La Unión, La Lucha, San Martín y 20 de Julio. Así se llaman las barriadas que improvisaron las 2500 familias que ingresaron al predio. Sus historias desnudan el drama del déficit habitacional.

El viento furioso que sopla del sur golpea las casillas forjadas con nylon, madera, alambre, cartón y, con suerte, alguna chapa. Se levantan sobre el descampado, en los márgenes olvidados de Guernica. Las casitas y carpas llegan hasta un bosque, el horizonte y mucho más allá. El ventarrón mañanero las zamarrea, las castiga, las maltrata. Pero no las puede doblegar. Tampoco a los vecinos que las construyeron.

“Pasamos lluvia, piedra, helada, la policía apretando… y mire, no se fue nadie. Estamos acá por necesidad, por nuestro derecho a tener un pedacito de tierra”, dice Leandro con la frente alta, desde su lote en la manzana 8. El joven de 28 años cuenta que está en pareja y tiene dos pibes. Hasta marzo pasado, cuando la peste llegó al país, se ganaba el mango como albañil. El jornal en negro alcanzaba raspando para pagar la pieza en el barrio de al lado, en Numancia. No mucho más: “Entonces llegó la cuarentena y me quedé sin laburo. Traté de inventarme changas, sacaba poco y nada. Ya debía cuatro meses de alquiler. La mayoría estamos en la misma. Changarines, vendedores ambulantes, buscas, trabajadores precarizados, todos afuera del sistema. Yo no quiero que mis hijos vivan abajo de un puente. Entrar acá fue la salida que encontramos.”

El dilema

Gente sin tierra, tierra sin gente. Hace casi dos meses, empujadas por la crisis habitacional y la eterna falta de techo, unas 2500 familias ingresaron al predio abandonado de casi un centenar de hectáreas en el municipio de Presidente Perón, en el último sudoeste del Conurbano. El deseo era construir un barrio donde vivir. Ya en el asentamiento se organizaron en asamblea, eligieron delegados y lotearon. Terminaron conformando cuatro barriadas: La Unión, La Lucha, San Martín y el 20 de Julio, en memoria del tórrido lunes invernal en el que se encendió la toma.

“La mayoría es gente de Presidente Perón. Vivían hacinados en casas de familiares o tuvieron que dejar el alquiler por las deudas. Es bravísima la situación en pandemia. El dilema es comer o pagar la pieza. Muchos ya estaban a la intemperie”, asegura Lorena, docente y militante activa del MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), una de las tantas organizaciones que dan una mano en los barrios para capear la malaria, como el MTR Votamos Luchar, el FOL, la OLP Resistir y Luchar, el Polo Obrero, Víctor Choque, Barrios de Pie-Libres del Sur y el Frente Darío Santillán Corriente Nacional. La historia de Guernica, explica la maestra, está atravesada por las tomas: “Así creció esta parte del Conurbano en particular, y la Argentina postergada en general. Los asentamientos son la única forma que tienen los pobres para acceder a un techo”.

Esquivando charcos y barro, Lorena dice que después de 45 días de toma, las respuestas del municipio y la gobernación de Buenos Aires han consistido en la judicialización, el hostigamiento y la represión. “La parte del 20 de Julio está floja de papeles, hasta ahora en la causa nadie presentó documentos –detalla–. Supuestamente, hay solo algunos papeles de posesión y también denuncias por la venta fraudulenta que hizo el anterior intendente. Está ayudando la Gremial de Abogados, y el barrio sigue organizándose”.

Hace unas semanas, los funcionarios engañaron a las familias con un falso censo. Tomaron datos y 533 vecinos quedaron imputados: “En el medio hubo una mesa de diálogo con la intendenta Blanca Cantero, representantes de la provincia y los delegados del barrio. No se avanzó en nada. Ahora está la orden de desalojo. Hay mucho miedo”.

El pasado fin de semana, antesala a la protesta con sirenas y patrulleros, la brava Bonaerense intentó anticipar el peor final: se llevaron detenidos a nueve vecinos. ¿El delito? Traer agua y maderas a la barriada.

“La policía nos verduguea, nos cagaron a palos. Es difícil la lucha”, dice Alejandro, al tiempo que hunde sin descanso la pala en la tierra. El muchacho está armando una huerta en su terrenito: “Mañana le meto semillas, es buena tierra, bien negrita”. Para el verano promete cosechar generosos morrones, zapallos y mucha verdurita: “Para que coman los pibes en el comedor del barrio. De acá no nos vamos”.

La olla y el martillo

Carolina camina diez cuadras todas las mañanas para conseguir un poco de agua que les brinda una vecina del Numancia: «Ella es muy buena. Hay otros que se aprovechan, empezaron a cobrar, hasta 100 pesos por bidón”, tira la bronca la cocinera y se acomoda el barbijo casero que la protege del virus. No deja de revolver con un palo el guiso de la olla popular. Pollo, cebolla y algo de calabaza: “Cada vecino pone lo que puede, todos ayudamos. A la tarde hacemos mate cocido y tortas fritas para los chicos”.

Cuenta Carolina que es migrante paraguaya, oriunda de las rojas tierras de Encarnación. Se vino con su mamá cuando tenía diez años. Ahora anda por los 26. Fue empleada doméstica y vendedora de ropa. Está sin una moneda. Sola cría a su hija Safira, que corretea un barrilete cerca de la casilla: “No pudimos con el alquiler, con lo puesto nos vinimos al terreno. Dormimos en una hamaca, cuando llueve nos gotea el nylon del techo. Nada tenemos. Si nos sacan de acá, ¿a dónde vamos a ir?”.

Alejandro sabe que hay que ser preciso con el martillo. Bajo el sol tibio del mediodía ayuda a sus vecinos a armar el esqueleto de una casilla. “El Pela”, como lo apodan sus compañeros, hace un alto en la faena con los clavos. Reflexiona usando la palabra con precisión, como cuando trabaja la madera: “Los políticos y los medios demonizan la recuperación de tierras. Cuando ellos miran este predio, seguro piensan en hacer un country, un negocio inmobiliario. Para nosotros, es la posibilidad de tener un futuro”.

Yamila llegó al predio el 23 de julio con sus hermanos. La morocha estudia trabajo social y milita en el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha). Sabe que para lograr la ansiada urbanización, la clave está en el trabajo colectivo: “La pelea es de todos los vecinos y vecinas. Si no nos hubiéramos organizado, ya nos habrían sacado. Por algo le pusimos La Unión”. A veces, cuando lee en el teléfono las noticias sobre su barrio, Yamila se agarra flor de bronca: “Muchos medios corren el eje y solo lo reducen a la toma de tierras, nos llaman usurpadores. El tema es mucho más complejo. ¿Y las necesidades de las familias? ¿Y la falta de oportunidades? La gente acá no está por gusto. En la pandemia nos quedamos sin trabajo, con deudas, sin casa, era imposible seguir así”.

Dónde caerme muerto

Desde el lote de Juan puede verse el camión de la infantería, que vigila con recelo el acceso al barrio: “A veces ni agua dejan entrar. Es algo esencial, tengo cuatro criaturas. Dígame, ¿cómo les hago un té?”. Juan tiene 23 años y es cartonero. La calle en cuarentena, asegura el muchacho, ya canoso, está cada vez más brava. Últimamente no saca ni para los pañales: “Está re dura. Mucha gente se metió en el cartón, hasta oficiales albañiles hay cartoneando”. Después, agradece las manos solidarias que le tienden sus compañeros: “Estoy acá porque no puedo pagar un alquiler. Usted nos ve: pasamos frío, no tenemos baño, aguantamos como podemos, esta es nuestra realidad. La de todos los que necesitamos un pedazo de tierra, para hacernos una casita y dejarles a nuestros hijos. Para de una buena vez, tener algo el día de mañana”.

A don Francisco se lo encuentra tomando unos mates frente al ranchito que armó con cuatro chapones en la zona de La Lucha. Ahí guarda un colchón, un par de frazadas y su dignidad infinita. Estoico albañil desocupado, con 60 años sobre el lomo. Seis meses sin trabajar, nada de nada, le comieron los ahorros: “Como Dios me trajo al mundo. Abandonado y olvidado, así me siento”. Sin embargo, dice, no se va a rendir. Menos ahora que consiguió un terrenito: “La vamos a pelear con los compañeros. Hay que aguantar, es duro, pero hay que aguantar. Ahora tengo dónde caerme muerto. No tenga dudas, esta es nuestra tierra”.

Nota publicada previamente en https://rosalux-ba.org/2020/09/17/barro-chapa-y-viento-la-lucha-por-un-pedacito-de-tierra-en-guernica/

Foto: https://flickr.com

Cuando no había COVID-19 y las clases medias altas de América Latina podían pensar en un cambio de vida, comenzaron a migrar. Parejas de profesionales jóvenes escapaban de la metrópoli -Buenos Aires, Santiago, Bogotá- buscando la experiencia rural (sana, con olor a tierra, tranquila) en ciudades intermedias. Ciudades con wifi, educación privada, pero con vistas al mar, la cordillera o la sierra. La pandemia ha agudizado esta huida, constatan los autores. Por otro lado, ha despertado o profundizado la resistencia de los locales, quienes “obstaculizan rutas de acceso, colocan carteles que prohíben el paso, apuntan a las metrópolis como foco de riesgo epidemiológico y solicitan el testeo sanitario de quienes pretenden ingresar al territorio”. En esta columna, tres investigadores de Argentina y Chile revisan datos recopilados desde 2010 en los que describen tres momentos de una década: la fantasía de lo rural, la huida de la metrópolis y los desafíos post-pandémicos. 

Sabemos el comienzo de la historia: el capitalismo avanza industrializando, urbanizando y penetrando zonas cada vez más aisladas. Como en una película de terror, su andar va despertando monstruos. No se trata de una lectura moralista (al virus poco le importa quiénes somos o qué pensamos), sino informada: según EcoHealth Alliance, en los últimos cuarenta años se han triplicado las infecciones por derrame, con transmisión de virus desde distintos animales –murciélagos y primates, principalmente– hacia humanos. Ocurrió con el SARS, el Marburgo y el Ébola, y puede que también haya sido el caso del Coronavirus en Wuhan. Como sugiere Christine Johnson, directora del EpiCenter for Disease Dynamics, «esta transmisión es resultado directo de nuestras acciones en la vida salvaje y sus hábitats». 

Sabemos también cuál es el nudo de la historia: en nuestro planeta híper-conectado, atravesado por flujos incesantes de personas, ideas y cosas, el virus se expandió a la velocidad de un grito, y asustados ante su amenaza, las personas respondieron cerrando puertas y ventanas, ajustando sus rutinas, abandonando el cara a cara y comenzando a vivir la vida, según pudieran, encerradas entre paredes y pantallas. 

La pandemia golpeó al mundo, pero especialmente a las metrópolis. Con una rapidez que aún sorprende, las calles se vaciaron, los sonidos se apagaron, y los cuerpos dejaron de verse y tocarse. La gran ciudad era multitud, densidad, ruido y anonimato, y hoy esos atributos se encuentran aletargados y suspendidos; y más aún, nos comenzaron a parecer dañinos y peligrosos.

Las cifras tras este miedo nos secundan: quienes vivimos en las grandes urbes estamos más expuestos a ser alcanzados por el virus. A la fecha, más del 80% de los casos chilenos han sido detectados en la Región Metropolitana de Santiago, con un total de 187 mil personas infectadas, y algo similar ocurre en la Argentina, con 35 mil casos (93%) en el Área Metropolitana de Buenos Aires, siendo que esta sólo concentra 37% de la población. 

Esta concentración del virus ha hecho florecer un desprecio antiguo contra las grandes ciudades; miradas que le reprochan su artificialidad, violencia, consumismo e indiferencia. A la vez, ha revitalizado el imaginario virtuoso de su antítesis histórica: lo rural, que si bien esporádicamente ha tenido cargas negativas –percibida como salvaje o primitiva–, usualmente ha sido vista como el reino de lo bello, lo simple y lo bueno. Como escribe Henry Thoreau: «Un halcón de los pantanos sobre la llanura de Concord es más valioso espectáculo para mí que la entrada de los aliados en París» (2016).

La pandemia golpeó al mundo, pero especialmente a las metrópolis. Con una rapidez que aún sorprende, las calles se vaciaron, los sonidos se apagaron, y los cuerpos dejaron de verse y tocarse. La gran ciudad era multitud, densidad, ruido y anonimato, y hoy esos atributos se encuentran aletargados y suspendidos; y más aún, nos comenzaron a parecer dañinos y peligrosos. 

El despertar de «lo natural» se viene rumiando hace décadas, y ya desde fines de los noventa puede observarse en ciudades como Santiago, Bogotá o Buenos Aires una articulación de prácticas relativas a la búsqueda de una vida «más pura», asociada al buen vivir, de «escala humana», con relaciones comunitarias y donde el bienestar corporal reciba un cuidado permanente a través de la dietética y el deporte. La pandemia y su muerte han profundizado estos relatos, y la posibilidad de huir se ha colado en las mesas de muchas familias y amigos. Especialmente de profesionales jóvenes de clase media y alta, quienes calculan presupuestos y vitrinean propiedades lejanas para fantasear con otras vidas. La playa, el bosque, la montaña o la sierra se figuran como escenarios apacibles donde pasar unos días de confinamiento, e incluso asentarse de forma permanente. 

Para quienes no es posible la huida, ésta sobrevuela en forma de simulación. Uno de los videojuegos más exitosos durante la pandemia ha sido Animal Crossing, lanzado por Nintendo el 20 de marzo. En él, los usuarios deben habitar sectores rurales, viviendo en armonía con otros. Como explica Alex Christiansen: «el juego tiene una cadencia de villa, de espacio soñado, alejado de todo», asunto que destaca también Camila: «Me encanta lo relajante que es, sin muchas expectativas, sólo estar ahí. Se siente como un escape del mundo, especialmente ahora con todo lo que está pasando». Le preguntamos a Alex sobre cómo se relaciona el juego con su vida metropolitana y responde: «Yo tengo mi familia en Viña, y antes de la cuarentena iba [seguido], entonces nunca he perdido el foco con esa vida más tranquila (…) Sé que es un anhelo imposible, pero me gustaría que el ritmo de Santiago pudiese ser así».

Si dividiéramos el mundo en dos –lo urbano y lo rural–, podríamos imaginar que una crisis de la metrópolis desencadenaría flujos migratorios hacia «lo natural», pero la realidad posee más arreglos territoriales que los delimitados por ese binarismo (Greene & De Abrantes, 2019). De hecho, durante las últimas décadas la huida no ha sido tanto a parajes idílicos y aislados, rodeados de praderas, aguas cristalinas y nevados, sino a otras ciudades conocidas como intermedias o no-metropolitanas. 

Sabemos cómo comenzó y cómo siguió, pero no cómo terminará. No podemos saberlo, pero nuestros estudios en localidades de este tipo nos han dado algunas lecciones necesarias de atender, y que pueden anticipar algunos posibles problemas, desafíos y frustraciones de este movimiento.

 Lejos de la metrópolis

Como bien recoge este dibujo de Mathew Borrett, una de las formas más extendidas en que se imagina la urbanización mundial tiene la forma de una metrópolis que avanza implacable sobre el campo. Es por ello que Henri Lefebvre habla de un capitalismo cuya conquista es espacial, y que no se detendrá hasta que cada rincón del planeta responda a su palabra. Ahora bien, aunque efectivamente la urbanización esté avanzando a un ritmo acelerado, su distribución no ocurre como suele pensarse: los datos sugieren que, más que las metrópolis, son las ciudades de tamaño medio las que atraen mayor población. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, mantiene su población estable desde 1947, período desde el cual el crecimiento se concentró en sus zonas periurbanas. Desde los ochenta, sin embargo, tanto la ciudad como su conurbano se han mantenido estables, mientras que algunas ciudades periféricas y entornos rurales han evidenciado crecimientos intercensales de hasta el 50%. Para Chile, si en el periodo 1940-1970 las grandes ciudades crecieron al 3.1% anual, desde entonces a la fecha su ritmo ha caído a un 1.9%. Las ciudades no metropolitanas, en cambio, mantienen un crecimiento demográfico del 2.5%, duplicando el promedio nacional. 

Este declive en la capacidad de atracción de la gran ciudad ha sido tradicionalmente explicado por transformaciones estructurales del capitalismo tardío, como los procesos de desindustrialización y terciarización. Sin desconocer su rol, creemos que el fenómeno debe abordarse también desde otros ángulos, analizando cómo se empalma con un reencantamiento de los escenarios rurales y urbanos de menor escala. Las investigaciones que venimos desarrollando en localidades de acogida de flujos metropolitanos, tanto en la Argentina como en Chile, nos han permitido entender, de hecho, que las subjetividades de quienes huyen o desean huir buscan entornos «más naturales», menos intervenidos y contaminados; prácticas saludables, vinculadas a la tierra (asunto de gran importancia para familias en etapa de crianza); vidas tranquilas; bajas tasas de criminalidad; escenarios menos colonizados por la lógica capitalista, donde el consumo y el dinero sean menos preponderantes; y relaciones sociales más comunitarias, entramadas en redes solidarias. 

Los metropolitanos que finalmente se atreven a hacer sus maletas, meten en ellas diversas fantasías sobre sus vidas futuras. Al desempacar, sin embargo, la realidad rara vez se ajusta a sus anhelos y pocas cosas resultan ser como imaginaban. Más que inclusivas, las comunidades receptoras suelen percibirse cerradas y homogéneas. La naturaleza, por su parte, no es tan prístina como en las postales o publicidades inmobiliarias, y el trabajo es al menos igual de intenso que en la capital. 

Las localidades receptoras han abrazado esta descentralización, pero no sin fricciones. Hay quienes ven en este movimiento la posibilidad de crecimiento, progreso y sofisticación; pero también están quienes ven amenazados sus modos de vida, sea por la expansión urbana, la saturación de su infraestructura, el alza en los valores del suelo, el descuido de sus tradiciones, la gentrificación de sus barrios y el arribo de nuevas patologías, sobre todo de orden moral (Trimano, 2019; De Abrantes & Trimano, 2020). La pandemia ha tensionado fuertemente estas ansiedades, y la sensación fantasmagórica de una horda de clase media metropolitana inquieta a muchos residentes locales. Como nos comentó uno: «¿Qué vamos hacer cuando los de la ciudad se quieran venir en masa?». Es desde ese lugar que pueden comprenderse mejor los improvisados piquetes y barricadas, la aplicación de hisopos de control, el despliegue de las aduanas sanitarias o la implementación de exámenes de identificación, entre otras tecnologías diseñadas que están siendo aplicadas para limitar los flujos de cuerpos biopeligrosos desde «el afuera»; situación que viene a reforzar, aún más, el imaginario de estas localidades como santuarios purificados.

Ante este panorama, consideramos importante preguntarnos por los efectos espaciales y sociales de este posible flujo migratorio. Y que no se malentienda: nos parece vital que intentemos imaginar un horizonte político post pandémico donde se ensayen formas de vida colectivas y sustentables, que logren romper con el orden dominante y vuelvan a poner la vida y lo social por sobre el capital. Pero más que «volver a la tierra» para ello, debemos intentar recrear nuestra relación con ella y entre nosotros, lo que puede hacerse independientemente del lugar donde estemos, sea en la montaña o en la gran ciudad. Para no repetir viejos errores, queremos destacar dos grandes desafíos que la migración desde las metrópolis ha obviado.

 La voluntad de pureza

Los metropolitanos que finalmente se atreven a hacer sus maletas, meten en ellas diversas fantasías sobre sus vidas futuras. Al desempacar, sin embargo, la realidad rara vez se ajusta a sus anhelos y pocas cosas resultan ser como imaginaban. Más que inclusivas, las comunidades receptoras suelen percibirse cerradas y homogéneas. La naturaleza, por su parte, no es tan prístina como en las postales o publicidades inmobiliarias, y el trabajo es al menos igual de intenso que en la capital. Además, el acceso a la vivienda es restringido, y aquellas comodidades, servicios e infraestructuras de la gran ciudad que parecían prescindibles, comienzan pronto a extrañarse. De modo que «llegar con el manual de permacultura bajo el brazo», como nos dice una migrante, no garantiza una estadía plena y por el contrario, implica grandes esfuerzos para reconvertir sus formas de vida a las lógicas locales. 

Los ajustes al nuevo escenario no son fáciles porque las familias se suelen mover de un lugar a otro, pero acarrean consigo subjetividades y prácticas urbanas. Su mudanza, podríamos decir, es principalmente espacial, y lo urbano, como escribe Richard Sennett, sería «una guerra civil que se lleva dentro». Esto no sería un problema si no fuera porque comienza a horadar los territorios de acogida, transformándolos y produciendo alteraciones en la «esencia paisajística del lugar», como indican los residentes locales. El desarrollo de proyectos inmobiliarios como cabañas, loteos cerrados y abiertos, complejos turísticos, edificios en altura y la incorporación de toda una batería de elementos de construcción poco «amigables» con el entorno, además de emprendimientos comerciales como malls, gimnasios y cadenas de restaurantes, y la incorporación de redes de infraestructuras de conectividad viales y de telecomunicaciones, evidencian estas mutaciones en los sitios de acogida. 

Uno de los cambios que más resienten los entrevistados es el impacto humano sobre las estructuras ecosistémicas. La llegada de los migrantes metropolitanos tiende a desajustar las identidades culturales, arquitectónicas y paisajísticas tradicionales, en una antropización que produce tensiones del tipo: «ahora tenemos asfalto por todos lados», «cada vez nos parecemos más a una ciudad grande», «quieren poner semáforos», «avanzan sobre el bosque y el frente costero», «no respetan la relación que tenemos con nuestro territorio» o «acá están haciendo en un culito de tierra cinco cabañas y una casa». 

Otra dimensión anudada al desfase de imaginarios se observa en las formas de relación con la sociedad receptora. En el escenario fantaseado, desde la lejanía, las tradiciones, identidades y prácticas reales de los locales no suelen contemplarse, o si son consideradas, es en línea con lo fantasmagórico, pintoresco o ficcional: «Estoy fascinada con la idea de tener vecinos gauchos», nos dice Bárbara, mientras que Rodrigo hace una operación inversa pero igualmente controvertida cuando dice extrañarse porque los maulinos «se disfrazan de huasos». El interés por encontrar una comunidad de afinidad justifica el movimiento metropolitano, pero la irrealidad de lo imaginado produce una conmoción que impacta en sus proyectos: «Mi fantasía hace diecisiete años es que me iba a encontrar con ángeles (…), con toda la gente superada. Fue muy duro encontrarme que no era así. (…) El manto de conflictos emocionales estaba en todos, por más que lo negaran». Como bien advierte Adrián Gorelik, «[El campo] no ofrece ninguna contrafigura salvadora a la miseria moral y social de la ciudad». 

La llegada real o potencial de migrantes con COVID-19 moviliza temor, desata disputas y levanta fronteras, actualizando imaginarios que median el nosotros y los otros, lo autóctono y lo forastero. El sueño de globalidad, o de nación, se ve resquebrajado ante esta amenaza, y el cuerpo social se divide. Y así como se reposiciona una narrativa antiurbana en las metrópolis, en estos escenarios –reimaginados como puros, limpios, con restricciones más laxas y libres de virus– no han tardado en emerger discursos xenófobos. El arribo de los metropolitanos es visto como un «verdadero peligro», «una invasión» y «una amenaza», no sólo para los patrimonios culturales inmateriales (costumbres, tradiciones, identidad); sino también para los arquitectónicos (fisonomía local), paisajísticos (bosques, playa, sierras) e incluso para los nacientes discursos locales de patrimonio biológico, que demandan clausura y purificación en pos de su protección y defensa.

Las discusiones no-metropolitanas no sólo se centran en la potencialidad destructiva del Covid-19, sino también en la voracidad de otras patologías, de orden moral, que parecerían portar quienes vienen de la gran ciudad: el consumo, el capitalismo, la descortesía, la anomia, la perversión y el anonimato. 

Los residentes locales cierran filas, obstaculizan rutas de acceso, colocan carteles que prohíben el paso, apuntan a las metrópolis como foco de riesgo epidemiológico y solicitan el testeo sanitario de quienes pretenden ingresar al territorio. Si bien la cuarentena vale para todos, las gestiones municipales parecen estar más concentradas en controlar los límites con el afuera que en gestionar los contactos internos. Cuando las cosas se complican –un asado, un bautismo, un partido de fútbol que dispara una cadena de contagios–, las estrategias cambian y no faltan las acusaciones sobre cuerpos metropolitanos vistos en tránsito, portadores del virus. Intendentes de la región de las Sierras Chicas de Córdoba señalaron, en este sentido, su preocupación ante «la extraordinaria y excesiva circulación en nuestras localidades de personas provenientes de zonas de riesgo epidemiológico, en una situación que excede largamente nuestras capacidades para controlar personas y vehículos».

Otros habitantes complejizan sus argumentos y afirman que «los agentes inmobiliarios están con los colmillos afuera. Se les frenaron todas las ventas durante la cuarentena y están deseosos de que esa gente venga a poner su dinero acá, hay mucha expectativa». Este y otros testimonios confirman el temor latente frente a un aumento de la demanda de «sus» localidades, que remite a un desplazamiento de personas, pero también, como afirma una entrevistada, «del traslado del imaginario urbano al territorio rural». 

Por su parte, aquellos que tienen gran parte de su economía atada al turismo, se expresan perplejos ante la coyuntura y vaticinan pronósticos ambivalentes: «se viene una muy buena temporada de verano porque mucha gente de la ciudad va a querer venir» y «nos estamos preguntando cómo prepararnos para todo lo que se viene. Este pueblo sin turismo se muere». El turismo es así otro factor capaz de desplegar diversas disputas entre ideas de desarrollo y conservadurismo. 

Por otro lado, las discusiones no-metropolitanas no sólo se centran en la potencialidad destructiva del Covid-19, sino también en la voracidad de otras patologías, de orden moral, que parecerían portar quienes vienen de la gran ciudad: el consumo, el capitalismo, la descortesía, la anomia, la perversión y el anonimato. En definitiva, un virus que se presenta como capaz de reproducir los modelos metropolitanos a pequeña escala, al mismo tiempo que enfrenta las expectativas y fantasías de aquellos que se encuentran.

 Capacidad estructural

El crecimiento demográfico de los escenarios no metropolitanos, sobre todo en nuestros países, rara vez es acompañado por las transformaciones estructurales necesarias para sostenerlo. Esto se complejiza aún más en las condiciones sanitarias actuales, que exigen recursos que se encuentran en menor proporción, tales como acceso al agua, bienes de higiene y el cuidado, capacidad hospitalaria, camas para terapia intensiva, personal de salud capacitado e instituciones locales competentes que puedan garantizar efectivamente la cuarentena. 

En Argentina, la mayor cantidad de plazas de terapia intensiva están concentradas en la Ciudad de Buenos Aires (7,1 por mil háb.) y en la provincia de Córdoba (5,9 por mil háb.). En Chile sucede algo similar: del total de camas, cerca del 60% se nuclean en la Región Metropolitana. Además, debido a la centralización de las clínicas y hospitales, muchos de los habitantes de los escenarios pequeños y medianos –de Chile y Argentina– se ven obligados a desplazarse varios kilómetros para acceder a la atención médica, e incluso para realizarse el hisopado que confirma el contagio. Las limitaciones observadas en la infraestructura de transporte, sumado a las restricciones de circulación que impone la cuarentena, impactan en los territorios periféricos, colocando el temor a la orden del día: «esto es una bomba de tiempo. Tenemos un sólo hospital con una sola cama de intensivos y somos 40 mil habitantes». 

Los respiradores constituyen otro elemento sumamente valorado y su ausencia devela los hilos de desigualdad que atraviesan las jerarquías territoriales. En los últimos días, el Ministro de Salud de la Argentina explicó la necesidad de «distribuir de forma regulada y centralizada» este recurso, atendiendo a la cantidad de casos. Si bien válido, este movimiento despertó ciertas resistencias locales al indicar que estas condiciones tendrían que haberse generado antes que la pandemia «nos golpee». En Chile, por su parte, el colapso de hospitales en Santiago ya ha movilizado el traslado de enfermos a centros de atención regionales, limitando su capacidad de atención. 

Por otro lado, según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), hay sólo 1.350 médicos preparados para esa especialidad, la mayoría de ellos en el AMBA. Lo mismo ocurre, más allá de las diferencias anudadas a la gratuidad y de acceso a la salud, con el sistema chileno: si la Región Metropolitana tiene 266 médicos cada 100 mil habitantes, en regiones como Ñuble la cifra baja a sólo 10. Esta concentración ha resultado ser útil para el control y atención del virus, pero ¿qué ocurriría si el Covid-19 se expandiera a regiones, donde las localidades han sido desprovistas de lo necesario? Los datos revelan el enorme desafío técnico y político que enfrentan los sectores no metropolitanos ante la migración, a la vez que la desigualdad territorial que los afecta. 

La distribución más equitativa de la población sobre los territorios nacionales constituye un problema político-histórico al que los gobiernos centrales y locales tienen que poder responder –para modificar, al fin– las estructuras macro-cefálicas de nuestros países. Los metropolitanos, ansiosos por encontrar estilos de vida más acordes con sus expectativas, están, además, en todo su derecho de emprender y fantasear con la huida, incluso en un contexto de crisis sanitaria como el actual. Los locales pueden abrazar la descentralización y también pueden resistirse ante tales transformaciones. Sin embargo, –y aquí nuestro aporte– las experiencias registradas antes de la irrupción del Covid-19 no resultan ser las más esperanzadoras. 

Además de enfrentar fantasías imposibles de cumplir y de producir tensiones sociales entre los unos y los otros, estos movimientos poblacionales suelen desarrollarse sin la implementación de políticas públicas capaces de regular los modos de asentamiento y urbanización. Se producen, sin control, cambios radicales en el uso del suelo, colapsos en las infraestructuras locales, especulación inmobiliaria y segregación residencial. La desconcentración demográfica, en este punto, no puede presentarse como libre de conflictos y menos aún si, como ocurre en Latinoamérica, no es acompañada por otro tipo de procesos de descentralización económica, productiva, tecnológica, científica, política, social y cultural.

La cuarentena aún restringe los movimientos internos. Veremos si efectivamente, una vez que sus limitaciones se levanten, las expectativas de quienes desean huir y los temores de quienes no quieren o pueden recibir, logran materializarse. Para analizar los efectos de esta migración y las transformaciones territoriales anudadas al COVID-19 tendremos que esperar algún tiempo. Mientras tanto, sabemos que esta crisis –así como tantas otras– nos coloca ante la urgencia de gestionar nuevas formas de planificar nuestras existencias y organizar nuestra relación con el territorio.

Publicado originalmente en: https://rosalux-ba.org/2020/07/29/huir-de-la-metropolis-y-de-la-pandemia/

La gran concentración de contagios por Covid-19 en la Región Metropolitana de Santiago (Chile) ha dejado en evidencia que la gentrificación de nuestras ciudades y el hacinamiento en los sectores más pobres agudiza la crisis social y sanitaria que vivimos. ¿Cuál es el modelo de ciudad que habitamos? ¿Existen alternativas sustentables? ¿Por qué es necesario posicionar el feminismo en la planificación urbana? 

Geanina Zagal Ehrenfeld (32) investigadora, estudiante de doctorado en geografía y magíster en estudios de género, es una de las integrantes fundadoras de la organización Ciudad Feminista, que reúne a mujeres profesionales activistas que buscan generar un urbanismo sustentable y libre de violencia y abusos hacia las mujeres, niñas y disidencias. Cómo levantar espacios públicos libres de acoso y violencia, cómo incidir desde el ecofeminismo y qué importancia tiene la planificación urbana en la salud y bienestar integral de las personas son las principales temáticas en las que trabajan. Apropiarse del espacio público y generar redes entre mujeres es algo que llevan directamente a la práctica, por eso no ven la hora de volver a salir a la calle y seguir con sus proyectos en comunas como San Miguel y Pedro Aguirre Cerda, donde realizan una escuela de deportes y artes urbanas para niñas.

 ¿Cómo ves, desde la geografía, el feminismo y la arquitectura la relación entre las ciudades y la reproducción de la pobreza?

 Históricamente en Latinoamérica el espacio y la propiedad del suelo es donde el neoliberalismo ha fijado su forma de apropiación de la vida. El nuestro país las reglas de juego las marcó la ley general de urbanismo y construcciones de 1975, en donde se fijaron los criterios que liberan los usos de suelo. Esto ha generado un desarrollo urbano desigual, sin control, y mucha inequidad y exclusión social. En Chile el mercado inmobiliario no tiene casi restricciones, determinando cómo son nuestras ciudades.

 Actualmente vemos que el hacinamiento está siendo un factor en el aumento de los contagios, ¿el modelo de ciudad es el origen?

 Sí, y eso tiene que ver con el déficit habitacional. Bajo la premisa de acabar con esto, se han construido viviendas sociales en las periferias y se han expulsado a los más desfavorecidos a proyectos inmobiliarios en los extremos de la ciudad, sin trabajos y sin servicios. Y esto ha provocado más marginalidad urbana. Una vivienda hacinada agudiza la violencia de género. La crisis de las ciudades en pandemia se relaciona a la crisis del trabajo y su distribución, entonces es una tormenta perfecta. En muchas casas, la misma mesa donde se cocina y se hace el pan amasado para vender, también sirve para teletrabajar, estudiar, comer. Debemos cambiar el paradigma de desarrollo en las ciudades, grandes torres no son sinónimo de más desarrollo.

 ¿Cómo el modelo actual de ciudad afecta quiénes somos al habitarla?

 Afecta muchísimo, sobre todo en la salud mental de las mujeres. La falta de áreas verdes en las comunas más empobrecidas y el poco espacio para hacer deporte y pasear, por ejemplo, inciden directamente. El espacio público tiene una dimensión espiritual y comunitaria que debiera sustentar el cuidado. Cómo sería si las mujeres pudieran confiar en la calle y en que sus hijos jueguen libremente en ella, con una comunidad que también se preocupe por ellos y no recaiga todo el cuidado en la vida doméstica. Que sean espacios públicos donde se prevenga la violencia de género. Que la ciudad nos de soporte y seguridad al usarla. Que de noche existan lugares abiertos a dónde acudir. Que las mujeres no crezcamos con el miedo al acoso callejero. Se sabe por estudios que entre los 6 a los 12 años las niñas prácticamente desaparecen del espacio público, lo que lleva a que crezcan con miedo, configure cómo se mueven y se relacionen con la ciudad.

 ¿Por qué creen que es importante pensar una ciudad feminista?

 Dentro de las propuestas de la crisis se habla de abandonar la ciudad. ¿Pero quienes pueden efectivamente dejarlas? Las ciudades son una realidad material que no vamos a destruir de un día para otro. Si no pensamos en la transformación de los territorios que ocupamos, los desecharemos e iremos a destruir otros. En Santiago una pobladora que vive de allegada y con hijos, no tiene posibilidad de emigrar de la ciudad porque aquí está su fuente de ingresos. Por eso nos interesa posicionarnos como mujeres activas, trabajadoras, que corremos, andamos en bicicleta, en skate, nos juntamos en la calle, usamos los espacios e intentamos promover su uso. Debemos confiar en nuestro activismo, disputar el espacio público y tener una mirada integral sobre los problemas de nuestras ciudades. Tenemos una convicción profunda de que solas no podemos.

Publicada originalmente en: https://rosalux-ba.org/2020/07/30/debemos-construir-espacios-donde-las-mujeres-puedan-confiar-en-la-calle/

La lucha por la vivienda digna atraviesa toda América Latina. El Movimiento Sin Techo de Bahía (Brasil) es una experiencia de ocupaciones territoriales que, mediante la acción directa, hace efectivo el derecho que el Estado niega. Son más de 200 personas en asamblea. Hombres, mujeres y niños, de todas las edades. Están bajo los árboles en un predio de seis hectáreas. Es evidente la mezcla de tristeza y enojo. La policía vigila el lugar mientras una cuadrilla de trabajadores municipales desarma las precarias viviendas y decomisa tirantes, plásticos, chapas. «Sólo queremos que nuestros hijos tengan un techo y acá se ve como el Gobierno no roba nuestras cosas. Y la policía amenaza», grita una mujer y llama a resistir. El Movimiento Sin Techo de Bahía (MSTB) agrupa a 5000 familias y su lema es «organizar, ocupar, resistir». Crónica desde el Salvador de Bahía que no aparece en las guías de turismo.

Recorrida

América Latina experimenta un proceso  de despoblamiento rural desde hace más de medio siglo, políticas de estado que no distinguen signos políticos ni posicionamientos políticos. Amplios territorios rurales a merced del avance extractivo, crecimiento de megaciudades, grandes capitales de especulación inmobiliaria, amplios sectores de la población sin acceso a la vivienda digna. Un círculo vicioso, parte de lo que se denomina «extractivismo urbano». Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una de cada tres familias de América Latina y el Caribe (un total de 59 millones de personas) habita en una vivienda inadecuada o construida con materiales precarios o carente de servicios básicos. La turística Salvador de Bahía no escapa al problema. Posee un déficit de 452.000 unidades, equivalente al nueve por ciento de domicilios de la ciudad, según precisó la Fundación João Pinheiro. El Movimiento Sin Techo de Bahía (MSTB) nació en 2003 «fruto de la necesidad de organización para conquistar vivienda y demás derechos sociales necesarios para una vida digna». En el marco del Foro Social Mundial, el MSTB invitó a una comitiva de periodistas y activistas extranjeros a una recorrida por cuatro ocupaciones en las afueras de Bahía. El colectivo parte a las 7.40 de la Universidad Federal de Bahía, zona de clase media, en cercanías de la Playa Ondina. Quince minutos de andar, avenidas saturadas de hora pico, queda atrás el moderno estadio mundialista Arena Fonte Nova y comienza a verse el cambio de paisaje. Barrio de casas bajas a medio construir, zona trabajadora, casas de ladrillos huecos sin revocar que suben al morro, pasillos que se pierden en el horizonte. Las famosas favelas. Wagner Moreira es parte del Movimiento Sin Techo y oficia de guía de la comitiva, quince personas, en su mayoría extranjeras. «Realizamos ocupaciones populares, estratégicas, que muestran la fuerza urbana por la demanda de vida digna», explica de pie, en e pasillo entre los asientos del micro. Hace un repaso de las cuatro ocupaciones que propone recorrer. Remarca que son espacios disputados con empresas y con el Estado. Siempre la lista de reclamos pasa, además de vivienda, por educación, salud y transporte, todos derechos vigentes en la Constitución Nacional, pero irreales en los territorios empobrecidos. Menos de 40 años, rastas, remera blanca con la consigna «resistencia urbana», Moreira resume que el objetivo de fondo del movimiento es cambiar la calidad de vida de los sectores populares, mostrar que hay alternativas. Y nunca dejar de apuntar a los victimarios de los pesares: «Los grandes poderes (políticos, económicos) tienen grandes responsabilidades sobre la situación del pueblo». Van 40 minutos de andar en el micro, la avenida es ancha, ya no hay árboles y es un barrio popular. Se observa, desde lo alto, la ciudad y el mar. Contrastan las viviendas humildes en primer plano y desde lejos, a kilómetros, se observan edificios de lujo. Momento de la primera parada. Moreira avisa: «Llama la atención que personas de afuera y blancas vengan».

Resistir

Cruzar la avenida y recién en la vereda se observa, en pendiente hacia abajo, las casillas y pasillos que conviven con vegetación crecida que recuerda que se trataba de descampado hasta no hace mucho. Dos meses atrás comenzó la ocupación del predio, bautizado «Quilombo de Escada», con 40 familias. Media docena de adultos, casi todas mujeres, esperan bajo un techo improvisado, rodeada de casillas muy humildes. Los niños juegan con un triciclo, gallinas y perros. Ana Claudia no tiene más de 30 años. Comienza con lo urgente. La semana pasada sufrieron un intento de desalojo por parte de la policía. «Resistimos», explica Ana Claudia. La misma palabra la repetirá otras cinco veces en la media hora de charla. Toda ocupación es un proceso con diversas etapas. Evitar el desalojo es primordial. Poner el cuerpo es fundamental siempre. En la comitiva de visita hay muchas personas con cámaras. Sacan fotos desde que pisaron la ocupación. La contradicción se hace presente. La necesidad de imágenes para difundir lo que sucede. En el otro extremo, el «turismo» de ir a conocer durante unas horas los pesares de otros, fotografiar la necesidad, y alejarse de esa realidad. José Antonio tiene remera roja con la cara del Che Guevara. «Queremos que nos respeten. Y vamos a resistir», advierte en sus primera palabras. Todos, lugareños y visita, aplauden. Invita a una recorrida por el lugar. No más de dos hectáreas. La ocupación está por debajo del nivel de la avenida, como en un pozo. Las casas de madera se hacen lugar entre la vegetación que se resiste en lo que fue un baldío abandonado. Pequeñas zanjas con aguas servidas. Recuerda que en ese predio se debió construir, en manos de la compañía de energía local, un pequeño barrio de viviendas sociales. Pero nunca se realizó. Poco más de una hora de charla. Ana Claudia despide: «Todo esto es por nuestros hijos. Soñamos un mundo mejor».

Violencia

Veinte minutos más de viaje. El micro pasa frente a torres de departamentos de tres pisos, de color blanco, impecables. Wagner Moreira cuenta que desde el MSTB trabajaron en la construcción. Zona de mercados, venta callejera, avenidas y transito, siempre lejos del centro de Salvador de Bahía. Podría ser cualquier barrio trabajador de las afueras de Buenos Aires, Medellín, Lima o cualquier otra ciudad de Sudamérica. Curva y contracurva. El colectivo asciende en la calle y aparece una zona más fabril, de antaño, abandonada. Predios grandes con árboles. El colectivo pasa por delante de una fábrica abandonada, construcciones de cemento  gigante, propia de la etapa de industrialización de la región, mediados del Siglo XX. La vegetación ganó metros, incluso yuyos verdes arriba de los techos y estacionamientos derruidos. El micro frena en la avenida. Casi no hay viviendas ni personas. Bajar, caminar unos metros y, en pendiente hacia abajo, aparece un predio extenso, unas cinco hectáreas, de tierra seca (casi sin pasto) y árboles añejos. Es un descampado en forma de olla. Dos patrulleros en la ingreso, media docena de policías, y, a lo lejos, una asamblea con más de 200 personas. Hombres, mujeres y niños de todas las edades. Están con una mezcla de enojo, tristeza y fuerza para seguir adelante. Luego de dos meses de ocupación, ayer los desalojaron, la prefectura ejecutó la acción. Mientras se desarrolla la asamblea, cuadrillas municipales desarman las últimas casillas y se llevan tirantes, chapas, todo. La policía custodia la acción. Una mujer pide la palabra en la asamblea. «Es vergonzante como nos roban nuestras pertenencias, con escolta policial. El Gobernador nos trata como personas sin derechos, periféricos, somos un pueblo marginalizado», grita con rabia. Los desalojados son parte de la población negra. Los empleados municipales son negros. Los policías también. De haber violencia, no correrá sangre de blancos. «Estamos aquí mostrando organización y lucha social. A ellos, poderosos, les intimida que el pueblo se organice. Esta ocupación… ¡será victoriosa!», afirma un joven con discurso que contagia optimismo. Aplauso de aprobación, gritos de lucha. Hace 48 horas asesinaron en Río de Janeiro a Marielle Franco, activista negra de las favelas, feminista, concejal por el partido de izquierda PSOL, férrea opositora a la militarización de la ciudad (ordenada por el presidente Michel Temer). En la asamblea, que lleva horas, alguien propone bautizar el asentamiento con el nombre de la militante. Total aprobación, algunos puños en alto. Y un grito unánime: «¡Marielle Franco, presente! ¡Marielle Franco, presente! ¡Marielle Franco, presente!». Un policía con cámara en mano pasa por delante de la asamblea y , a centímetros, filma las caras de los manifestantes y de los ocasionales visitantes. Los efectivos provocan. Buscan una reacción para una posterior represión. Total impunidad. Los integrantes del MSTB reconocen que hoy perdieron, los desalojaron, pero no se darán por vencido. Planean cómo volver al predio. El final de la asamblea, en tono de digna rabia, lo resume: «¡Resistir! ¡Resistir! ¡Resistir!».

Cementerio

A veinte minutos por una autopista muy transitada. Un barrio gigante, de una veintena de torres. Al estilo Brasil, todo grande. Moreira explica que son 1200 departamentos. Un mundo. El colectivo pasa por el frente, gira a la izquierda y rodea el complejo de viviendas. Cambio drástico de paisaje. Una ocupación que hace recordar alguna imagen de la película Ciudad de Dios. Se llama ocupación «Guerreira María Felipa», se realizó hace dos meses y el predio pertenecía a una empresa de perforaciones petroleras. La estrategia en este caso fue «consolidar» la toma desde el primer momento, por lo cual se dividió en 60 lotes y, según estipula la ley de urbanización, con un mínimo de 12 metros de frente por 15 de largo. El caso se judicializó y obtuvo fallo favorable para los vecinos. La visita es muy rápida. El sol de la siesta castiga, los árboles escasean y hay pocos vecinos a la vista. En una humilde casilla se improvisó un almacén/kiosco. Ofrecen agua y y gaseosas. Moreira señala que las asambleas varían, algunas veces con pocas familias, otras con cientos de personas. Cuando las familias se enteran de la posibilidad de una parcela para vivir, el interés se nota en la movilización y presencia en asambleas. El Movimiento Sin Techo tiene reglas claras para sumarse a las ocupaciones. Un proceso de asambleas, charlas, consensos y, claro, poner el cuerpo en recuperación del predio y el sostenimiento. «Los moradores tienen que cumplir con lo pactado», resume Moreira. Las familias presentes asienten. Ejemplifica. Para obtener agua y luz en el predio tuvieron que hacer una inversión que solventó inicialmente el Movimiento. Los vecinos aportaron lo mínimo. 54 reales para el agua y 34 por la luz (un total equivalente a 570 pesos), por única vez. Ese dinero, una vez devuelto, se invierte en otra otra de otra ocupación. Trece familias no pagaron, no explicaron por qué y en asamblea se decidió remplazarlos por otras trece familias que estaban en lista de espera. 

Más que cuatro paredes

El micro con la comitiva pasa por un hospital nuevo, impecable, muchos autos en el estacionamiento, pocas personas afuera. El recorrido sigue por una calle lateral y asciende por una suerte de pequeña sierra, elevación, morro o cómo le llamen. Es un predio de varias hectáreas, aplanado símil cancha de fútbol. Todo es verde y desde arriba se observa el hospital y la avenida de entrada (de un lado). Del otro extremo, un bosque tupido, decenas de hectáreas, pulmón verde. No hay ocupación a la vista. Moreira explica que se trata de una reserva natural. Intocable por ley. Pero en 2009 el Gobierno decidió la construcción unilateral de un hospital público-privado. Más privado que público (no atiende a los vecinos del barrio). Los lugareños sin techo vincularon sentido común, con otro tanto de necesidad y algo de acción. ¿Por qué se puede afectar la reserva para una obra pública-privada y no para viviendas populares? Pocas semanas después, el Movimiento Sin Techo ocupo un lateral del predio y la bautizaron «ocupación paraíso». Desde la cima verde de la lomada el guía invita a caminar unos metros hacia un lateral. Una senda sólo para transitar a pie (nada de autos ni motos) y recién ahí se visibiliza la ocupación. Decenas de viviendas, de ladrillos (algunas de dos pisos) y otras de madera. Un centenar de familias. No hay calles, sólo palmeras y casas que fueron construidas según la necesidad y posibilidad. Recibe Rita de Cassia Ferreira Dos Santos. Para todos conocida sólo como Rita. Bajo unas palmeras, todos parados en ronda. «Soñamos construir nuestra casa, queremos crear comunidad, que nuestros hijos sean hijos de la comunidad y no sean discriminados», explica Rita y, por si quedaran dudas, resume la lucha en tres palabras: «Queremos ser libres». Luego de un largo proceso de diálogo y negociación con el Gobierno, firmaron un acuerdo para construcción de 1264 viviendas sociales. Llevará 19 meses y las familias participarán de la construcción. Rita explica que el acuerdo final con el gobierno llevó nueve asambleas. Y advierte que está retrasada la ejecución. Darán el ultimátum para el arranque. Si no comienza la obra, construirán sus casas definitivas y echarán al gobierno que intenta regular la ocupación. Denuncia que el hospital nuevo no atiende a los vecinos de la zona, repasa la historia de la ocupación (tiene pendiente escribir un libro con los hechos, para que sirva para otras tomas de tierras), habla firme y aclara con orgullo quiénes son y qué quieren: «Somos 120 familias formadas políticamente, que sabemos lo que queremos y por qué luchamos. No peleamos sólo por cuatro paredes. Construimos comunidad para el Buen Vivir». Señala el derecho a la salud, educación, transporte. Rita pregunta de dónde proviene la comitiva. Recibe respuestas variadas: Alemania, Estados Unidos, Sudáfrica, Argentina y diversas ciudades de Brasil. Rita agradece la visita y despide con una aclaración: «La verdadera realidad de Bahía está acá. Allá, en el centro, los burgueses. Acá vive el pueblo».

Publicado originalmente en: https://rosalux-ba.org/2018/04/06/organizar-ocupar-resistir/

Foto: https://flickr.com/photos/eneas/4434394020/in/photolist-7KRqRj

A finales de junio de 2016 tuvo lugar en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo en Buenos Aires el ¨Primer Seminario sobre Extractivismo Urbano¨, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y el Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI). Referentes populares, intelectuales, activistas y funcionarios comprometidos con los desafíos que supone la construcción de ciudades igualitarias, realizaron valiosos aportes para comprensión la problemática urbana y la caracterización del impacto de las dinámicas propias del modelo extractivo en las ciudades.

La invitación al debate sobre el concepto de extractivismo urbano puede resultar sugerente, incluso polémica. Así parecen haber pensado los cientos de participantes que se sintieron convocados/as a pensar los impactos que ha tenido el extractivismo en las dinámicas urbanas.

El inicio del seminario contó con la participación de referentes intelectuales comprometidos, desde la geografía y el urbanismo, con las problemáticas urbanas contemporáneas. Así, Pablo Ciccolella describió el proceso de restructuración capitalista neoliberal que supuso cambios en el modo de regulación del Estado, y del paradigma del desarrollo, y estuvo acompañado por profundas transformaciones tecnológicas. El carácter distintivo de este proceso es su inestabilidad –como efecto de la financiarización- y la acelerada reconfiguración territorial depredatoria, en un contexto inédito a nivel planetario de cambio climático, redefinición de la matriz energética y crisis alimentaria.

El impacto directo que esta dinámica tiene sobre las ciudades se evidencia en el proceso creciente de especulación inmobiliaria, sobreexplotación de suelo urbano, fragmentación de morfologías urbanas y estilos de vida, colapso de infraestructura y crecimiento del hábitat precario, la pérdida de calidad de vida urbana, y en una mayor exposición a desastres ambientales.

Eduardo Reese (CELS) retomó esta caracterización y graficó su impacto en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la proliferación de nuevos productos del mercado inmobiliario, signada por un proceso de sobredimensificación y la sobreexpansión urbana que marcan las dinámicas de valorización excluyente en la región. Es decir, cuando se logra cambiar usos del suelo “estirando la ciudad” a través de la expansión de urbanizaciones privadas y semi privadas, o cuando se transforman las densidades de áreas urbanas, a partir de la construcción de desarrollos inmobiliarios de largo alcance –mega torres de más de 30 pisos con comodidades- se corren también las curvas de precio de suelo, y los precios internos de la ciudad.

Reese realizó además una caracterización de la “Ley de acceso justo al hábitat” de la Provincia de Buenos Aires, hito fundamental respecto de la visión del hábitat y la vivienda, en tanto plantea que la construcción del territorio es una construcción colectiva, y pone límites al mercado que debe estar disciplinado en términos de lo que la política pública defina hacer. Los profundos condicionamientos impuestos por los desarrolladores inmobiliarios preocupados por los principios jurídicos que asume la ley no se hicieron esperar.

Por último, Patricia Pintos describió los impactos del urbanismo privado en los humedales de la región metropolitana de Buenos Aires. La gentrificación de la periferia popular, la destrucción, modificación y banalización del paisaje natural, histórico y cultural, son algunas de sus consecuencias, que dan lugar, palabras de Pintos, a “un urbanismo escenográfico que busca reproducir otras geografías. Los ecosistemas originarios son destruidos, por el mismo proceso que son elegidos (espacios con agua)”.

El avance de estas urbanizaciones (más de 60 urbanizaciones que ocupan 9.200 hectáreas de humedales) ha generado desastres socioambientales, ya que los humedales contienen las inundaciones y su desaparición produce graves inundaciones. Los barrios colindantes son los más perjudicados y también quienes iniciaron la resistencia y judicialización de los perjuicios colectivos, contando esta semana con una buena noticia, un fallo judicial a favor de los humedales.

La geógrafa destacó también la tensión entre el enfoque patrimonialista de la propiedad, que busca generar una oferta paisajística segmentada alterando el suelo, y la perspectiva comunitaria de defensa de los bienes comunes, que generan beneficios para el conjunto de la población.

El panel de la tarde tuvo como objetivo debatir el concepto de Extractivismo urbano a la luz de la construcción del derecho a la ciudad y a la vivienda y sus “traducciones” en la ciudad de Buenos Aires

La arquitecta e investigadora Guadalupe Granero Realini comenzó citando a Henri Lefevbre, pionero en la referencia al concepto de derecho a la ciudad, no solo como derecho al espacio físico, sino como concepto guía frente a la necesidad de repensar a todo el conjunto social. Desde esta perspectiva, para Lefevbre el derecho a la ciudad es una idea revolucionaria.

Desde el punto de vista de la investigadora, este pensamiento no solo ha generado interés y acciones en ámbitos académicos, sino también ha tenido su correlato en movimientos de protesta en distintas partes del mundo, en algunos casos incluso con mucha repercusión mediática. Y, por otro lado, en algunas grandes urbes se ha avanzado en la elaboración de una carta por el derecho a la ciudad, una suerte de compromiso asumido por diferentes sectores.

Jimena Navatta (CEAPI), dialogó con estas ideas a partir de las críticas a políticas llevadas adelante y la visión del Pro durante los ocho años de gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, y los siete meses de su sucesor en el cargo, Horacio Rodríguez Larreta. En ese sentido, remarcó que ese espacio político “entiende a la construcción como una supuesta forma de desarrollo en sí misma, de la misma manera que interpreta que el aumento del valor del metro cuadrado es un indicador de bienestar”. Por esa razón —dijo, ha sido una constante la venta de tierra pública para favorecer a sectores privados.

Navatta también puso el acento en la desinversión en las áreas de vivienda del gobierno porteño, en las que paulatinamente ha ido bajando el presupuesto que se destina. Otra característica de época, apuntada por la expositora, es la desregulación y la falta de intervención estatal en los mercados del suelo e inmobiliario: una prueba de ello es que se calcula que en la ciudad de Buenos Aires el número de inmuebles vacantes u ociosos llega a 350 mil, en tanto que hay medio millón de habitante con problemas habitacionales, aun cuando la población se mantiene estable desde hace más de 50 años.

La exposición de Maximiliano Duarte se centró en su experiencia como investigador en la ciudad de Río de Janeiro, donde se ha dado el avance de las llamas policías pacificadoras, en ámbitos pobres y vulnerables, como las favelas. Duarte explicó ese proceso, desarrollado como pretendida contención —y represión, en realidad— de los sectores más afectados por el modelo extractivista urbano en esa ciudad de Brasil.

El investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Río de Janeiro señaló que la creación y el impulso a esos grupos policiales se dan en el marco de una mirada racista y, a la vez, de un espiral armamentista. Además, precisó: “Para que estas políticas represivas se concreten, primero es necesario que se construya socialmente qué es una favela, que se consolide una visión estigmatizante para tener cierto consenso a la hora de reprimir”.

En el panel de cierre, la escritora y activista Gabriela Massuh retomó la idea del extractivismo urbano resaltando el rol que tiene en este proceso el Estado, que lejos de estar ausente, se pone a la par de las corporaciones. En la ciudad de Buenos Aires, los distritos, perímetros definidos por el gobierno local, dividen a la ciudad polos temáticos –polo audiovisual, de las artes, distrito joven, de diseño, etc– que en general implican grandes beneficios para las empresas (exención de monotributo y abl, del impuesto al sello) y profundizan esta banalización del paisaje urbano que señalara Patricia Pintos, como dispositivo fundamental de la lógica del Extractivismo.

Sergio Kiernan, periodista, planteó que en estos últimos 15 años la Ciudad de Buenos Aires tuvo un cambio de eje, y que el nuevo enfoque estuvo signado por la mercantilización y la capacidad de proyectar la ciudad como un modo de obtener capital político y económico, y observó que las tensiones por el espacio urbano aparecieron espacio urbano en el momento en que se acaban los espacios urbanos libres, antes había verde y terreno en la ciudad, hoy saturada y sin posibilidades de ampliar el espacio público.

En las palabras de Enrique Viale, miembro del CEAPI, la propuesta fue clara: “Extractivismo urbano, ¿por qué? Las problemáticas son muy similares: la especulación inmobiliaria provoca desplazamiento, daños ambientales, y desafía la naturaleza en el marco de una degradación institucional y social. Las características comunes se nutren de la misma lógica extractivista, provocando acumulación y reconfiguración negativa”. En el panel de cierre del primer día de debate, Viale comparó la actual especulación inmobiliaria y la gentrificación urbana con los commodities –que son producto de la extensión del monocultivo de soja, por ejemplo– ya que tienen dinámicas similares: convierten el valor de uso en valor de cambio, generando la proliferación de viviendas ociosas y desocupadas como modelo de planificación urbana. La contracara necesaria de este proceso se expresa en el aumento de los desalojos, la desigualdad en la concentración de la propiedad del suelo urbano y la exclusión y privatización de espacios públicos, entre otros impactos.

Publicada orginalmente en: https://rosalux-ba.org/2016/07/11/debates-para-una-construccion-colectiva-de-las-ciudades/

Foto: shorturl.at/stuzI

Según proyecciones del FMI, producto de la crisis económica, el PIB de Chile caerá en 4,5% en 2020, la cesantía se elevará al 18% y la pobreza llegará al 14% del total de la población. Este año la recesión será una realidad y las autoridades deberán implementar medidas para enfrentar esta crisis.

La opción neoliberal nos conducirá a una profundización de la privatización, híper concentración de la riqueza y el ejercicio arbitrario del poder económico y político, acompañado de una profundización del bloque dominante en la sobre-explotación, y el aumento de la desregulación y la flexibilidad laboral amparada en un creciente desempleo que contenga los reclamos laborales.

Creemos que el camino debe ir por otro lado, la crisis debe ser entendida como una oportunidad para corregir la profunda desigualdad económica y política y avanzar en la refundación de Chile. Así, el desafío es reactivar, redistribuir y democratizar.

Actualmente, la cesantía en el Gran Santiago, zona urbana que concentra el 40% de la población del país, es del 15,6%, principalmente en las áreas del comercio y la construcción. La cantidad de personas sin trabajo en la capital ya superó las 469.000 y en todo el país el 1.200.000.

Según la Cámara Chilena de la Construcción, el déficit habitacional (2017) alcanzaba las 739.603 viviendas para 2.2 millones de personas. El MINVU ubica las cifras en casi 400.000 unidades nuevas (déficit cuantitativo) y 1.3 millones de viviendas que requieren al menos un mejoramiento (déficit cualitativo). Vale decir, la cifra se ubica entre 400.000 y 700.000 viviendas.

Producto del aumento del valor del suelo y la vivienda, estas cifras venían creciendo de forma acelerada la última década, con la actual crisis se espera que este déficit crezca de forma aún más acelerada, afectando de forma directa a cerca de 2 millones de personas.

*Debemos avanzar en soluciones para la vivienda y el desempleo*

SINTESIS: La crisis económica actual eleva los indicadores de cesantía (en construcción) y el déficit habitacional.

¿Qué proponemos desde UKAMAU?

En lo estratégico proponemos una Empresa Nacional de Construcción, a través de una política contra recesiva enfocada en el financiamiento público de la construcción de viviendas sociales e infraestructura.

En lo inmediato un plan nacional de emergencia de construcción de viviendas de interés público que avance contra el déficit habitacional y el desempleo.

Financiamiento:

Debido a que el financiamiento de estas empresas será público se deberán enmarcar en un programa gubernamental que establezca estándares y plazos, la propiedad podrá ser privada, mixta y pública, y estará dirigida a reducir la cesantía y el déficit habitacional de los grupos sociales de menores ingresos.

De esta forma, también se podrá reajustar el valor del suelo y la vivienda que actualmente se encuentran desacoplados del resto de la economía. Eliminando de forma permanente una de las principales causas del déficit habitacional.

Financiamiento público

Dirección:

El programa en su plan estratégico (Empresa Nacional de Construcción) y en su implementación inmediata (Plan de Emergencia), deberá ser dirigido por los organismos que el MINVU dispone a nivel nacional. En la elaboración de los proyectos se deberá aplicar una nueva gobernanza en materia de ciudad constituida por: los habitantes de cada territorio, para que tengan así participación activa en el diseño de los proyectos; deberá ser ejecutado por entidades de gestión compuestas por representantes del Estado, las empresas (privadas, mixtas, públicas), proveedores de insumos de construcción, los municipios y organización de los asignatarios (organización de pobladores). Así se institucionalizará la participación ciudadana en esferas relevantes de la vida social, fortaleciéndose la democracia.

Junto con pobladorxs

INSUMOS: Con el objetivo de aminorar la desocupación, creemos importante que en concordancia con la Empresa Nacional de Construcción se impulse una Empresa Nacional de Insumos y Materiales de Construcción. Esta iniciativa tendrá la finalidad de aminorar aún más el desempleo tras la crisis en curso, debe impulsar una pequeña industria que suministre a la Empresa Nacional de lo necesario para la construcción de viviendas en una primera instancia, en perspectiva de avanzar en la construcción a futuro de otras infraestructuras de mayor envergadura.

La Empresa Nacional de Insumos y Materiales de Construcción debe desarrollar productos innovadores y de calidad capaces de responder a las exigencias de las distintas zonas geográficas de nuestro país, aprovechando los recursos propios y priorizando la construcción efectiva del nuevo Chile por sobre las exportaciones.

Publicado originalmente en: https://rosalux-ba.org/2020/06/04/ukamau-en-lucha-por-la-construccion-de-viviendas-sociales/

Foto: https://urlshortner.org/BVYRC

“Lo primero es dejar de definir la vivienda como una mercancía”

Entrevistamos a Boris Cofré Schmeisser, historiador y coordinador político del Movimiento de Pobladores Ukamau en Chile

por Lisa Pausch

El Movimiento Ukamau surge en el contexto de la dictadura de Pinochet en un barrio popular de Santiago en los años 80, como parte de las distintas experiencias en resistencia a la dictadura. Si bien emerge como una agrupación cultural vinculada al MIR, desde hace algunos años lleva la bandera de un conflicto social neurálgico en Chile: el acceso a la vivienda.

Ukamau, que significa «así somos» en aymara, se transformó así en la década del 2000 en un Movimiento de Pobladores que cuenta con la participación de más de 1.500 familias de las comunas de Estación Central,  Peñaflor, Cerrillos, El Melón-Nogales y se está ampliando a otras regiones. Desde este año, la Fundación Rosa Luxemburgo estableció una alianza con Ukamau para la defensa del derecho a la vivienda a través de la formación política de dirigencias populares de base, apostando así al fortalecimiento del movimiento popular en Chile.

En éste contexto conversamos con Boris Cofré Schmeisser*, miembro de la coordinación política de Ukamau – Pueblo Libre.

La segregación se muestra hace años como problema en la mayoría de las grandes ciudades, así también en Santiago de Chile. ¿Cómo se distingue este proceso en Santiago de Chile en comparación con otras ciudades, hay otra urgencia en la capital chilena?

Las ciudades latinoamericanas tienen en común una larga historia de segregación que coincide con la instalación de estos modelos capitalistas y su forma de desarrolla urbano, por lo tanto, la segregación y desigualdad socioespacial ha existido desde larga data en Chile y América Latina. Respecto a la expresión sintomática más clara hoy día, diría que la llegada masiva de inmigrantes en los últimos 5 años ha modificado el paisaje urbano y de la problemática social en la capital y sobre todo en el norte del país…

¿Inmigración proveniente de dónde? ¿De Venezuela o de otros países?

Hace unos 15 años llegó una oleada importante de peruanos, que están absolutamente asimilados en la sociedad chilena. Esto es importante porque la primera generación de inmigrantes que llega no se plantea el problema de la vivienda ni de la propiedad. Siempre tenían en mente que se iban a volver a su país. Pero con el tiempo tuvieron hijos, que se hicieron grandes, y con el tiempo se han incorporado a los movimientos de vivienda.

Pero hay una migración posterior de muchos haitianos. Es todavía la primera generación instalándose, no necesariamente están en lucha de manera más masiva. Y en los últimos años llegaron también muchos colombianos y venezolanos, gente que viene arrancando de la crisis actual y ellos se han incorporado más en las capas medias, como comerciantes o con trabajos informales en la ciudad. Tienden a ser más distantes de los movimientos sociales chilenos de hoy día.

Tienen en común estas migraciones que los que no son profesionales, han tenido que sufrir la sobreexplotación, las condiciones laborales sin contrato, etc. Y en el caso de la vivienda, los haitianos por ejemplo, subarriendan en el casco histórico habitaciones de mala calidad, casi como en el siglo pasado, a valores que son absolutamente irreales, que están inflados.

La problemática particular de esta generación es la localización. Los movimientos de vivienda empiezan a luchar por quedarse en las comunas donde residen. Porque si no los conjuntos de vivienda de interés social quedan en la periferia, muy alejados del centro o de los lugares de trabajo.

¿Es un problema de viviendas para personas con baja renta o afecta a todas las clases sociales que no son propietarios, de la misma manera?

El problema de la vivienda en Chile es que existe un sistema económico muy liberal. El acceso a la vivienda se da a través de la compra, y es muy muy caro comprarse una vivienda en Chile. Actualmente, el 85% de la población tiene ingresos que no permiten comprar una vivienda de valor promedio. Por ello, ha aumentado notablemente el allegamiento, el arriendo y la residencia en campamentos o asentamientos informales.

¿Nos podés dar un ejemplo?

Para construir una casa hay que pedir un préstamo para dar el pie, y este pie es por ley el 20 % del valor de la vivienda. Entonces tienes que pedir un préstamo en un banco para poder adelantar el 20 por ciento del valor de la vivienda y luego tienes que ir a otro banco y pedir un préstamo hipotecario para pagar la vivienda. Las hipotecas corren por 30, 40 años y en cuanto a los valores, no hay límite. Una vivienda tipo clase media, en barrio clase media, que costaba no muchos años atrás unos 80 millones de pesos, hoy perfectamente puede estar en 200 millones de pesos. El valor real ha tenido un crecimiento exponencial los últimos años, es una locura. Mientras los precios producto de la inflación crecieron un 37% y el ingreso un 24%, entre 2011 y 2018, el valor de las viviendas aumentó 67%.

En sectores populares hay una opción de vivienda de interés social que no requiere asumir deuda, que es por la cual luchan los movimientos de pobladores. Lo que te piden básicamente es un ahorro, que no es muy grande, luego el Estado construye y se paga en el tiempo. Pero estos procesos pueden demorar diez años, si es que tienes un movimiento social que empuja el proceso. Si la vivienda se logra en seis años sería muy exitoso, pero si no estás organizado puede llegar a demorar 15, 20 años o más.

Según datos de la Cámara de Construcción chilena faltan más que 740.000 viviendas para un total de 2 millones de personas, sobre todo en la región metropolitana. Una Cámara de la Construcción puede tener un interés particular en que sean altos, para que haya más presupuesto para construir. ¿Cuál es el papel de empresas en definir las políticas públicas en este sector?

Históricamente la Cámara de Construcción ha tendido a diagnosticar el problema de la vivienda con números muy grandes porque la propuesta de política habitacional que le presenta al gobierno es que el problema de la vivienda se resuelve completamente en el mercado. Mientras más grande sea el número de viviendas a construir, más grande es el negocio.

De todos modos, hay que decir que los datos que presentan provienen de estudios serios. Lo que se puede discutir es qué es lo que se entiende por déficit habitacional. La Cámara Chilena de la Construcción ha sido el ente que ha diagnosticado y pensado de manera concreta la política habitacional en Chile los últimos 60 años. No ha habido otro actor con la capacidad de diagnosticar e implementar políticas habitacionales. Esto viene de los años 50, cuando estalla la migración campo-ciudad. Había un gobierno populista que intentó desde el Estado hacer el diagnostico, pero fracasó. Fueron los empresarios, muy apoyados por los Estados Unidos, que impulsaron la política habitacional en esta lógica liberal en el año 1959 y de ahí en adelante, de manera interrumpida, han sido ellos quienes han diseñado la política pública. Le entregan el diseño al ministro de la vivienda y éste lo implementa. La única excepción notable fue el gobierno de la Unidad Popular.

Para dar un ejemplo: quien diseña el Ministerio de la Vivienda en Chile fue un director de la Cámara Chilena de la Construcción, quien fue a su vez el primer Ministro de Vivienda que tiene Chile; su nombre es Collados (Modesto Collados Nuñez), y luego quienes asumieron esta responsabilidad en los gobiernos sucesivos son gente muy cercana a la Cámara de la Construcción o directamente algunos de sus directores. Entonces ellos han tenido un rol absolutamente fundamental en el diseño de las políticas que hay. Por eso lo que tenemos en Chile un sistema de producción y distribución de vivienda, barrio y ciudades absolutamente privatizado. No existe una empresa pública que equilibre o haga contrapeso al dominio absoluto de la empresa privada.

Ahora está a punto de firmarse la llamada “Ley de Integración Social y Urbana”. A primera vista suena interesante, más casas para familias que tienen subsidios y en zonas urbanizadas con acceso a infraestructura. Vos y el movimiento Ukamau critican profundamente esta medida. ¿Por qué?

Hay una trampa ahí. En los últimos años ha habido una discusión, y los sectores progresistas o de izquierda habían levantado la crítica respecto a la segregación en la ciudad, profundizado durante la dictadura de Pinochet. Hubo un acuerdo transversal de que había que abordar el problema de la segregación. Y la derecha lo que hace es utilizar el discurso de estos sectores progresistas y de izquierda, para presentar un proyecto de ley que hace todo lo contrario a lo que dice su título.

Ellos dicen es que presentan un proyecto de Ley de Integración Social Urbana porque comparten este diagnóstico, que hay que revertir la tendencia de segregación y desigualdad. Sin embargo, este proyecto de ley no viene a reemplazar la política nacional de desarrollo urbano, no viene a remplazar el plan habitacional. Lo que genera es un incentivo para que los empresarios construyan vivienda en algunos lugares específicos en la ciudad para familias de ingresos medios. Esto se parece a algo que existía en 1948 y se llamaba la Ley Pereira. Es un proyecto de ley que tiene nombre de integración social pero que en realidad es una política de incentivo a la inversión de capital para hacer negocios con vivienda de clase media y que les permite a los empresarios tener acceso a terrenos públicos bien localizados.

Vos y tus companerxs luchan por la justicia espacial. ¿Qué describe el término “justicia espacial”?

En el caso de Ukamau nosotros tenemos un plan mínimo, medio, máximo. En el plan mínimo tenemos un avance concreto que es el proyecto habitacional La Maestranza I y estamos peleando por La Maestranza II, además de nuevos conjuntos habitacionales en las comunas de Peñaflor y Cerrillos. Son viviendas con una concepción distinta. La Maestranza tiene un estándar de vivienda que es superior al estándar de la vivienda social promedio en Chile. El método de lucha de Ukamau permite a las familias disputar en mejores condiciones políticas su acceso a la vivienda.

¿Por ejemplo, los 62 m² en vez de 55 m² por departamento como mínimo?

Sí, por ejemplo, el metraje de los departamentos, pero no sólo eso. Tiene que ver con la concepción de los espacios públicos, tiene que ver con la localización, es decir, Ukamau al construir La Maestranza I construye un barrio de estándar de “clase media” para al mundo popular. Y esto se consiguió a través de la lucha. Lo que se busca ahora es replicar la experiencia en una Maestranza II y en la comuna de Peñaflor y Cerrillos. Ukamau quiere construir una ciudad distinta, pero en concreto. No es una consigna, sino barrios que de verdad se levantan. Lo primero es dejar de definir la vivienda como una mercancía y definirla como un derecho social que el Estado tiene que garantizar.

¿De dónde surge esta experiencia?

La dictadura de Pinochet no solo significó autoritarismo político sino además coincidió con una crisis económica muy profunda. Resistir a la dictadura era un poco pelear contra autoridades políticas, pero también organizar una vida social en un contexto de mucha pobreza. En ese escenario nace Ukamau dentro de un sector de izquierda en Chile más rupturista, que no hace parte del acuerdo de transición en el año 90 y queda excluida de los procesos de integración política. Luego de ser reconocido en los 80 como actor legitimo por su oposición a la dictadura, Ukamau pasa a ser estigmatizado y discriminado en los gobiernos de la transición, y queda en los márgenes de la política y la sociedad en los años 90. En el 2001, 2006 o 2011 se abren nuevos espacios de movilización en Chile, y Ukamau se transforma en ese proceso en un movimiento de pobladores. En esta lucha se politiza y se transforma en un movimiento social político que conduce a más que de 1000 familias en distintas comunas de la región metropolitana de Santiago. Hay otras estructuras como el instrumento político Pueblo Libre y un equipo de profesionales alojado en la Fundación Feman.

Desde julio 2019 en Ukamau están llevando a cabo una Escuela de Formación. ¿A quién se dirige?

La escuela tiene como objetivo conocer y comprender las principales características del modelo neoliberal y ver cómo opera en el plano de la vivienda, en los barrios y la ciudad. Está dirigida a las dirigentes del movimiento de pobladores Ukamau, son en total unas 100 personas, de ellas el 98 % mujeres. Nos reunimos en torno a talleres una vez por semana, en distintos territorios. Ellas son las dirigentes de los comités que sostienen el movimiento, hay dos o tres reuniones por semana en las que deben participar. Estas dirigentes requieren de un proceso de formación más sistemático a nivel de la teoría y política. Ellas tienen que enfrentar en sus luchas cotidianas por la vivienda situaciones de política reivindicativa e institucional, porque tiene que relacionarse con los alcaldes, los diputados, el municipio, etc. La metodología que tiene la escuela no es académica, sino de la educación popular que reconoce la cultura popular y produce conocimiento colectivo. No viene solo un experto y habla sobre la política de vivienda, sino que colectivamente vamos produciendo este saber con relación a las prácticas de lucha que se están dando en la vida cotidiana.

Dijiste que la mayoría de las dirigentes son mujeres. ¿Ellas entonces también son las más afectadas por la segregación?

El problema de la vivienda afecta a más de 2 millones de individuos, yo creo que son hombres y mujeres por igual. El tema es que por las características patriarcales de nuestra sociedad el lugar social que tiene la mujer al interior del espacio del hogar, se produce una especie de subordinación por lo tanto le afecta de manera distinta. La mujer todavía es la responsable de los hijos, si se separa la familia, normalmente el hombre sale de la vivienda y la mujer se queda con los hijos. En esa construcción de familia la mujer juega un rol fundamental. Para poder tener familia se necesita un espacio, la vivienda. Y no tenerlo implica tener que irse a una vivienda de otra familia donde ella va a quedar doblemente subordinada. La segregación afecta por igual a hombres y mujeres en términos cuantitativos, pero en términos de la realidad social, a la mujer por supuesto le afecta de manera mucho más directa. Y por eso tiene la disposición de organizarse y enfrentarse a la autoridad. La capacidad y la creatividad que tienen las mujeres populares para organizarse es absolutamente admirable. Yo soy un profesional y me pongo al servicio de ellas. No es cierto que el mundo popular tenga menos disposición a la organización o la política.

¿Qué esperás para el futuro, suponiendo el caso más probable que se firme la Ley de Integración Urbana?

El próximo año hay elecciones municipales que ya van a dar perspectiva para las elecciones presidenciales 2021. Las transformaciones más profundas van a pasar con el sistema político, el movimiento Ukamau y su instrumento político Pueblo Libre van a levantar candidaturas en distintas comunas y el futuro del proceso se va a jugar también en esta arena. A Chile lo que le espera posiblemente hacia el 2022 es la posibilidad de un gobierno progresista dirigido en parte por el Frente Amplio. Ukamau debe ser de los movimientos más activos y dinámicos que representa al mundo popular y la tarea que nos corresponde seria instalarlo en este posible gobierno, es decir, romper con la exclusión política del mundo popular.

El resto del movimiento corresponde más bien a las clases media y media-altas, que tienen reivindicaciones legítimas, pero tienden a reivindicar libertades individuales. Lo que distingue a Ukamau de ellos, es que nosotros luchamos por libertades más colectivas y del mundo de los trabajadores y sectores populares.

Boris Cofré Schmeisser

Es licenciado, magister y doctor en historia. Jefe de Programa de Formación Pedagógica en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Investigador de la Fundación Feman y miembro de la coordinación política de Ukamau – Pueblo Libre.

Publicado originalmente en: https://fundacionfeman.cl/noticias/lo-primero-es-dejar-de-definir-la-vivienda-como-una-mercancia/

Foto: https://acortar.link/FFmtyd

"La Boca no está en venta"

El Lunes 29 de Octubre de 2018 ocurrió la segunda jornada del «Encuentro Internacional por Las Ciudades Igualitarias» que paralelamente al Urban-20 propone abrir el debate en torno a la problemática habitacional en las ciudades, y las disputas sociales, culturales y políticas que suceden en el marco de los gobiernos neoliberales.

El pasado lunes Caminito, el famoso recorrido turístico del barrio La Boca (Buenos Aires/Argentina), vio interrumpido su cotidiano de tangos y paseos para volver a transformarse en un escenario de disputa de la mano de las y los vecinos, organizaciones y artesanos que reclaman al gobierno de la ciudad garantías y derechos fundamentales que durante décadas las distintas gestiones han intentado censurar.

Una radio abierta coordinada por la organización La Boca Resiste y Propone dio inició a esta jornada por donde pasaron diferentes personalidades, referentes y activistas. Natalia Correa, trabajadora del Centro de Salud N° 9 de la Boca, fue una de las entrevistadas quién denunció «las problemáticas que traen aparejadas las situaciones de desalojos». En esa línea continuó, «luego de cada desalojo los cuadros de desnutrición, u otros hechos como el abandono escolar se hacen frecuentes en las familias que sin su vivienda propia terminan en la calle o en un parador». Junto a otras trabajadoras que la acompañaban transmitían «la necesidad de entender la salud desde una mirada integral, y en ese sentido la vivienda es una necesidad y un derecho básico».

Luego fue el turno de Cesare Ottolini, coordinador global de la Alianza Internacional de Habitantes, qué transmitió la necesidad de «frenar los procesos de gentrificación que no respetan los derechos humanos básicos». En ese marco remarcó la obligación de los gobiernos en «pensar los barrios, no para los ricos, si no para los habitantes. Las personas que habita en el barrio tiene el derecho a quedarse». Finalizó señalando la importancia de las organizaciones sociales en la disputa por el derecho a la vivienda, tomando como ejemplo lo ocurrido en el barrio Monte Sinai en Guayaquil, Perú, donde junto a las organizaciones sociales del territorio armaron una mesa de diálogo con el gobierno y lograron frenar los desalojos a más de 3.500 familias que allí reciden.

Por su parte, Cristina Reinaldes integrante de la Coordinadora de Villas y Barrios Populares, expresó que «el caso de la boca es emblemático pero también encontramos desalojos en todas las villas bajo procesos de urbanización». En ese sentido continuó «hubo barrios que aún registrados en el RENABAP fueron igualmente desalojados de sus territorios», y subrayó la importancia de estos encuentros «no solo para frenar los desalojos, si no también para visibilizar el avance del mercado inmobiliario sobre viviendas que popularmente fueron ganadas por las familias».

El cierre de la radio abierta estuvo a cargo de Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, quién felicitó a los vecinos y vecinas por la organización de este encuentro e hizo hincapié en «seguir luchando sin bajar los brazos, se lo decimos nosotras las locas, que a pesar de los bastones estamos y seguiremos luchando». A continuación, le hicieron entrega de un cuadro realizado en la misma feria donde se realizó la primer parte de la jornada.

City tour de desalojos

Finalizada la radio, las organizadoras invitaron a los y las participantes del encuentro a los micros que esperaban en la entrada del caminito, para realizar un recorrido por el barrio de La Boca junto a referentes de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. Mientras se organizaba la partida, si bien los micros se encontraban estacionados el recorrido ya había comenzado. Frente a ellos, un mural impactó a las y los presentes. Había sido realizado por la Brigada muralista «Ramona Parra» en el marco de un encuentro de muralistas realizado durante el pasado año.

El «tour» comenzó con su correlato histórico por parte integrantes de La Boca Resiste y Propone, a quienes allí se encontraban. Esa explicación resultó necesaria para entender la lucha que el barrio construye generación tras generación, desde la marcha de los inquilinos y la huelga de las escobas La Boca fue un epicentro de la lucha por el hábitat digno y el derecho a una vivienda. Cien años pasaron desde aquellos episodios y la historia se repite. Pero así como el avance de los distintos gobiernos fue una constante contra la dignidad de las familias que allí residen, también lo fue la lucha y resistencia de los vecinos y vecinas contra esos atropellos. En tan sólo este pequeño espacio de la ciudad de Buenos Aires «hay 182 juicios, es decir más de 650 familias relacionadas a situaciones de desalojos» explicaron las vecinas. Por eso, desde La Boca Resiste y Propone junto a otras organizaciones se escribió un proyecto de ley de alquileres presentado en la legislatura.

«No hay derecho a la salud sin derecho a la vivienda»

Los micros avanzaban a paso lento ya que acompañando el convoy, algunos vecinos y vecinas en bicicletas iban señalando con gestos y gritos las diferentes historias o sucesos del barrio que se marcaban en sus calles y paredes. Entrando por la calle Garibaldi una familia nos esperaba en la vereda con carteles como «La Boca no está en venta» y «aquí hay familias luchando por la vivienda». Carolina, por su parte, seguía el relato por cada cuadra contando las casas que se encontraban resistiendo los desalojos, «todas las cuadras del barrio tienen al menos una situación de intento de desalojo, y la que no es porque los desalojos ya se efectuaron» relataba sumergiendo a sus visitantes cada vez más en las historias de la barriada.

El contexto es de desidia, y cada conventillo tiene su historia. «Al costado hubo un incendio en donde murieron dos chicos» recuerda dolida una vecina al señalar una casa. Ella misma había sido educadora de los mismos años atrás. «Hace 10 años que están esperando que se ejecute el proyecto del IBC», unas cuadras adelante mostrará un mural hecho por Freddy Filete que recuerda y reclama por las y los niños muertos en causas evitables.

Al girar en una de las esquinas, un grupo de vecinos y vecinas desplegaban una bandera: «Comahue desaloja familias». Se trata, nada más y nada menos que de una empresa de seguridad privada aportante de campaña electoral de Cambiemos, quien compro a precio ruin, «los dispositivos que generamos por los desalojos valen mucho más caro» reflexionan las integrantes de La Boca Resiste y Propone. «Los desalojos administrativos son un acto que no requiere ningún permiso judicial, con la excusa de estar en situación de derrumbe dejan a las familias en las calles» explican.

No hubo recoveco de La Boca en la que los micros no se metieran. Las integrantes de La Boca Propone y resiste reflexionan:  «además de los intentos de desalojos, el abandono y la desidia del estado es otro componente que acorrala a las familias». Y en esa línea continuó, «uno de los mayores problemas que afronta cotidianamente el barrio son los incendios por el estado de algunas viviendas, siendo este un fundamento que el gobierno utilizada para efectuar los desalojos». Dando a entender las diferentes estrategias del gobierno para avanzar con los negociados inmobiliarios, explicó «los desalojos administrativos son un acto que no requiere ningún permiso judicial, con la excusa de estar en situación de derrumbe dejan a las familias en las calles y hacen uso de dichos inmuebles».

En ese sentido, otra de las violencias que no dejaron de mencionar fue la sistemática persecución y criminalización hacia la población joven y pobre de La Boca. Entre tantas historias, la de Nehuen Rodríguez resonó en las y los presentes. Atropellado en diciembre de 2014 por un patrullero. Actualmente su madre junto a otras madres de víctimas de la violencia y represión policial.

Realizaron un comedor como respuesta ante el ajuste. De esa manera, las integrantes de La Boca Resiste y Propone manifestaron «no sólo con balas mata la policía. No sólo con los policías mata el estado» siendo interrumpidas con los aplausos de quienes allí se encontraban. «Con esto decimos que cuando no hay un Estado brindando respuesta a la situación habitacional también ahí hay violencia institucional» afirmaron.

Luego fue el turno del Club Boca Juniors, emblemático y conocido por todas y todos. Por eso, no se necesitaron muchas aclaraciones para dar cuenta del negocio inmobiliario con el que avanza sobre el territorio. En ese marco, los vecinos y vecinas querellaron no sólo contra dichas intensiones propias del club, sino también contra el Gobierno de la Ciudad y la Coorporación Sur por ser parte. Para ello, disputaron colectivamente los terrenos que el club quiso comprar a precio ruin para hacer un estadio shopping. Hasta el momento, se ganó que el único predio verde de La Boca quede como un espacio verde para los vecinos y vecinas y que en tal caso, sean ellos y ellas quienes definan qué hacer con el mismo. Para finalizar esa parte del recorrido sus referentes enfatizaron «sin potrero no hay Maradona». Para ello, los mismos vecinos y vecinas crearon la Organización Boca es Pueblo quienes «militan para recuperar un Boca popular de puertas abiertas a sus hinchas» según relataron en la jornada.

A lo largo del recorrido, los murales y stencils acompañaban mostrando el paisajismo político de quienes habitan el espacio. Entre ellos, las vecinas cuentan que uno de ellos recordaba a las y los 30.000 detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico, militar y eclesial. «Ese mural fue una gran disputa» recuerdan «donde el Gobierno de la Ciudad quería hacer su mural y finalmente con lucha terminamos haciendo el nuestro». Sin embargo, este triunfo no es cotidiano, día a día ven cómo se amplía la política de «palermizar cualquier barrio de la ciudad» según sus propios conceptos. Por eso, la disputa por los murales es incluida en la misma lucha por el territorio, es claro que la estética que se quiere generar desde el Gobierno va contra el bagaje cultural propio del barrio.

Pero no todo es tristeza, en La Boca, además de sus colores, sus vecinos y vecinas vienen generando grandes triunfos cotidianos en defensa de su identidad. Es así que pudieron identificar la vinculación entre una inmobiliaria con prácticas de desalojo. Desde agosto de este año las denuncias de las y los vecinos tuvieron su efecto y el dueño de la inmobiliaria Sheik se encuentra actualmente detenido por distintos delitos, por un lado establecía una relación de prestamista a precios altos, a su vez falsificaba firmas y documentos para quedarse con casa desocupadas. Al investigar, las y los vecinos dieron cuenta que esta inmobiliaria cuenta con más de 100 propiedades la mayoría en La Boca, San Telmo, Constitución y Barracas, y gracias a ese trabajo sistemático de denuncia pudieron ponerle fin.

Publicado originalmente en: https://rosalux.org.br/es/jornada-de-lucha-por-el-derecho-a-la-vivienda-la-boca-no-esta-en-venta/

Foto: https://acortar.link/qRRfQP