunas señales, informes de movilizaciones masivas por lo de Marielle Franco o vemos también movilizaciones masivas acá, estas son señales de que la izquierda podría llegar a volver. Una gran pregunta entonces es: ¿Qué tipo de liderazgo de izquierda va a resurgir para dar dirección a este movimiento? Si es una restauración de lo que estaba antes, tal vez no funcione: tiene que haber, pues, un nuevo liderazgo y una nueva dirección; pero esta es solamente mi impresión.

 -Por otro lado, el trabajo está en un enorme retroceso en el mundo con la crisis global… ¿Qué destino ve hoy para el mundo del trabajo?

 -Pienso que todas las dimensiones del trabajo dentro del capitalismo actual están en una transformación masiva: hay una parte de la discusión que es la introducción de las nuevas tecnologías, pero hay otra parte que es la integración de los mercados y cómo están funcionando y retroalimentándose. Hoy justo estaba preguntando por lo que había pasado con las empresas recuperadas, las imprentas específicamente, y veo que enfrentan dos grandes desafíos: por una lado, las nuevas tecnologías digitales de offset; y la segunda dimensión es que la gente ya lee sus noticias de las redes sociales y medios digitales, entonces ¿qué hacen estas imprentas para vivir? Entonces, así como en los años setenta y ochenta, vimos una desindustrialización masiva a partir de la introducción de tecnologías, hoy lo estamos viendo en el sector de servicios. Esto pone un desafío muy grande para la izquierda, donde en aquellos años enfrentó los procesos de desindustrialización y perdió. ¿Hoy en día va a perder también en los sectores de servicios? Tiene que haber un proceso de reflexión muy profunda de cómo vamos a lidiar con estas nuevas tecnologías para darle una salida socialista.

 -Pero también, en la región la economía se ha informalizado mucho. Hay un gran sector que hoy no es asalariado…

 -En todos lados, e incluso ciertas personas jóvenes que recién conocen eso, les gusta. Trabajan seis meses en un café y después dicen “chau” y se van, y están todo el tiempo moviéndose y eso les parece entretenido; cuarenta años en un mismo trabajo les parece completamente aburrido.

 -En el libro Ciudades Rebeldes habla de la precarización laboral en la juventud a escala mundial, un  sector de la sociedad que sufre de manera particular las consecuencias de la gentrificación, del crecimiento desproporcionado de las ciudades, de la represión y el desempleo.

 -En la gran mayoría de los lugares que conozco, la posibilidad de ascenso social ha declinado. Por ejemplo, como tengo un ingreso razonable puedo ayudar a mis hijos a acceder a una vivienda y a otros tipos de necesidades que tengan. Puedo ayudarlos a que profundicen sus carreras universitarias o que tengan mayor nivel de educación y eso lo que genera es estratificar y solidificar la sociedad en segmentos. Lo que termina resultando es que para un sector puede haber un futuro razonable y para otra capa ningún tipo de futuro.

 -Las ciudades se están transformando rápidamente con la especulación inmobiliaria. Hoy, ¿hay debilidades o contradicciones de esta ofensiva del capital?

 -No veo muchas debilidades, más bien veo muchas fortalezas. Hay un proceso donde las ciudades dejan de ser un lugar para habitar y se convierten en un lugar para invertir, donde hay muchos condominios, mucho dinero puesto en edificios para ricos pero no en casas decentes para la vivienda, esto es lo que llamo la locura del capital y eso da como resultado que los movimientos que han emergido en los últimos veinte años tienen como uno de sus puntos centrales la vida diaria en las ciudades.

 -En ese sentido la especulación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires, como en otras ciudades no para de crecer.  ¿El combo deuda-créditos puede generar una crisis?

 -Más que una posibilidad, eso es una certeza.

 -Entonces, con esa perspectiva, ¿cuál tiene que ser la tarea de los movimientos urbanos?

 -Una de las tareas es tomar la ciudad para prevenir que el capital se aloje en las ciudades. Hay un ejemplo en Londres, donde se empujó al movimiento laborista por parte de varios movimientos para que esto no pasara. Lo que terminó sucediendo es que una mitad del movimiento laborista tuvo que frenar a la otra mitad del sector que estaba en el gobierno. Hay una división en la izquierda entre aquellos que están gerenciando el neoliberalismo y los que están viniendo de abajo diciendo: “no queremos más eso”.

-En la actualidad, muchos políticos de derecha hablan de “vivir mejor”. Creemos que ahí surge el desafío desde los movimientos populares de proponer la idea de vida digna, de pensar el derecho a la ciudad con esta concepción de transformar el territorio urbano no bajo la lógica del mercado y el consumo sino como espacio común bajo nuevas lógicas y nuevas relaciones sociales.

 -Creo que Marielle Franco en Brasil tuvo un slogan de campaña que era: “Si la ciudad fuera nuestra”. Eso tuvo mucha repercusión y alcanzó el 37 % de los votos por sobre los evangelistas, y creo que un slogan de ese tipo puede traer unidad en la gente y hacer una ciudad diferente. Al mismo tiempo, esto se relaciona con los fondos de pensión: si uno pudiera estar tomando el control de los fondos de pensión estos se podrían estar invirtiendo en casas dignas, en acceso a la vivienda, en lugar de invertir en grandes edificios y especulación.

 Estos conceptos también los usa la burguesía, no es un problema del eslogan en sí sino de quién lo toma, cómo lo usa y para qué. La izquierda es la que tiene que darle contenido a esos conceptos, eso es lo que me gustó de la campaña que se presentó como una pregunta. Marx dijo en El Capital que “los trabajadores y la burguesía tenían los mismos derechos, y ante igualdad de derechos la fuerza decide”.

Publicado originalmente en: https://rosalux-ba.org/2018/03/21/la-locura-del-capital-hace-que-las-ciudades-dejen-de-ser-lugares-para-vivir-y-sean-solo-lugares-para-invertir/

A finales de junio de 2016 tuvo lugar en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo en Buenos Aires el ¨Primer Seminario sobre Extractivismo Urbano¨, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y el Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI). Referentes populares, intelectuales, activistas y funcionarios comprometidos con los desafíos que supone la construcción de ciudades igualitarias, realizaron valiosos aportes para comprensión la problemática urbana y la caracterización del impacto de las dinámicas propias del modelo extractivo en las ciudades.

La invitación al debate sobre el concepto de extractivismo urbano puede resultar sugerente, incluso polémica. Así parecen haber pensado los cientos de participantes que se sintieron convocados/as a pensar los impactos que ha tenido el extractivismo en las dinámicas urbanas.

El inicio del seminario contó con la participación de referentes intelectuales comprometidos, desde la geografía y el urbanismo, con las problemáticas urbanas contemporáneas. Así, Pablo Ciccolella describió el proceso de restructuración capitalista neoliberal que supuso cambios en el modo de regulación del Estado, y del paradigma del desarrollo, y estuvo acompañado por profundas transformaciones tecnológicas. El carácter distintivo de este proceso es su inestabilidad –como efecto de la financiarización- y la acelerada reconfiguración territorial depredatoria, en un contexto inédito a nivel planetario de cambio climático, redefinición de la matriz energética y crisis alimentaria.

El impacto directo que esta dinámica tiene sobre las ciudades se evidencia en el proceso creciente de especulación inmobiliaria, sobreexplotación de suelo urbano, fragmentación de morfologías urbanas y estilos de vida, colapso de infraestructura y crecimiento del hábitat precario, la pérdida de calidad de vida urbana, y en una mayor exposición a desastres ambientales.

Eduardo Reese (CELS) retomó esta caracterización y graficó su impacto en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la proliferación de nuevos productos del mercado inmobiliario, signada por un proceso de sobredimensificación y la sobreexpansión urbana que marcan las dinámicas de valorización excluyente en la región. Es decir, cuando se logra cambiar usos del suelo “estirando la ciudad” a través de la expansión de urbanizaciones privadas y semi privadas, o cuando se transforman las densidades de áreas urbanas, a partir de la construcción de desarrollos inmobiliarios de largo alcance –mega torres de más de 30 pisos con comodidades- se corren también las curvas de precio de suelo, y los precios internos de la ciudad.

Reese realizó además una caracterización de la “Ley de acceso justo al hábitat” de la Provincia de Buenos Aires, hito fundamental respecto de la visión del hábitat y la vivienda, en tanto plantea que la construcción del territorio es una construcción colectiva, y pone límites al mercado que debe estar disciplinado en términos de lo que la política pública defina hacer. Los profundos condicionamientos impuestos por los desarrolladores inmobiliarios preocupados por los principios jurídicos que asume la ley no se hicieron esperar.

Por último, Patricia Pintos describió los impactos del urbanismo privado en los humedales de la región metropolitana de Buenos Aires. La gentrificación de la periferia popular, la destrucción, modificación y banalización del paisaje natural, histórico y cultural, son algunas de sus consecuencias, que dan lugar, palabras de Pintos, a “un urbanismo escenográfico que busca reproducir otras geografías. Los ecosistemas originarios son destruidos, por el mismo proceso que son elegidos (espacios con agua)”.

El avance de estas urbanizaciones (más de 60 urbanizaciones que ocupan 9.200 hectáreas de humedales) ha generado desastres socioambientales, ya que los humedales contienen las inundaciones y su desaparición produce graves inundaciones. Los barrios colindantes son los más perjudicados y también quienes iniciaron la resistencia y judicialización de los perjuicios colectivos, contando esta semana con una buena noticia, un fallo judicial a favor de los humedales.

La geógrafa destacó también la tensión entre el enfoque patrimonialista de la propiedad, que busca generar una oferta paisajística segmentada alterando el suelo, y la perspectiva comunitaria de defensa de los bienes comunes, que generan beneficios para el conjunto de la población.

El panel de la tarde tuvo como objetivo debatir el concepto de Extractivismo urbano a la luz de la construcción del derecho a la ciudad y a la vivienda y sus “traducciones” en la ciudad de Buenos Aires

La arquitecta e investigadora Guadalupe Granero Realini comenzó citando a Henri Lefevbre, pionero en la referencia al concepto de derecho a la ciudad, no solo como derecho al espacio físico, sino como concepto guía frente a la necesidad de repensar a todo el conjunto social. Desde esta perspectiva, para Lefevbre el derecho a la ciudad es una idea revolucionaria.

Desde el punto de vista de la investigadora, este pensamiento no solo ha generado interés y acciones en ámbitos académicos, sino también ha tenido su correlato en movimientos de protesta en distintas partes del mundo, en algunos casos incluso con mucha repercusión mediática. Y, por otro lado, en algunas grandes urbes se ha avanzado en la elaboración de una carta por el derecho a la ciudad, una suerte de compromiso asumido por diferentes sectores.

Jimena Navatta (CEAPI), dialogó con estas ideas a partir de las críticas a políticas llevadas adelante y la visión del Pro durante los ocho años de gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, y los siete meses de su sucesor en el cargo, Horacio Rodríguez Larreta. En ese sentido, remarcó que ese espacio político “entiende a la construcción como una supuesta forma de desarrollo en sí misma, de la misma manera que interpreta que el aumento del valor del metro cuadrado es un indicador de bienestar”. Por esa razón —dijo, ha sido una constante la venta de tierra pública para favorecer a sectores privados.

Navatta también puso el acento en la desinversión en las áreas de vivienda del gobierno porteño, en las que paulatinamente ha ido bajando el presupuesto que se destina. Otra característica de época, apuntada por la expositora, es la desregulación y la falta de intervención estatal en los mercados del suelo e inmobiliario: una prueba de ello es que se calcula que en la ciudad de Buenos Aires el número de inmuebles vacantes u ociosos llega a 350 mil, en tanto que hay medio millón de habitante con problemas habitacionales, aun cuando la población se mantiene estable desde hace más de 50 años.

La exposición de Maximiliano Duarte se centró en su experiencia como investigador en la ciudad de Río de Janeiro, donde se ha dado el avance de las llamas policías pacificadoras, en ámbitos pobres y vulnerables, como las favelas. Duarte explicó ese proceso, desarrollado como pretendida contención —y represión, en realidad— de los sectores más afectados por el modelo extractivista urbano en esa ciudad de Brasil.

El investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Río de Janeiro señaló que la creación y el impulso a esos grupos policiales se dan en el marco de una mirada racista y, a la vez, de un espiral armamentista. Además, precisó: “Para que estas políticas represivas se concreten, primero es necesario que se construya socialmente qué es una favela, que se consolide una visión estigmatizante para tener cierto consenso a la hora de reprimir”.

En el panel de cierre, la escritora y activista Gabriela Massuh retomó la idea del extractivismo urbano resaltando el rol que tiene en este proceso el Estado, que lejos de estar ausente, se pone a la par de las corporaciones. En la ciudad de Buenos Aires, los distritos, perímetros definidos por el gobierno local, dividen a la ciudad polos temáticos –polo audiovisual, de las artes, distrito joven, de diseño, etc– que en general implican grandes beneficios para las empresas (exención de monotributo y abl, del impuesto al sello) y profundizan esta banalización del paisaje urbano que señalara Patricia Pintos, como dispositivo fundamental de la lógica del Extractivismo.

Sergio Kiernan, periodista, planteó que en estos últimos 15 años la Ciudad de Buenos Aires tuvo un cambio de eje, y que el nuevo enfoque estuvo signado por la mercantilización y la capacidad de proyectar la ciudad como un modo de obtener capital político y económico, y observó que las tensiones por el espacio urbano aparecieron espacio urbano en el momento en que se acaban los espacios urbanos libres, antes había verde y terreno en la ciudad, hoy saturada y sin posibilidades de ampliar el espacio público.

En las palabras de Enrique Viale, miembro del CEAPI, la propuesta fue clara: “Extractivismo urbano, ¿por qué? Las problemáticas son muy similares: la especulación inmobiliaria provoca desplazamiento, daños ambientales, y desafía la naturaleza en el marco de una degradación institucional y social. Las características comunes se nutren de la misma lógica extractivista, provocando acumulación y reconfiguración negativa”. En el panel de cierre del primer día de debate, Viale comparó la actual especulación inmobiliaria y la gentrificación urbana con los commodities –que son producto de la extensión del monocultivo de soja, por ejemplo– ya que tienen dinámicas similares: convierten el valor de uso en valor de cambio, generando la proliferación de viviendas ociosas y desocupadas como modelo de planificación urbana. La contracara necesaria de este proceso se expresa en el aumento de los desalojos, la desigualdad en la concentración de la propiedad del suelo urbano y la exclusión y privatización de espacios públicos, entre otros impactos.

Publicada orginalmente en: https://rosalux-ba.org/2016/07/11/debates-para-una-construccion-colectiva-de-las-ciudades/

Foto: shorturl.at/stuzI

"La Boca no está en venta"

El Lunes 29 de Octubre de 2018 ocurrió la segunda jornada del «Encuentro Internacional por Las Ciudades Igualitarias» que paralelamente al Urban-20 propone abrir el debate en torno a la problemática habitacional en las ciudades, y las disputas sociales, culturales y políticas que suceden en el marco de los gobiernos neoliberales.

El pasado lunes Caminito, el famoso recorrido turístico del barrio La Boca (Buenos Aires/Argentina), vio interrumpido su cotidiano de tangos y paseos para volver a transformarse en un escenario de disputa de la mano de las y los vecinos, organizaciones y artesanos que reclaman al gobierno de la ciudad garantías y derechos fundamentales que durante décadas las distintas gestiones han intentado censurar.

Una radio abierta coordinada por la organización La Boca Resiste y Propone dio inició a esta jornada por donde pasaron diferentes personalidades, referentes y activistas. Natalia Correa, trabajadora del Centro de Salud N° 9 de la Boca, fue una de las entrevistadas quién denunció «las problemáticas que traen aparejadas las situaciones de desalojos». En esa línea continuó, «luego de cada desalojo los cuadros de desnutrición, u otros hechos como el abandono escolar se hacen frecuentes en las familias que sin su vivienda propia terminan en la calle o en un parador». Junto a otras trabajadoras que la acompañaban transmitían «la necesidad de entender la salud desde una mirada integral, y en ese sentido la vivienda es una necesidad y un derecho básico».

Luego fue el turno de Cesare Ottolini, coordinador global de la Alianza Internacional de Habitantes, qué transmitió la necesidad de «frenar los procesos de gentrificación que no respetan los derechos humanos básicos». En ese marco remarcó la obligación de los gobiernos en «pensar los barrios, no para los ricos, si no para los habitantes. Las personas que habita en el barrio tiene el derecho a quedarse». Finalizó señalando la importancia de las organizaciones sociales en la disputa por el derecho a la vivienda, tomando como ejemplo lo ocurrido en el barrio Monte Sinai en Guayaquil, Perú, donde junto a las organizaciones sociales del territorio armaron una mesa de diálogo con el gobierno y lograron frenar los desalojos a más de 3.500 familias que allí reciden.

Por su parte, Cristina Reinaldes integrante de la Coordinadora de Villas y Barrios Populares, expresó que «el caso de la boca es emblemático pero también encontramos desalojos en todas las villas bajo procesos de urbanización». En ese sentido continuó «hubo barrios que aún registrados en el RENABAP fueron igualmente desalojados de sus territorios», y subrayó la importancia de estos encuentros «no solo para frenar los desalojos, si no también para visibilizar el avance del mercado inmobiliario sobre viviendas que popularmente fueron ganadas por las familias».

El cierre de la radio abierta estuvo a cargo de Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, quién felicitó a los vecinos y vecinas por la organización de este encuentro e hizo hincapié en «seguir luchando sin bajar los brazos, se lo decimos nosotras las locas, que a pesar de los bastones estamos y seguiremos luchando». A continuación, le hicieron entrega de un cuadro realizado en la misma feria donde se realizó la primer parte de la jornada.

City tour de desalojos

Finalizada la radio, las organizadoras invitaron a los y las participantes del encuentro a los micros que esperaban en la entrada del caminito, para realizar un recorrido por el barrio de La Boca junto a referentes de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. Mientras se organizaba la partida, si bien los micros se encontraban estacionados el recorrido ya había comenzado. Frente a ellos, un mural impactó a las y los presentes. Había sido realizado por la Brigada muralista «Ramona Parra» en el marco de un encuentro de muralistas realizado durante el pasado año.

El «tour» comenzó con su correlato histórico por parte integrantes de La Boca Resiste y Propone, a quienes allí se encontraban. Esa explicación resultó necesaria para entender la lucha que el barrio construye generación tras generación, desde la marcha de los inquilinos y la huelga de las escobas La Boca fue un epicentro de la lucha por el hábitat digno y el derecho a una vivienda. Cien años pasaron desde aquellos episodios y la historia se repite. Pero así como el avance de los distintos gobiernos fue una constante contra la dignidad de las familias que allí residen, también lo fue la lucha y resistencia de los vecinos y vecinas contra esos atropellos. En tan sólo este pequeño espacio de la ciudad de Buenos Aires «hay 182 juicios, es decir más de 650 familias relacionadas a situaciones de desalojos» explicaron las vecinas. Por eso, desde La Boca Resiste y Propone junto a otras organizaciones se escribió un proyecto de ley de alquileres presentado en la legislatura.

«No hay derecho a la salud sin derecho a la vivienda»

Los micros avanzaban a paso lento ya que acompañando el convoy, algunos vecinos y vecinas en bicicletas iban señalando con gestos y gritos las diferentes historias o sucesos del barrio que se marcaban en sus calles y paredes. Entrando por la calle Garibaldi una familia nos esperaba en la vereda con carteles como «La Boca no está en venta» y «aquí hay familias luchando por la vivienda». Carolina, por su parte, seguía el relato por cada cuadra contando las casas que se encontraban resistiendo los desalojos, «todas las cuadras del barrio tienen al menos una situación de intento de desalojo, y la que no es porque los desalojos ya se efectuaron» relataba sumergiendo a sus visitantes cada vez más en las historias de la barriada.

El contexto es de desidia, y cada conventillo tiene su historia. «Al costado hubo un incendio en donde murieron dos chicos» recuerda dolida una vecina al señalar una casa. Ella misma había sido educadora de los mismos años atrás. «Hace 10 años que están esperando que se ejecute el proyecto del IBC», unas cuadras adelante mostrará un mural hecho por Freddy Filete que recuerda y reclama por las y los niños muertos en causas evitables.

Al girar en una de las esquinas, un grupo de vecinos y vecinas desplegaban una bandera: «Comahue desaloja familias». Se trata, nada más y nada menos que de una empresa de seguridad privada aportante de campaña electoral de Cambiemos, quien compro a precio ruin, «los dispositivos que generamos por los desalojos valen mucho más caro» reflexionan las integrantes de La Boca Resiste y Propone. «Los desalojos administrativos son un acto que no requiere ningún permiso judicial, con la excusa de estar en situación de derrumbe dejan a las familias en las calles» explican.

No hubo recoveco de La Boca en la que los micros no se metieran. Las integrantes de La Boca Propone y resiste reflexionan:  «además de los intentos de desalojos, el abandono y la desidia del estado es otro componente que acorrala a las familias». Y en esa línea continuó, «uno de los mayores problemas que afronta cotidianamente el barrio son los incendios por el estado de algunas viviendas, siendo este un fundamento que el gobierno utilizada para efectuar los desalojos». Dando a entender las diferentes estrategias del gobierno para avanzar con los negociados inmobiliarios, explicó «los desalojos administrativos son un acto que no requiere ningún permiso judicial, con la excusa de estar en situación de derrumbe dejan a las familias en las calles y hacen uso de dichos inmuebles».

En ese sentido, otra de las violencias que no dejaron de mencionar fue la sistemática persecución y criminalización hacia la población joven y pobre de La Boca. Entre tantas historias, la de Nehuen Rodríguez resonó en las y los presentes. Atropellado en diciembre de 2014 por un patrullero. Actualmente su madre junto a otras madres de víctimas de la violencia y represión policial.

Realizaron un comedor como respuesta ante el ajuste. De esa manera, las integrantes de La Boca Resiste y Propone manifestaron «no sólo con balas mata la policía. No sólo con los policías mata el estado» siendo interrumpidas con los aplausos de quienes allí se encontraban. «Con esto decimos que cuando no hay un Estado brindando respuesta a la situación habitacional también ahí hay violencia institucional» afirmaron.

Luego fue el turno del Club Boca Juniors, emblemático y conocido por todas y todos. Por eso, no se necesitaron muchas aclaraciones para dar cuenta del negocio inmobiliario con el que avanza sobre el territorio. En ese marco, los vecinos y vecinas querellaron no sólo contra dichas intensiones propias del club, sino también contra el Gobierno de la Ciudad y la Coorporación Sur por ser parte. Para ello, disputaron colectivamente los terrenos que el club quiso comprar a precio ruin para hacer un estadio shopping. Hasta el momento, se ganó que el único predio verde de La Boca quede como un espacio verde para los vecinos y vecinas y que en tal caso, sean ellos y ellas quienes definan qué hacer con el mismo. Para finalizar esa parte del recorrido sus referentes enfatizaron «sin potrero no hay Maradona». Para ello, los mismos vecinos y vecinas crearon la Organización Boca es Pueblo quienes «militan para recuperar un Boca popular de puertas abiertas a sus hinchas» según relataron en la jornada.

A lo largo del recorrido, los murales y stencils acompañaban mostrando el paisajismo político de quienes habitan el espacio. Entre ellos, las vecinas cuentan que uno de ellos recordaba a las y los 30.000 detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico, militar y eclesial. «Ese mural fue una gran disputa» recuerdan «donde el Gobierno de la Ciudad quería hacer su mural y finalmente con lucha terminamos haciendo el nuestro». Sin embargo, este triunfo no es cotidiano, día a día ven cómo se amplía la política de «palermizar cualquier barrio de la ciudad» según sus propios conceptos. Por eso, la disputa por los murales es incluida en la misma lucha por el territorio, es claro que la estética que se quiere generar desde el Gobierno va contra el bagaje cultural propio del barrio.

Pero no todo es tristeza, en La Boca, además de sus colores, sus vecinos y vecinas vienen generando grandes triunfos cotidianos en defensa de su identidad. Es así que pudieron identificar la vinculación entre una inmobiliaria con prácticas de desalojo. Desde agosto de este año las denuncias de las y los vecinos tuvieron su efecto y el dueño de la inmobiliaria Sheik se encuentra actualmente detenido por distintos delitos, por un lado establecía una relación de prestamista a precios altos, a su vez falsificaba firmas y documentos para quedarse con casa desocupadas. Al investigar, las y los vecinos dieron cuenta que esta inmobiliaria cuenta con más de 100 propiedades la mayoría en La Boca, San Telmo, Constitución y Barracas, y gracias a ese trabajo sistemático de denuncia pudieron ponerle fin.

Publicado originalmente en: https://rosalux.org.br/es/jornada-de-lucha-por-el-derecho-a-la-vivienda-la-boca-no-esta-en-venta/

Foto: https://acortar.link/qRRfQP